Impunidad |
15 Ene, 2021, 17:00

Con la liberación del general Salvador Cienfuegos se pierden 10 años de investigaciones

Durante 10 años la DEA investigó a Salvador Cienfuegos por sus nexos con el narco; lo detuvieron en octubre, en noviembre lo mandaron a México y ayer fue exonerado por la FGR

Jorge Ávila / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán.  El 15 de octubre de 2020 se hizo público que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, había detenido al general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, en California. Las acusaciones que pesaban sobre el exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto eran por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. El caso de inmediato se mediatizó pues nunca se había detenido a un exsecretario de la Defensa, y menos en otro país. 

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En ese momento, a través de las redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le había informado informó de la aprehensión y que al general Cienfuegos se le ofrecería la asistencia consular a la que tenía derecho en su calidad de detenido.

Luego de su detención tras arribar al aeropuerto de Los Ángeles acompañado de su familia, quien ocupara la titularidad de la Sedena entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018, fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano (prisión federal) de Los Ángeles, en tanto que su familia quedó en libertad. El caso fue radicado en una corte de Brooklyn, Nueva York, la misma que juzgó a Joaquín “El Chapo” Guzmán y el que lleva el caso del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

 La captura de Cienfuegos Zepeda formó parte de la Operación Padrino, iniciada hace 10 años, antes de que Cienfuegos fuera funcionario del gabinete presidencial, pero las pesquisas sobre el general, encabezadas por el Departamento de Justicia estadounidense, están relacionadas con las investigaciones al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Brooklyn, Nueva York. 

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Durante el juicio de El Chapo, quien fuera líder histórico del Cártel de Sinaloa, uno de los testigos, el narcotraficante colombiano Álex Cifuentes, afirmó en enero de 2019 que siendo presidente, Enrique Peña Nieto aceptó un soborno por 100 millones de dólares del narcotraficante mexicano, una versión desmentida por el entonces portavoz del exmandatario priista, Eduardo Sánchez. También dijo que intentó corromper con 10 millones de dólares al “general de la nación”. Si bien no dio nombres, Cienfuegos era entonces el secretario de la Defensa Nacional, el segundo hombre al mando de las Fuerzas Armadas sólo por debajo del presidente.

Según los testimonios, el plan era ofrecer el dinero a través de Andrea Vélez, una colombiana que tenía una agencia de modelos y que “le presentaba amigas al general” para fiestas. Sin embargo, el soborno habría sido rechazado.

¿DE QUÉ SE ACUSÓ AL PADRINO?

Según la acusación oficial en Estados Unidos, desde agosto de 2019 el Departamento de Justicia de ese país inició el proceso contra El Padrino, o simplemente Zepeda.

El tribunal federal del Distrito Este de Nueva York señala que tres cargos eran por presuntos actos de narcotráfico entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El acusado, al lado de otros, "tenía conocimiento o conspiró intencionalmente para manufacturar o distribuir una o más sustancias controladas con la intención, conocimiento y motivos razonables para creer que dichas sustancias serían importadas ilegalmente a Estados Unidos desde un lugar exterior".

Las drogas en cuestión son heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en distintas cantidades.

El cuarto cargo era lavado de dinero "procedente" de actividades del narcotráfico a través de la transferencia de recursos entre Estados Unidos y México.

Presuntamente colaboraba con el grupo denominado H-2, que opera en Nayarit y Sinaloa, así como ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York.

Mientras ocupaba un cargo público en México, el acusado usó su posición oficial para ayudar al Cártel H-2, un famoso cártel mexicano de la droga, a cambio de sobornos".

Fiscal federal Seth DuCharme.

Bajo su mando, Cienfuegos Zepeda presuntamente ordenaba evitar confrontaciones militares con ese cártel, atacar a bandas rivales, facilitar sus operaciones y alertar de operativos antidrogas estadounidenses.

Para el analista César García,   "resulta inverosímil creer que el secretario de la Defensa trabaje para alguien más, cuando él tiene todo el poder de las fuerzas armadas. Pensarías que trabajarían para él". 

El 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Cienfuegos Zepeda no era investigado en México por ningún cargo y que recibió la noticia el mismo día de su detención.

"Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa", dijo.

Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal".

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

PRESUNTO ENTRAMADO DELICTIVO CON EL H-2

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Salvador Cienfuegos Zepeda trabajó para el Cártel H-2 entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, tiempo durante el cual la Sedena enfocó el 99 por ciento del combate al narcotráfico en Nayarit en 10 municipios controlados por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según estadísticas del Ejército publicadas por Milenio, durante esos años el Cártel H-2 no recibió golpes fuertes por decomiso de drogas, sólo el 2 de febrero de 2017, cuando se aseguraron 30 mil 550 kilos de marihuana en la capital, Tepic.

 El grupo delictivo era dirigido en ese entonces por Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado El H-2, quien cayó abatido el 9 de febrero de 2017 en Nayarit. También era comandado por Daniel Silva Gárate y Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como El Chapo Isidro, un narcotraficante que desde 2008 comenzó una lucha, junto con Arturo Beltrán Leyva, contra El Chapo en represalia por la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo. 

Fuentes oficiales señalan que es una escisión de la organización criminal de los Beltrán Leyva. Su líder, Juan Francisco Patrón, El H-2 o El Chico, fue abatido durante una operación de la Marina en el aeropuerto de Tepic, Nayarit. Patrón era una pieza importante de la organización del Cártel de los Beltrán Leyva en el trasiego de droga en las zonas de Nayarit y Jalisco. El líder criminal aspiraba a reconquistar también Sinaloa.

El 20 de septiembre de 2017 El H-2 se convirtió en una obsesión para el Ejército Mexicano luego de un ataque contra un convoy militar que escoltaba una ambulancia, en Culiacán, Sinaloa, y que trasladaba al poderoso narco Julio Óscar Ortiz, El Kevin. A Patrón lo responsabilizaron de la muerte de cinco soldados y otros diez heridos.

En ese periodo dos generales estuvieron al frente de la XIII Zona Militar: Miguel Andrade Cisneros, el primero de ellos, de enero de 2015 a abril de 2016, y Leopoldo Quezada Ávalos fue su relevo el 27 de abril de 2016. Recibió un reconocimiento de Edgar Veytia, entonces titular de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit, quien el 27 de marzo de 2017 fue arrestado en San Diego, California, y condenado en septiembre de 2019 a 20 años de prisión por delitos de narcotráfico relacionados con el Cártel H-2.

Juan Francisco Patrón, El H-2.

A su captura, Cienfuegos Zepeda fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de una serie de cargos que lo vinculaban con el Cártel de los Beltrán Leyva. El expediente No. 19-366 (CBA)(E.D.N.Y) señala que Cienfuegos ayudó a que la organización criminal se expandiera de Mazatlán al resto de Sinaloa.

Asimismo, el documento refiere que el 14 de agosto de 2019 un gran jurado reunido en el Distrito Este de Nueva York acusó al exfuncionario de tráfico de drogas y lavado de dinero. El mismo día, la Jueza Magistrada Vera M. Scanlon de los Estados Unidos emitió una orden de arresto contra el acusado.

Chapo Isidro, nexos con Cienfuegos.

LA INESPERADA LIBERACIÓN Y REGRESO A MÉXICO

El 17 de noviembre, apenas un mes después de su captura en Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos fue exonerado por la corte que llevaba su caso.

Salvador Cienfuegos era el militar de mayor rango que jamás se hubiese arrestado por narcotráfico, pero esta acción no fue producto de una operación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, ya que los agentes de la DEA temían tanto que se filtrara la operación, que el gobierno mexicano se enteró hasta cuando Cienfuegos, de 72 años, fue detenido al llegar a Los Ángeles con su familia.

Sin embargo, los oficiales de la DEA y del Departamento de Justicia dejaron que el pez gordo volviera a nadar libremente. Cuando pidieron a un juez federal en Nueva York que desestimara los cargos contra Cienfuegos, los fiscales estadounidenses argumentaron "consideraciones sensibles e importantes de política exterior" que, según dijeron, "superaron" el interés del gobierno en continuar con la acusación.

Así, la jueza, Carol Bagley Amon, señaló que tener una figura tan notable con cargos tan graves era tener "un pájaro en mano", pero finalmente concluyó que no tenía motivos para dudar de la "sinceridad" de la decisión del gobierno. Así que en lugar de enfrentarse a una potencial larga sentencia en prisión en Estados Unidos, el general Cienfuegos fue devuelto a México como hombre libre.

Dado el terremoto político que su arresto causó en México, ante la opinión pública parecían escucharse suspiros de alivio tanto en el gobierno mexicano como en las Fuerzas Armadas. "Si se cometieron crímenes, ahora está en las manos de la fiscalía general investigar, substanciar y sostenerlos", dijo el secretario de Exteriores, Marcelo Ebrard. Cualquier responsable, continuó, debe ser "procesado por las autoridades y llevado ante la justicia mexicanas".

Trabajo de la DEA, tirado por la borda.

Pero ese aparato de procuración de justicia es justo el que los fiscales estadounidenses consideraban demasiado corrupto como para confiarle información básica sobre a quién estaban investigando.

La conclusión a la que llegaron muchos analistas y expertos en la materia fue que la decisión del fiscal general William Barr de abandonar los cargos era una especie de acuerdo entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la administración Trump.

AMLO, quien durante su campaña presidencial era un crítico abierto de Trump, sorprendió a muchos en México por su voluntad para acomodarse a su homólogo estadounidense.

Pero hay quienes no consideran que la desestimación de este caso equivalga a un favor. "Básicamente, creo que sucedió lo mismo que se explicó desde la fiscalía: que los cargos se retiraron basados en intereses más amplios y la cooperación en la relación bilateral", argumenta Ana María Salazar, ex subsecretaria adjunta de defensa de Estados Unidos para la política y el apoyo a la lucha contra las drogas.

"No creo que haya sido una especie de preacuerdo con AMLO", coincide Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano, un think tank con sede en Washington.

Puede ser parte de la explicación, dice Shifter, pero lo más probable que es que el presidente mexicano recibiera "mucha presión de los militares en México para traer de vuelta a Cienfuegos y no procesarlo en Estados Unidos".

EL PODER DEL EJÉRCITO

En diversos medios trascendió que luego de la detención de Salvador Cienfuegos Zepeda, funcionarios del más alto rango en el Ejército se habrían reunido para presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la imagen de las Fuerzas Armadas había sido golpeada.

 Versiones de prensa y reportes de quienes conocen de cerca a la Sedena han informado que López Obrador habría sido presionado por una presunta cofradía de militares con gran poder en las Fuerzas Armadas, pues uno de los suyos estaba en el banquillo de los acusados y eso ya era un descrédito importante a la institución. 

“Una hermandad dentro del Ejército y eso ha perjudicado gravemente, porque este grupo de militares no tienen controles institucionales adentro del Ejército, es un poder fáctico. Doblaron al presidente”, dijo en entrevista para la La Octava el general José Francisco Gallardo Rodríguez.

Este militar explicó que AMLO fue coartado desde antes de tomar posesión, cuando era presidente electo y se reunió con el titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda. Agregó que una cofradía anidaba en el Estado Mayor presidencial, instancia encargada de salvaguardar al mandatario y que López Obrador desapareció al asumir el encargo.

Previamente, César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho militar e hijo del general Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo (procesado por nexos con el narcotráfico), también denunció a la cofradía de castrenses en el noticiero de Carmen Aristegui el 24 de octubre de 2018.

El mismo Gutiérrez Priego hizo referencia a la cofradía en su columna del pasado 1 de septiembre en La Silla Rota y reveló que se llamaba El Sindicato. En su espacio, sugirió que la corrupción dentro de la Sedena podría ser indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues los generales de dicha cofradía difícilmente podrían justificar sus fortunas, que superarían la de famosos narcos.

El 18 de noviembre, el portal Emeequis reveló que miembros de la presunta cofradía llamada El Sindicato habrían operado para presionar al presidente López Obrador y éste, a su vez, gestionara la liberación de Cienfuegos, a costa de romper toda relación con la Agencia de Control de Drogas. Se trataría de un grupo de militares de alto rango, entre los cuales habría efectivos en el cargo y otros retirados. En su mayoría son generales de cuatro estrellas. El Sindicato, a decir de Emeequis, hizo llegar sus mensajes al actual titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, donde referían que no se quedarían pacientes a ver cómo quedaba dañada su credibilidad.

Élite del Ejército, presiones.

También el New York Times reveló este 18 de noviembre que funcionarios militares de alto perfil amenazaron con expulsar a los agentes de la DEA si el gobierno de Estados Unidos no consideraba su búsqueda contra Cienfuegos Zepeda. Tal advertencia habría surtido efecto cuando fue anunciado que al general le serían retiradas las imputaciones y volvería a México para ser juzgado. El extitular de la Sedena llegó a México como un ciudadano libre a las 18:40 horas del 18 de noviembre. Aterrizo en el aeropuerto de Toluca, volando en un jet privado procedente de New Jersey. Sus bienes no fueron asegurados y sus cuentas tampoco fueron congeladas.

Otras versiones extraoficiales refieren que el Sindicato ya no existe y solo estaba en el Estado Mayor presidencial. Lo cierto es que fue notoria la presión castrense para que Cienfuegos volviera despojado de toda acusación formal, tras pasar 34 días en celdas de Estados Unidos.

Según la versión oficial, referida por el canciller Marcelo Ebrard y la Fiscalía estadounidense, tras un diálogo se privilegió la relación binacional y el general sería juzgado en México con pruebas aportadas por el Departamento de Justicia. En Estados Unidos, el extitular de la Sedena fue acusado de traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de beneficiar al Cártel H-2, remanente de los Beltrán Leyva.

EL PRESUNTO PEZ GORDO VUELVE A SU ESTANQUE

 Este jueves 14 de enero, a casi dos meses de que fuera detenido en Estados Unidos y un mes de que allá se desestimaran los cargos para enviarlo de vuelta a México, la Fiscalía General de la República informó que quedaba suspendida toda acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. 

La FGR resolvió la situación jurídica de Cienfuegos, quien fue entregado a México en noviembre pasado luego de que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continuaran las pesquisas en su contra.

Ante la falta de elementos probatorios para proceder en contra del exmando militar, el Ministerio Público Federal determinó no ejercer acción penal.

El 9 de enero de 2021, el señor general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal. A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”.

Comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República el 14 de enero.

“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas (Cártel H-2) y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

Esto, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos envió al de México todas las pruebas que la DEA reunió contra Salvador Cienfuegos, como la intervención de comunicaciones entre miembros del cártel del H2 supuestamente con el extitular de la Sedena.

“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.

Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público".

Comunicado de la FGR.

EUA AMENAZA CON RETOMAR EL JUICIO A CIENFUEGOS

Esta mañana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que ese gobierno “se reserva el derecho de reanudar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el gobierno de México falla".

Nicole Navas Oxman, titular de la vocería del Departamento de Estado, confirmó esta información al periodista estadounidense Keegan Hamilton, de Vice News, en un breve posicionamiento, el cual fue compartido a través de su cuenta de Twitter.

 Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno avala la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de exonerar al general Salvador Cienfuegos Zepeda. 

Como ustedes saben, ayer la Fiscalía tomó la resolución de considerar que no hay elementos para juzgar al general Cienfuegos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda; es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción. Pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El mandatario consideró que lo más importante es la verdad y la justicia, por lo que subrayó la importancia de que la FGR resolviera que “no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA”.

Desde Palacio Nacional, señaló que busca que toda la gente sepa “por qué la Fiscalía está actuando como lo ha decidido”, para “no ocultar absolutamente nada y también para que con la información podamos salir al paso con los adversarios nuestros y los representantes de grupos de intereses creados que están empeñado en atacarnos para que se piense que somos iguales, que no hay ningún cambio, y que nosotros somos encubridores, y que somos cómplices, y que somos también peleles de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros”.

El presidente también señaló que “si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer, pero la Fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por el Gobierno de Estados Unidos, en este caso por la DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así: sin sustento, sin pruebas?”.