Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los municipios michoacanos se encuentran en quiebra financiera. Al igual que miles de demarcaciones de todo el país, el primer nivel de gobierno en la entidad ostenta números rojos que les dificultan la operatividad y la gobernabilidad misma. El gobernador Silvano Aureoles Conejo manifestó en entrevista la complicada situación de los ayuntamientos. Al ser cuestionado sobre casos en específico, señaló que la totalidad de los 113 municipios se encuentran en esta condición de complicaciones financieras. Durante los últimos años y décadas, el primer nivel de gobierno ha dependiendo de las aportaciones federales y estatales hasta en un 90 por ciento de sus ingresos. Las pocas posibilidades de recaudación siguen sin ser aprovechadas mientras que las necesidades crecen con el paso de los años. El panorama anterior se verá agudizado para los primeros meses de 2021, cuando comiencen a surtir efecto las condiciones de la desaparición de los fondos, fideicomisos y convenios que por decreto fueron extintos en los últimos 2 años. “De todos los municipios del país, cuando revisamos las cifras, no llegaba a 100 el número de los 2 mil y tantos que tenían las finanzas estables. El resto, todos están emproblemados (sic). En Michoacán no se salva ni uno y todos tienen muchas dificultades financieras porque lo que reciben es muy poco para la presión de las necesidades básicas”, manifestó. Aureoles Conejo invocó la inestabilidad y desigualdad en la repartición de la riqueza de la Ley de Coordinación Fiscal actual. De cada peso que recauda la Hacienda pública, 80 centavos se quedan en el gobierno federal, 15 centavos bajan a los estados y 5 centavos se reparten entre los 2 mil 400 municipios de todo el país. El panorama anterior mantiene en la incertidumbre a los ediles, quienes con pocos recursos tienen que mantener temas de seguridad pública, obra pública, desarrollo urbano, atención social, servicios básicos y la manutención de sus estructuras municipales. También han sido irresponsables. A pesar de la baja recaudación y de la disminución de las participaciones estatales y federales de los últimos años, prácticamente cada año crece la nómina de los ayuntamientos, al grado de que más del 70 por ciento de los recursos que les llegan se emplean para el pago de los trabajadores. El restante 30 por ciento se destina para la operatividad y gobernabilidad. Casos como en el Oriente michoacano han visto incrementar sus estructuras de trabajadores hasta en un 300 por ciento. En el contexto de la pandemia, autoridades estatales advirtieron que la mezcla de disminución de participaciones junto con la escasa recaudación y quiebra financiera de los 113 municipios supone un riesgo latente para la gobernabilidad en todas las regiones de la entidad. Los recortes de participaciones a estados se vieron reflejados y aumentados a un 60 por ciento directo a las finanzas de los municipios. Lo anterior implicó afectaciones a los programas de obra pública ya comprometidos desde inicios de año. A la Suprema Corte por recortes Debido a la falta de respuesta de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Presidencia de la República para discutir sobre el presupuesto a ejercer el próximo año, el mandatario Aureoles Conejo amenazó con recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En entrevista con medios de comunicación manifestó que se advierte que no hay interés “por modificar ni una sola coma” del presupuesto que se estará discutiendo, modificando y aprobando en el Congreso de la Unión el próximo 15 de noviembre. “Hay rumores de que no le van a mover ni un puntito a la propuesta y le vamos a hacer la lucha. Algo muy importante es que no es un tema del gobernador. El gobierno central se lleva el dinero de Michoacán y no lo regresa. No estamos acusando de que ellos lo estén haciendo; ya estaba sólo que ellos lo hacen de manera muy dura. Vamos a seguir dando la batalla, pero tiene que ser de todo el pueblo de Michoacán en contra del centralismo, estamos regresando a los tiempos de Santa Anna”, señaló. Será una vez que concluya el proceso de la aprobación del presupuesto 2021 que el Ejecutivo estatal turnará al Congreso de Michoacán la propuesta y revisión de los mecanismos para la salida de la coordinación fiscal en caso de que el panorama no favorezca a la entidad. Asimismo, en ese contexto se definirán las bases para la generación de una consulta ciudadana en todos los puntos del estado para conocer el sentir de los michoacanos.
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