Arturo Molina / La Voz de Michoacán Colectivos defensores de los derechos humanos exhortan a fortalecer el Consejo Estatal Para Prevenir la Discriminación y la Violencia (COEPREDV) en Michoacán. A más de tres años de la creación del organismo, denuncian incapacidad de resolver y sancionar actos de violencia. En voz de Raúl Martínez Rojas, director del colectivo Michoacano es Diversidad, señaló como inviable la existencia del propio organismo ante la falta de atención a las víctimas de discriminación a nivel estatal. Incluso, planteó que los 13 millones que percibe el COEPREDV para su funcionamiento se pudieran destinar a otras tareas de atención a la discriminación y concientización social en todo el estado. La baja tasa de denuncias incluso ha sido reconocida por parte de las autoridades estatales. A pesar de la gran cantidad de grupos vulnerables y minorías, en el estado se registran cifras por debajo de la media nacional en cuanto a denuncias por discriminación, lo que se advierte como falta de conocimiento y de intenciones de llevar al consejo cualquier tipo de agresión. En los últimos meses, al menos tres funcionarios públicos fueron denunciados por declaraciones homofóbicos y misóginas en contra de la ciudadanía. Desde publicaciones en redes sociales hasta iniciativas en el poder legislativo fueron evidenciadas. A pesar del peso mediático de las mismas, los denunciados no se presentaron a comparecer ante el COEPREDV y los asuntos quedaron prácticamente en el olvido. Tenemos que mejorar los procesos de denuncia a la discriminación por violencia y agresión. Hoy el Consejo para prevenir la discriminación, ojalá lo desapareciéramos. Costó mucho trabajo, pero si va a seguir como va, mejor no gastemos ese recurso ahí. Los 13 millones de pesos que les damos de presupuesto no nos conviene ahí sumando funciones que no hacen y no funcionan ni resuelve. O fortalecemos el consejo o tomamos la decisión de pasarlo a otro lado". En voz del activista, las políticas de inclusión a la población diversa sexual y otros sectores vulnerables en el estado se han focalizado en dependencias específicas como la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (SEIMUJER) mientras que otras instancias siguen manejando discursos lejanos a la inclusión. "Hay un miedo a reconocer lo diferente desde lo institucional. Son esfuerzos aislados los que genera la SEIMUJER porque luego las campañas del propio gobierno siguen siendo sexistas, heteronormadas de papá y mamá, hombres y mujeres y en estas modificaciones tendrían que estar hablando de la diversidad sexual", explicó. El principal problema que afecta a decenas de miles de personas del estado es que a pesar de la conformación de mecanismos y organismos para la presentación de la denuncia, sectores vulnerables y minorías siguen sin encontrar el camino para denunciar actos de exclusión en su mayoría, provenientes de autoridades. Si bien a nivel nacional la tasa de discriminación registrada a través de las denuncias presentadas ante los organismos es del 20.2 por ciento, en Michoacán la cifra es del 16 por ciento. Lo anterior, lejos de interpretarse como un dato positivo, representa la invisibilidad del fenómeno que se ha normalizado y pocas veces llega a ser denunciado y en su caso, sancionado. El 16 por ciento de la población de 18 años o más de Michoacán declaró haber sido discriminada en los últimos 5 años o haber tenido alguna negativa de servicio. Entre los datos que llaman la atención, es que los más discriminados son los pueblos originarios con 33.6 por ciento de las denuncias; las personas discapacidad con el 30 por ciento, las mujeres con el 29 por ciento, las personas con ideología religiosa diversa con el 22.1 por ciento y las personas adultas mayores con el 23 por cuento y los jóvenes con el 21 por ciento. Preocupa la condición de personas con discapacidad, toda vez que aun cuando el INEGI reveló que la cantidad de personas en esta condición creció hasta en un 300 por ciento, la discriminación institucional desde niveles como el municipal, se sigue generando todos los años. En consideración de los especialistas, la presencia de más de 800 mil personas con algún grado de discapacidad les ha sacado del calificativo de “minoría”.
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