Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El delito de extorsión sigue presentando una cifra gris en el estado. A un año de que se estableció la Fiscalía General del Estado y que se reconoció que las bajas cantidades de denuncias respecto a este delito, los casos se siguen contando al mínimo. Durante el primer semestre de este 2020 la Fiscalía reportó 7 casos en todo el estado. La mayor cantidad de casos denunciados fueron en el mes de abril, en que se generaron 4 carpetas de investigación y posteriormente, al mes de junio, se establecieron otras 2 actas por el delito. A diferencia de otros años es un incremento importante. Durante el primer semestre de 2018 sólo se denunciaron 3 casos, mientras que en 2019 la cifra bajó a sólo 2 carpetas ante la Fiscalía. Los datos anteriores no coinciden con la realidad. Organizaciones, productores y especialistas han destacado que fenómenos sociales que se han incluso arraigado, como el cobro de piso, amenazas y otros tipos de extorsión, prácticamente pasan desapercibidas para las autoridades. Es en las regiones rurales en donde persiste sobre todo esta tendencia: la presencia de grupos de la delincuencia organizada, células delictivas y otras actividades al margen de la ley que terminan envolviendo tanto a la sociedad civil como a actores políticos que pocas veces se acercan a denunciar. Al respecto, el fiscal General del Estado, Adrián López Solís, reconoció la problemática sobre la cual asegura, trabajan, sobre todo en lo que respecta a la confianza de la población al acercarse a denunciar a los ministerios públicos. La ampliación de las Fiscalías Regionales y hasta la instalación de sistemas de denuncia en línea, asegura, tendrán un impacto positivo para incrementar el espectro de conocimiento sobre este delito que año con año aparece en blanco en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Tenemos registros muy bajos, y una diferencia de 6 casos al alza entre 2020 y 2019, considerando que es un delito que no se está denunciando y que nosotros hemos visto la posibilidad de tener una cifra negra muy alta. Hemos invitado a que se hagan las denuncias y hemos facilitado a través de la denuncia en línea o anónima; sin embargo, esto es lo que nos ha llegado en el delito de extorsión”, señaló el fiscal. A finales de 2019, 10 organizaciones de productores del campo de distintas regiones del estado denunciaron ante medios de comunicación el cobro de piso y extorsiones a distintas ramas económicas del estado. Incluso se gestaron comentarios respecto al control, por medio de intimidaciones, de los precios de frutos de la región de Tierra Caliente, como el limón. Observatorio Ciudadano, organización ciudadana, ha denunciado en sus últimas mediciones la preocupación en torno a la falta de datos en múltiples delitos, como es el caso de secuestro y la extorsión. Rodrigo Antúnez, presidente de la AC, explicó que mientras menos datos se tienen disponibles de un fenómeno delictivo, más difícil es desarrollar políticas de estado para combatirles. En este caso, la normalización de la violencia y de los actos de extorsión es una problemática aún mayor. “Antes hablábamos sobre el tema de que si nos íbamos a acostumbrar o se había normalizado la violencia. Ya es un hecho no sólo en el estado de Michoacán, a nivel nacional ya está normalizada y ya estamos acostumbrados a la violencia”, señala Rodrigo Antúnez, director de Observatorio Ciudadano en Michoacán. Existen diferentes tipos de extorsión, si bien aquella relacionada con el crimen organizado es la que ocupa los principales reflectores, prácticamente todos los días miles de personas son víctimas de intentos de extorsión vía telefónica o en redes sociales. Desde la llamada sobre un falso secuestro, amenazas de muerte a cambio de un depósito o la supuesta llamada del pariente migrante que requiere que se le depositen miles de pesos para poder ingresar al país, son la constante y de los cuales, si bien la mayoría de los ciudadanos no le dan importancia, aún representa un riesgo por la cantidad de datos personales que siguen siendo entregados a grupos delincuenciales. Especialistas refieren que si recibe una llamada telefónica que lo confunde o lo presiona para obtener dinero u otro beneficio, una persona es víctima de extorsión, y más si le hacen creer que es un familiar en peligro (fingiendo voz de angustia), un servidor público o cualquier persona ajena que lo amenaza directamente, lo amenazan con el secuestro de algún familiar, le ofrecen ayuda para salir de un problema legal, le hacen creer que es beneficiario de un sorteo o rifa, es amenazado con la difamación pública o con sufrir daño, le exigen un depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o compra de tarjetas telefónica.
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