Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante los problemas ambientales, hay señalamientos hacia los alcaldes y sus gobiernos municipales, y es que, pese a que se registraron 599 incendios en el estado en la temporada de estiaje, únicamente dos fueron denunciados por los ayuntamientos, informó la Semaccdet. Durante la temporada que recién termina se vivieron incendios que dejaron marcas récord en de pérdidas forestales. A pesar de lo anterior no se logró incentivar la participación de los alcaldes en el combate al cambio ilegal de uso de suelo. En entrevista, Ricardo Luna García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet), señaló que se desconocen las causas del comportamiento de los gobiernos de los municipios. “No sé por qué, pero de que están haciendo una omisión la están haciendo. Si no cerramos filas ayuntamientos, estados y Federación, esto se va a poner difícil porque (los delincuentes ambientales) encuentran un hueco y entonces necesitamos estar los tres niveles de gobierno”, manifestó. Desde 2018, el gobierno del estado, a través de la Mesa de Seguridad Ambiental, señaló la ausencia de los ayuntamientos en la contención de los daños ambientales. Desde entonces los exhortos han sido ignorados. Incendios como el del Cerro de los Tres Picos, en Tacámbaro, que dejó más de mil 200 hectáreas siniestradas en un solo fin de semana, los de Morelia que disminuyeron las reservas forestales en cuestión de días tampoco fueron denunciados por las autoridades locales. Foto: Cortesía. Otros problemas ambientales como la sobreexplotación de los cuerpos de agua, la instalación de los cañones antigranizo y huertas de monocultivos no son siquiera documentados por las autoridades locales. Son los ayuntamientos los primeros responsables en atender los daños por conflagraciones, en tanto que el estado debe apoyar en la conformación de las brigadas. Por último, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) es la última en tener que responder y únicamente como apoyo. El Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (Coeco) ha sido otro de los principales críticos en torno a la función de los municipios como parte indispensable para el combate al cambio de uso de suelo y los garantes de los ecosistemas que guardan dentro de sus territorios. Y es que, en muchos de los casos, las demarcaciones y sus cabildos se hacen de la vista gorda a los problemas medio ambientales, aun cuando son los primeros obligados en tomar cartas en el asunto. Uno de las principales críticas, ha sido que en general, han omitido la generación de los planes de desarrollo territorial y urbano, los cuales establecen la vocación natural de los terrenos, se establecen los inventarios de las zonas protegidas y se delimitan las zonas aptas para la agricultura, la industria y el desarrollo urbano. Un dato preocupante de este año es que más de la mitad de los incendios que se han registrado están relacionados con actividades delincuenciales. Pese a la urgencia de lo anterior, más del 70 por ciento de los municipios sigue sin cumplir con sus obligaciones ambientales, muchas veces bajo el argumento de que tales estudios representan fuertes erogaciones de recursos, con los que, es de todos sabido, no cuentan, debido a las magras participaciones federales, las limitaciones presupuestales del estado, la escasa recaudación propia y los recortes a distintas dependencias. A esto se debe sumar que aun cuando son los primeros en tener contacto con las contingencias, la mayoría no denuncia ante las instancias de justicia cualquier tipo de degradación ambiental. Foto: Christian Hernández, La Voz de Michoacán. El gobierno de Michoacán incluso ha denunciado que podría haber colusión entre ediles y delincuentes que han cambiado el uso de suelo de vocación forestal a suelos agrícolas, sin contar con los permisos. Otro de los problemas es que los municipios michoacanos tampoco cuentan con una actualización adecuada de los programas de ordenamiento urbano y ecológico. Ante los daños generados al medio ambiente por el crecimiento agropecuario y de las ciudades sobre zonas naturales protegidas, la Mesa de Seguridad Ambiental ha destacado que tomarán medidas contra aquellas demarcaciones que no cumplan en su cabalidad con los estudios y programas necesarios para la protección ecológica.
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