Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Denuncian comunidades indígenas de Michoacán falta de certeza jurídica y acceso a la justicia en la entidad para los pueblos originarios. A pesar de los avances en derechos humanos en múltiples áreas, advierten que al menos 5 casos de personas que enfrentan procesos legales en prisión y que no se les ha dictado sentencia alguna. Aunado al panorama anterior, la falta de traductores y personal que asesore legalmente es otro de los aspectos que sigue sin incluirse en los procesos legales que se les inician a los pueblos originarios de Michoacán. En rueda de prensa, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció la situación que se vive en materia legal. Uno de los casos más recientes es el de Domingo Calixto, un joven que fue detenido en 2014, en tiempos del comisionado Alfredo Castillo, por portación de armas de fuego en la ciudad de Morelia. En su caso, a pesar de que ya pasaron 6 años, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación no han podido destrabar el proceso legal que mantiene cautivo al joven de 25 años de edad. Advirtieron que incluso aunque resultara culpable por la portación de las armas, su condena sería inferior al tiempo que lleva detenido en el centro de readaptación social en el municipio de Uruapan. Aseguran que como este caso son múltiples los que se han registrado en la entidad, en donde la condición indígena ha sido factor para que las autoridades hagan lentos los procesos legales. Nicolás Bautista, representante legal del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, denunció directamente a los magistrados, fiscales y autoridades federales y estatales por obstaculizar el acceso a la justicia en la mayoría de los casos. De no resolverse los casos legales que se encuentran en proceso, aseguraron que tomarán medidas de presión social en contra del Poder Judicial. “Es un problema de acceso a la justicia. Las omisiones que se están cometiendo al no resolver el amparo o dar agilidad el proceso penal, para nosotros es un problema de acceso a la justicia y se sigue viendo que el Poder Judicial, donde se supone que trabajan bien, que aplican el derecho, pues no lo están haciendo. Demandamos como comunidad que por favor revisen los casos y que los magistrados se apeguen a derecho”, manifestó. Especialistas han advertido que en Michoacán no existen las condiciones que garanticen los procesos de justicia y seguridad en torno a los pueblos originarios, debido a que el estado no cuenta con los elementos suficientes en lo que respecta a los intérpretes y traductores de las cuatro principales lenguas indígenas que existen en la entidad. Los pueblos indígenas de Michoacán han mantenido un progreso desigual en torno al bienestar social y mejora socioeconómica, caso concreto de los pueblos purépechas, quienes se han desarrollado a una mayor velocidad que los náhuatl, mazahuas y otras etnias. En el año 2018 se dio a conocer que la entonces PGJE contaba con al menos 68 funcionarios adscritos a esta dependencia certificados en la lengua purépecha por parte de la Secretaría de Educación estatal. Del mismo modo, en Paracho existe una agencia de investigación de esta misma dependencia de gobierno que es bilingüe. No obstante, únicamente se centra en lo que refiere al idioma purépecha, y en lo que respecta a lenguas como el náhuatl, mazahua y las lenguas mixtecas que también representan una parte importante de la población, no se cuenta al interior de la PGJE con personal capacitado para brindar información en estas lenguas originarias. Asimismo, si bien el Poder JUDICIAL del estado de Michoacán han generado iniciativas para prestar la atención a las comunidades originarias en nuestro estado, la acción no ha sido insuficiente en cuanto al número de facilitadores que se despliegan en las regiones en consideración al grueso de la población indígena y a la demanda de la misma. Hasta 2014, al menos el 4 por ciento de 5 mil 800 presos que se encuentran en cárceles de Michoacán corresponde a población de origen indígena, en su mayoría son por delitos contra la integridad corporal, contra la vida, delitos ambientales, lesiones, algunos contra la salud. El Censo de Población y Vivienda 2010 registró en Michoacán 136 mil 608 personas de 5 y más años que hablan alguna lengua indígena, 14 mil 759 más que los registrados en el año 2000 (121 mil 849 personas), esto significa que actualmente 4 de cada 100 personas en dicho rango de edad habla alguna lengua indígena. La población de 5 años y más de edad hablante de lengua indígena en la entidad ha aumentado gradualmente en el último medio siglo, luego de haber caído drásticamente entre 1930 y 1950, y habiendo recuperado en 1970 los niveles que había tenido al inicio del siglo pasado. Para el año 1900, en el estado de Michoacán, 50.2 mil personas de este grupo de edad hablaba alguna lengua indígena, en 1930 este valor se ubicó en 6.9 mil, en 1970 alcanza los 62.9 mil, 30 años después esta cifra se duplico y llego a la cifra de 136.6 mil personas para el año 2010.
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