Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante los hechos en que 5 menores de edad escaparon de la Casa Hogar Gertrudis Sánchez, de la ciudad de Morelia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) anunció que investigará y revisará las condiciones en las que se mantienen a los menores de dicha instancia dependiente del DIF Estatal de Michoacán. A inicios de esta semana se informó que 5 menores de 16, 15, 13 y 9 años de edad escaparon de la Casa Hogar Gertrudis Bocanegra. Ante la desaparición de las menores se activó la Alerta Amber por parte de la Fiscalía General de Michoacán y los protocolos para la búsqueda de las menores. Apenas horas después de que se escaparon, las diversas corporaciones policiales en la entidad, así como a instituciones de gobierno, lograron la ubicación de las menores en la colonia Eduardo Ruiz, en esta ciudad, por lo que fueron trasladadas ante el Ministerio Público para la práctica de las diligencias respectivas. Hasta el momento el DIF Estatal no ha emitido posicionamiento alguno respecto a la salida de las niñas, en tanto que la CEDH ya inició las revisiones correspondientes en cuanto a la calidad de la atención que se brinda en este y otros espacios. No obstante, no se han dado a conocer indicios de violencia que pudieran inclinar las investigaciones hacia esa línea. “Para esta Comisión es fundamental la suma de esfuerzos interinstitucionales para coadyuvar a mejorar las condiciones y los servicios que se brindan en estas instancias, que representan una oportunidad para muchas niñas, niños y adolescentes de acceder a una vida libre de violencia. Este organismo indica que es obligación del Estado mexicano asegurar a este grupo de la población los cuidados y la asistencia que requieren, así como la protección para su desarrollo y supervivencia, ante la situación de abandono en el núcleo familiar”, señaló la CEDH. En los últimos años la CNDH ha emitido observaciones y recomendaciones a distintas casas hogar de distintas competencias. En 2015, la recomendación se dirigió a la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, y a los integrantes del Ayuntamiento de Yurécuaro, Michoacán, y tuvo su origen en una queja motivada por las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraban las familias de jornaleros agrícolas en Michoacán, quienes residían en un albergue público aledaño a las tierras de cultivo que trabajaban, el cual, al carecer de las condiciones de seguridad adecuadas, propició la muerte de una niña de 6 años de edad, quien perdió la vida al ahogarse luego de caer en una cisterna. En octubre 2018, la observación se dirigió a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a los gobernadores de Michoacán, Baja California, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas; al DIF Nacional y al presidente municipal de Zamora, Michoacán. Dicho organismo nacional investigó las violaciones graves a los derechos de 536 personas, entre ellas, niñas, niños y adolescentes, que se encontraban en una casa hogar privada en el municipio de Zamora, Michoacán de años pasados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que de los miles de menores que se encuentran en casas hogar del estado, la mayor parte corresponde a quienes tienen entre 6 y 14 años con un 59.4 por ciento, seguidos por los de 15 a 17 años a un 24.8 por ciento, y los de 0 a 5 años 15.8 por ciento. Del total nacional, la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad es de 77.7 por ciento, del cual el 4.4 por ciento es hablante de alguna lengua indígena; el grado escolar prevalente fue la educación primaria, 51.6 por ciento; seguido de secundaria, 23.6 por ciento; preescolar, 11.03 por ciento; sin escolaridad, 7.7 por ciento; algún grado de educación media superior, 3.7 por ciento, y sin especificar, 2.1 por ciento. La violencia contra los menores se mantiene a nivel social. En nuestro estado se atienden hasta 8 niños diferentes al mes por problemas de esta índole. Si bien no todos los casos de abuso son catalogados en lo que refiere al ámbito sexual, sí llegan a ser separados de las familias para su resguardo debido a las condiciones físicas en las que se encuentra el menor. El DIF Estatal refiere que al menos el 90 por ciento de las agresiones a los menores siguen siendo por parte de algún familiar. Cifras oficiales refieren que, de la población total en la entidad, un millón 304 mil 279 son niños y niñas de 0 a 14 años que representan el 30 por ciento de los michoacanos, de entre los cuales algunos niños transcurren esta etapa sin la protección ni la procuración de derechos necesarios para forjar una vida digna en el futuro.
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