Agencias / La Voz de Michoacán Ciudad de México. A lo largo de los casi dos años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó más de 500 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por irregularidades y posibles actos de corrupción, pero ninguna ha sido llevada ante la justicia federal. De acuerdo con una solicitud de información vía transparencia, formulada por El Universal, de las 513 denuncias, 296 fueron presentadas entre abril y mayo en contra de funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por delitos como cohecho, peculado, usurpación de profesiones, contrataciones simuladas y ejercicio ilícito del servicio público. Pero según el oficio de respuesta, la SFP no cuenta con información sobre el estado que guardan estos recursos legales, ya que se encuentran en la etapa de integración de la carpeta de investigación. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 27 de octubre, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, presumió que hasta junio se habían presentado ante la FGR un total de 388 denuncias ante la FGR contra funcionarios de diferentes dependencias, instituciones, fideicomisos y otras oficinas públicas. Asimismo, agregó que de junio a abril se formularon 125 denuncias más. No obstante, de ninguna de ellas informó el estado que guardan, porque la información es inexistente. Foto: Twitter. Aun cuando en el actual gobierno se ha denunciado reiteradamente el robo de medicamentos en distintas instituciones de salud, la única querella formal por este delito es contra el ISSSTE y fue presentada en abril pasado. En la información entregada por SFP, también se menciona la presentación de cuatro denuncias, entre junio de 2019 y febrero de 2020, por acoso sexual cometido por trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero de las cuales, según la SFP, no existen registros del estado en que se encuentran, o sea, se desconoce si ya fueron radicadas y si procedieron. Otras de las denuncias interpuestas contra servidores públicos del Servicio de Protección Federal, tienen que ver con amenazas de muerte, irregularidades en un proceso de licitación de 2018, retención injustificada de un subordinado a quien le fueron colocados candados de mano y se le mantuvo incomunicado, por torturar sicológicamente a otros servidores públicos, alteración de documentos oficiales y tentativa de robo de información de algunas instituciones en dispositivos USB, entre otros. Foto: Twitter. Por lo que respecta a las multas económicas, la SFP informó que se han aplicado un total de 382, por un monto global de 22 millones 559 mil 453 pesos, en contra de servidores públicos y contratistas que han incurrido en irregularidades administrativas o posibles conductas de corrupción. De esa cantidad, se han cobrado 18 millones 90 mil 869 pesos y quedaron pendientes 2 millones 181 mil pesos, debido a que dos procesos fueron sobreseídos. En otros cinco expedientes, se determinó la nulidad de la sanción, con lo cual que la SFP no pudo cobrar 2 millones 287 mil 523 pesos. Con información de El Universal.