Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Contrario a los avances pregonados en materia de atención a mujeres y a pesar del contexto imperante de pandemia, este año continúan creciendo las quejas de mujeres víctimas de la violencia por falta de acceso a la justicia y violaciones a sus derechos humanos. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, recientemente criticada otra vez por la dilación para establecer efectivos protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y la revictimización por el caso de Jessica, se encuentra entre las dependencias con más señalamientos ante la CEDH por omisiones y violaciones a las garantías individuales. En total, ya se cuentan 267 quejas por violaciones a derechos humanos contra mujeres en lo que va del año por parte de cinco dependencias e instituciones. En este sentido, resalta la falta de acceso a la justicia a las mujeres, una queja muy normal contra la Fiscalía y entre las que resalta en el reporte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Información de la Comisión revela que las dependencias más señaladas como presuntas responsables son la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), con 57 quejas, y en segundo lugar la Fiscalía General del Estado, con 44 quejas. Le siguen la Presidencia Municipal de Morelia con 26 quejas; la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con 24 quejas, y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, con un total de 21 quejas acumuladas. Si bien en este caso la FGE se encuentra en el segundo lugar del listado, en el tema de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los derechos violentados, la situación cambia. El derecho a obtener servicios públicos de calidad y el derecho a la justicia, ocupan los primeros dos lugares de la lista con 41 quejas cada una, en esta segunda instancia vuelve a salir el tema de la Fiscalía estatal, acusada de no ofrecer mecanismos expeditos, seguros y eficaces para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. El derecho al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias ocupan 32 quejas; derecho a no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza o indebido de la fuerza pública, ostenta 18 señalamientos; mientras que el derecho a la fundamentación y motivación cuenta con 13 quejas señaladas en los próximos meses de este año. Hasta el mes de septiembre, el derecho a la debida diligencia ocupaba 10 quejas contenidas ante la comisión Estatal de los Derechos Humanos en la entidad, sólo ante los indicadores de la Comisión local. Caso de Jessica desnuda la procuración de justicia Apenas esta semana, familiares de Jessica, una joven mujer de 21 años que desapareció hace más de 4 días, denunciaron la falta de capacidad de las instituciones de procuración de justicia y del Poder Judicial para atender la búsqueda de la joven, a pesar de los elementos compilados por los familiares y amigos que apuntan a que la integridad de la víctima se encontraba seriamente comprometida y de los protocolos vigentes en Morelia por la Alerta por Violencia de Género. Al igual que en este caso, colectivos han denunciado que no se toman en cuenta muchos criterios, desde el establecimiento e inicio de las carpetas de investigación como el homicidio de una mujer o como feminicidio respectivamente. La cifra global del 2019, en cuanto a homicidios de mujeres, revela complicaciones en el acceso a justicia para las víctimas y su familia. Solo en el 30 por ciento se han judicializado; el resto, siguen su curso en las carpetas de investigación, con muchísimos casos archivándose y las víctimas olvidadas y sin reparación del daño. Recientemente, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, urgió a que se revisaran los protocolos de investigación de la FGE, debido a las bajas carpetas de investigación que se iniciaban por feminicidio. En ese contexto, incluso, se dudó de la veracidad de que, de más de 100 mujeres asesinadas, solo 8 sean por razones de género, sobre todo porque los elementos dados a conocer públicamente evidenciaban todo lo contrario. El temor es que se controle artificialmente el indicador no tipificando el crimen. Justicia para la mujer, acotada en la pandemia Especialistas de la Universidad Michoacana han referido que la violencia contra la mujer sigue manifestándose, sin embargo, el sistema judicial, a nivel federal y estatal, suspendió la impartición de justicia, reduciendo su operación a los casos que consideran de urgencia. Esto ha agravado la situación para las mujeres mexicanas, ya que no se consideró la realidad desigual que viven en materia de violencia de género, ni las necesidades particulares que esta desigualdad genera. La suspensión se traduce en que el sistema judicial dejó de brindar atención al público, no corren los plazos procesales, se limitaron las actividades de impartición de justicia y administrativas al mínimo, o bien, estas se realizan a distancia, en algunos casos. Lo que a simple vista no parece tan problemático, sin embargo, visto desde los ojos de una víctima de violencia de género, puede significar hasta la pérdida de la vida.
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