Redacción / La Voz de Michoacán Ciudad de México. El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó las reformas al Código Penal local para tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual o identidad o expresión de género, llamadas Terapias de conversión o Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig); y que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e identidad sexual de las personas en la ciudad. El dictamen fue aprobado en lo general por 49 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones. Durante la sesión extraordinaria virtual realizada este viernes, las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género presentaron el dictamen a la iniciativa presentada en septiembre de 2018 por el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA). El legislador Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, señaló que la adición del Artículo 190 Quarter al Código Penal no criminaliza el acompañamiento que se hace respetando la voluntad de la persona, y explica de manera precisa que ninguna preferencia u orientación sexual puede tener un tratamiento como enfermedad. Santillán fue enfático al señalar que el dictamen salvaguarda el derecho al libre desarrollo de la personalidad, también salvaguarda la práctica médica profesional y el acompañamiento espiritual y religioso, respetando la voluntad de la persona. Este dictamen hace una definición de las terapias de conversión como “aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto: modificar, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona”, advirtió el legislador Santillán Pérez. Cualquiera de estas terapias de conversión –indica el dictamen— que utilicen métodos violentos de manera física, moral, o psicoemocional con tratos crueles y denigrantes en contra de la dignidad humana se establece una sanción de prisión de dos a cinco años. Este delito se perseguirá por querella (denuncia presentada ante un juez). También se hace una protección importante adicional hacia las personas menores de edad, pues ese delito se perseguirá por denuncia. El congresista Santillán Pérez hizo un reconocimiento a la participación de la Fiscal capitalina, Ernestina Godoy; a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez; a los titulares de Copred y del Tribunal Superior de Justicia, Geraldina González de la Vega y Rafael Guerra Álvarez, respectivamente, por sus aportes durante el análisis de este dictamen. En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada Paula Soto Maldonado, aseveró que las terapias de conversión violan el consentimiento informado, emplean violencia física, psicoemocional y atentan contra la dignidad humana. “Es una acción violenta en contra de una persona y representan una amenaza para la salud, estigmatiza la homosexualidad y son consideradas poco éticas”. El diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, presentó una reserva al dictamen, la cual no fue aprobada por el pleno. Victoria para la lucha LGBTTTI En su oportunidad, el promotor de la iniciativa el diputado Temístocles Villanueva (MORENA) reconoció que este dictamen representa una victoria para la lucha de la comunidad LGBTTTI. “Hoy buscamos la penalización de las terapias de conversión, pues no hay nada qué curar. Llevamos más de 30 años defendiendo que no estamos enfermos, respaldados además por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, dijo. “Estas terapias atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, del derecho que tienen a elegir de forma libre y autónoma, sin coacción, ni controles, ni religiosos, ni moralistas”, resaltó. La diputada Guadalupe Aguilar Solache (MORENA) sostuvo que estas prácticas de conversión son moralmente inaceptables, además incrementan la homofobia, el suicidio y ocultan la diversidad humana. Mientras que la legisladora Marisela Zúñiga Cerón (MORENA) afirmó que estas terapias resultan degradantes y humillantes. “Estamos decididos a salvaguardar a todas las personas de esta ciudad y de las que han padecido discriminación, abusos y violencia, sobre todo a los sectores vulnerables”. Más adelante, la parlamentaria Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) recalcó que las terapias de conversión están conformadas por distintas formas de violencia que asumen que la homosexualidad es una enfermedad y carecen de una fundamentación científica. Al razonar su voto, la legisladora Alessandra Rojo de la Vega Píccolo (PVEM) dijo “no podemos dejar que se sigan violando los derechos de la comunidad de LGBTTTI. Hoy mandamos un claro mensaje de que vamos a seguir trabajando por esta comunidad y de todas las personas en situación de vulnerabilidad”. Mientras que el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, se sumó a la reserva que hizo –en su momento- el diputado Fernando Aboitiz Saro. Sin embargo, aceptó que estas terapias no deben aplicar violencia de ningún tipo. La congresista Gabriela Salido Magos (PAN), dijo que este dictamen no fue suficientemente discutido y requería un mayor análisis, “pues mantienen una bandera ideológica, además no garantiza el derecho al libre desarrollo”. Para la diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) la aprobación de este dictamen representa una progresividad en las normas que rigen la Ciudad de México. “Celebramos esta disposición, pues las terapias de reconversión atentan contra la dignidad humana. Durante la sesión extraordinaria, la diputada América Rangel Lorenzana (PAN) cuestionó que se pretenda aleccionar a los niños, niñas y adolescentes bajo una ideología, no obstante, dijo que está en contra de toda forma de violencia “estamos a favor de que se respete la voluntad y decisión de cada persona”. Más adelante, el legislador Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) afirmó que su voto sería a favor, porque negar a las personas sus derechos es negar su humanidad. La diputada Leticia Varela Martínez (MORENA) reveló que este documento responde a una de las últimas demandas de la comunidad LGBTTTI. “Este dictamen está enfocado en castigar a quienes obliguen a otros a distintos tipos de violencia y a actos de crueldad, esa es la esencia de la iniciativa”. Posteriormente, el legislador Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI) consideró que imponer sanciones no ayudaría a erradicar las terapias de conversión. “Está bien que protejamos la libertad de las personas de su libre desarrollo de la personalidad, en eso todos estamos de acuerdo”, dijo. Al hacer uso de la palabra, el diputado Mauricio Tabe Echartea (PAN) señaló que su voto sería a favor del dictamen, “primero porque no hay intención de llevar a la cárcel a quienes practican las terapias, el sentido del dictamen lo entiendo como una expresión de reprobación social de una práctica que es discriminatoria”. Su oposición, dijo, es en contra de que existan terapias de conversión que pretendan modificar una condición que no se elige. Después, la diputada Jannete Guerrero Maya (PT) aseveró “no hay nada qué curar, no hay nada qué cambiar; nadie decide ser zurdo, moreno o de quién te enamoras, querer cambiarlo es un acto violento. Con este dictamen que aprobaremos daremos protección a la comunidad LGBTTI. No estamos en contra de las familias, lo que queremos es que sean más inclusivas”. Durante el debate del dictamen, la congresista Lourdes Paz Reyes (MORENA) advirtió que su voto sería en favor del dictamen, “la esencia de cada sociedad se ve reflejada siempre en la libertad”.
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