Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Todos los extesoreros de Michoacán de 2011 a la fecha han sido señalados por actos de corrupción y enfrentan procesos legales por irregularidades en el manejo financiero de las arcas estatales. En la última década, los encargados del dinero de los michoacanos se han manejado con opacidad comprobada. En entrevista con medios de comunicación, Francisco Huergo Maurin, secretario de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), manifestó que en todos los casos se han abierto procesos administrativos que culminaron en sanciones penales hacia los exfuncionarios públicos. Son desde el último tesorero del exgobernador Leonel Godoy a principios de la década pasada y hasta la última funcionaria, en la gestión del interino Salvador Jara Guerrero, quienes ostentan procesos de investigación y sanción penal. Pero sí, desde la última secretaria de Finanzas en Michoacán. Desde 2011 prácticamente todos. Es información pública que se puede consultar en los portales y ahí viene con cuánto están observados cada uno de los exfuncionarios señalados”. Francisco Huergo Maurin, secretario de la Contraloría de Michoacán Uno de los casos más relevantes en la última década fue el de Humberto Suárez López, quien en marzo de 2014 fue detenido en Guadalajara por presunto robo a las finanzas públicas y abuso de poder. Suárez gestionó las finanzas de Michoacán durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008) y Leonel Godoy Rangel (2008-2012). Las irregularidades incluyen también la petición de decenas de créditos en bancos sin que se especifique para qué se utilizaría el dinero. De acuerdo con los documentos presentados en la investigación, en poder del Congreso michoacano, algunos de los créditos solo aparecen justificados como “necesidades temporales de la tesorería”. Se pidieron al menos mil 300 millones de pesos que, trascendió, no se justificaron. Otro de los casos de mayor renombre en cuanto al desvío de recursos es el de Miguel López Miranda, exsecretario de Finanzas en la gestión del interino Salvador Jara Guerrero, quien adeuda a las arcas estatales un total de 570 millones de pesos. En voz de Huergo Maurin, todos los recursos legales a los que pudo recurrir el michoacano ya fueron agotados, por lo que tendrá hasta este año para establecer el mecanismo de pago al erario de los más de 500 millones de pesos en irregularidades de su administración. En su caso, podrá disponer de diferentes recursos para pagar el monto millonario o incluso valorar la pena corporal en caso de que no cuente con la solvencia para pagar el recurso. La extesorera del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, América Aguilar, también fue recientemente inhabilitada por irregularidades observadas en la Secretaría de la Contraloría. EXGOBERNADORES, INTOCABLES Como jefes del Ejecutivo estatal, los exgobernadores de Michoacán son prácticamente intocables ante los procesos administrativos de Contraloría y Auditoría. Aun con las irregularidades que se puedan llegar a detectar las sanciones, procesos legales y otras consecuencias, suelen caer sobre los hombros de los titulares de las áreas. En este sentido, Huergo Maurin refirió que por lo anterior, prácticamente todas las investigaciones e irregularidades se fincan sobre quienes incurren en la firma de documentos y contrataciones. El endeudamiento de Michoacán viene desde principios de siglo, con la administración del perredista Lázaro Cárdenas Batel y seguido por Leonel Godoy Rangel. Años más tarde, Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero son los tres exgobernadores del PRI vinculados al endeudamiento del estado de Michoacán. El proceso de deuda en el estado de Michoacán empezó a inflarse desde el inicio de este siglo. Entre 2000 y 2015, lapso en el que acumuló una deuda total de 24 mil 690 millones de pesos, a la fecha, se estima una deuda de hasta 28 mil millones de pesos. A pesar de los datos del quebranto financiero del estado, no existen procedimientos administrativos ni penales en contra de exgobernadores del estado. En 2015, uno de los compromisos del entrante Silvano Aureoles Conejo fue detectar y sancionar a los responsables por los problemas económicos y financieros del estado. Recientemente el mandatario estatal reconoció que a cinco años de distancia de dicho compromiso, su administración de enfocó en solucionar las finanzas más que en perseguir.
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