Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Bajo el grito y la consigna de “¡justicia para Gaby!”, activistas, amigos y familiares se apersonaron en las inmediaciones del Poder Judicial del Estado de Michoacán en la ciudad de Morelia para exigir justicia para la mujer de 25 años asesinada en 2019. A pesar del paso de los meses y de la presentación de pruebas audiencia tras audiencia, el polémico caso no ha alcanzado la sombra de la justicia. Al interior del recinto judicial, en la sala 9, se celebró la quinta audiencia en la que Francisco Ignacio, exesposo de la víctima e imputado por el delito de feminicidio, compareció ante la juez, en donde la posibilidad de acceder al proceso abreviado se vio impedida por la falta de acuerdo entre las víctimas indirectas y el victimario. Hasta el interior de la sala 9, los gritos de consigna de los grupos de manifestantes resonaron en los muros y los oídos de quienes formaron parte de la audiencia. La polémica en torno a la figura y esquema de proceso abreviado fue cuestionado por los grupos de activistas, quienes han considerado como perversa la posibilidad de que feminicidas y homicidas salgan libres en cuestión de años por delitos de alto impacto. Fue el pasado 19 de julio del 2019 cuando trascendió el homicidio de Gabriela, joven mujer de poco más de 20 años. El reporte del 911 señaló que, frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un negocio con razón social Mil Amores, se encontraba una mujer muerta, al parecer con una herida en el cuello. Si bien las primeras versiones señalaron un robo como el móvil del homicidio, finalmente las investigaciones apuntaron hacia el exesposo de la víctima. La víctima, de entonces 25 años de edad, interpuso un mes antes del homicidio una orden de restricción por amenazas y violencia por su expareja. No obstante, a pesar de los señalamientos y las denuncias, la situación no fue atendida hasta que tuvo un desenlace fatal. Casi un año después de que fue investigado como feminicidio, la resolución del caso como proceso abreviado se impidió únicamente debido a que la parte de las víctimas indirectas, entre las cuales se encuentran los padres de la víctima y la hija menor, no aceptaron el ofrecimiento de reparación del daño. La postura de la juez fue clara: debido a la ausencia de la madre y a la privación de la libertad del padre por los hechos constituidos ese mes de julio, se tendría que garantizar el futuro económico y las necesidades de la hija de la víctima a través de un pago único que fue calculado por el mismo juzgado. Debido a la falta de cumplimiento por parte del acusado en cuanto la reparación del daño, fue que se dio un nuevo plazo para que a través de los bienes disponibles se pudiera conseguir el recurso con el que pagarían la reparación del daño a la familia de la afectada. En este sentido, tanto Félix como Gabriela, padres de Gaby, aceptaron el plazo que otorgó tanto la fiscalía como la juez a la defensa del acusado para que se cumplan con lo acordado. A regañadientes, el Poder Judicial definió que la próxima audiencia se celebrara en cuanto audiencia intermedia con posibilidad de alcanzar el procedimiento abreviado. "No hay un acuerdo. Estamos en trabajo todavía. No podemos hablar. Seguimos pidiendo justicia y no se ha dado, no hay nada claro. No hay justicia, más de un año y no se ha logrado, hay posiblemente un proceso abreviado pero no se reunieron los requisitos. Seguimos igual exigiendo justicia. La reparación del daño es uno de los principales puntos. Les están dando facilidades y ahora les dan más tiempo", manifestaron los padres de la víctima ante medios de comunicación una vez que concluyó la audiencia. El procedimiento abreviado contenido en el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad precisa que este esquema se tramitará a solicitud del Ministerio Público, con acuerdo del imputado y con la asistencia de su defensor. Para admitir el procedimiento abreviado se requiere que el imputado admita el hecho que le atribuye el Ministerio Público en su escrito de acusación, que el imputado consienta en la aplicación de este procedimiento y que el acusador particular o la víctima u ofendido en demanda de la reparación del daño, en su caso, no presenten oposición fundada. En esta causa penal, tanto el Ministerio Público como las víctimas indirectas y el acusado optaron por el recurso de procedimiento abreviado tal como lo marca el código. Causas con mal sabor de boca Apenas durante este 2020, el caso de Nilda Rosario, joven estudiante desaparecida y asesinada por su pareja sentimental, alcanzó los reflectores nacionales e internacionales. A pesar de los gritos que clamaron justicia, el procedimiento abreviado acordado por familiares y el Ministerio Público derivó en que el responsable de arrebatar la vida la joven mujer alcanzara apenas 15 años de prisión y el pago de una suma monetaria destinada a los padres de la víctima.
La Voz de Michoacán
