Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Aunado al impacto económico y social que se ha generado por la pandemia del COVID-19 en Michoacán, el daño alcanzó al acceso a la información y a la transparencia de los sujetos obligados, pues en los últimos meses, hasta en un 40 por cuento aumentó la obstaculización para quienes buscan obtener información referente a dependencias de los distintos órdenes de gobierno. En los últimos 4 meses, y en muchos casos por la suspensión de las labores no esenciales de ayuntamientos, secretarías y otras instancias gubernamentales, las solicitudes de acceso a la información han tenido que esperar en la mayoría de los casos, a pesar de la urgencia con la que en muchos casos se llegan a presentar las solicitudes. En entrevista, Elvia Higuera Pérez, titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, lamentó que la transparencia se ha visto afectada en un momento en que la rendición de cuentas por la pandemia y el impacto económico ha sido la constante en prácticamente todos los ámbitos. Destacó que millones de pesos de los presupuestos municipales, estatales y de dependencias locales se han redirigido al apoyo social y a las empresas; no obstante, advirtió que en la mayoría de los casos, la falta de transparencia ha caracterizado a todas las dependencias involucradas. Una de las constantes es la opacidad en las reglas de operación, conformación de padrones de beneficiarios y a qué rubros se les está restando recurso. Esta actitud de los sujetos obligados se puede considerar incluso como un “pretexto”, pues aseguró que todos los municipios y dependencias estatales cuentan con formatos para la atención de solicitudes de manera electrónica a través de las páginas de transparencia, por lo que los trabajadores de estas áreas podrían operar la información sin necesidad de exponerse a un contagio. “Se ha incrementado en un 40 por ciento en el marco de la pandemia, que fue el confinamiento. Se están generando mecanismos que ya pueden atender, pero el tema es que no había quién atendiera. Tanto a nivel estatal como a nivel nacional no hay esta tendencia a una transparencia proactiva, donde las dependencias estén dando la información antes de que se las tengas que andar pidiendo, y me parece que es otro proceso que tendría que ofrecerse y todavía el acceso a la información es algo muy complejo”, manifestó. No hay avances en la generación de la transparencia proactiva como iniciativa de los sujetos obligados tanto en Michoacán como a nivel nacional, y por ello, Higuera Pérez opinó que el tema de la transparencia tendría que ser promovido por las dependencias que ejercen recursos públicos sin necesidad de que se tenga que solicitar a través los estrados de transparencia. Información del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IMAIP) refiere que hasta la mitad de este año, únicamente han recibido 4 denuncias por incumplimiento de solicitudes de información. En casos concretos señalados, como en el caso del Ayuntamiento de Pátzcuaro, en donde se iniciará una actuación de oficio. Será en próximos días, una vez que se dé por concluido el segundo trimestre, que se iniciará una verificación de oficio por parte del IMAIP y se revisarán las solicitudes presentadas a los sujetos obligados. En el estado de Michoacán existen 190 sujetos obligados a transparentar, de los cuales, la mayoría se componen de ayuntamientos, quienes se ha escudado en la misma complejidad geográfica y de comunicaciones de las regiones para no cumplir con esta obligación. La falta de capacitación de los ayuntamientos que van entrando suele llegar al grado de que se ordena que se baje la información pública de la administración pasada de los portales de información, lo cual implica una violación a las leyes de transparencia del estado de Michoacán. Fue en 2017 cuando la legislación estatal y la federal concurrieron en que los principales sindicatos de Michoacán que reciben recursos públicos, ayuntamientos y dependencias de gobierno, deben cumplir con la determinación de transparentar cómo gastan los miles de millones de pesos que reciben del erario público. La actual Ley de Transparencia en el artículo 8 señala que los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales son: órganos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial o de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.
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