Raúl Coria Tinoco Una ciudad incluyente y accesible para todos no requiere justificación o argumento ya que es un derecho de todos; el no considerar a todos para el diseño de la misma y beneficiar solo a una parte, es derivado de la falta de comprensión por los planificadores sobre la diversidad de sus habitantes y las necesidades urbanas de los mismos. Al estar concentrado el mayor número de personas en las ciudades de nuestro país, es de suma importancia el espacio público que las integra, ya que es la columna vertebral de la ciudad, es un ámbito complejo con dinámicas diversas en donde se mezcla la vida social, la expresión colectiva, el esparcimiento, el deporte, la cultura, el intercambio, la movilidad e incluso es resiliente ante desastres como los sismos, inundaciones o pandemias. El espacio público en cuanto a lo espacial también es diverso, está clasificado por la norma NOM 001-SEDATU-2020 según su función en tres segmentos: Equipamiento Público, Infraestructura y Áreas Naturales; en estos segmentos se subdividen e integran de manera general lugares como plazas, parques, jardines, huertos, miradores, vías urbanas, muelles, malecones, playas y riberas. A lo anterior, habría que agregar la diversidad en cuanto a ubicación geográfica, topografía, clima y escala. Con esta diversidad en las dinámicas y lugares, es importante considerar que los habitantes de las ciudades se encuentran en esta misma condición de diversidad. En esta construcción no se visibiliza completamente a las personas en situación de vulnerabilidad como niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, los cuales representan casi tres cuartas partes de la población de las ciudades del país. Debemos entender el espacio público como diverso y multidimensional; derivado de la incorrecta lectura de esta complejidad, se plantean soluciones en la planificación de las ciudades provocando que el crecimiento urbano con sus nuevas construcciones promueva la migración de actividades de ámbito público a espacios privados, modificando las conductas de los habitantes, especulando con la seguridad, accesibilidad y aseo; que finalmente genera exclusión deteriorando el tejido social. Así como los servicios urbanos básicos de agua, saneamiento y electricidad, el espacio público es un derecho para los habitantes, está presente en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la norma NOM 001-SEDATU-2020 y en el ámbito Estatal, aunque de manera limitada en el Código de Desarrollo Urbano del Estado de Michoacán de Ocampo. En cuanto al diseño e intervención del espacio público, se enfrenta a problemáticas como: la ausencia de planeación participativa e interinstitucional; la regulación técnica en la construcción adecuada de espacios públicos; la depredación de los bienes comunes y los espacios públicos jerarquizando el espacio privado y el privilegio a la movilidad motorizada, propiciando una pérdida de oportunidad de generar una red con movilidad activa de espacios públicos. Por tal razón, es fundamental la medición de la habitabilidad del espacio público a través de indicadores que contribuyan a la obtención de información para posteriormente poder aportar y mitigar los problemas de las personas en su entorno. Para ello existen diversos indicadores que podrían agruparse en categorías tales como: sostenibilidad ambiental, movilidad y accesibilidad, seguridad, infraestructura, servicios, dinámica cultural, económica y social. Un ejemplo de la medición de estos indicadores en la categoría de movilidad y accesibilidad, es el transporte público accesible en donde se incluye adultos mayores y personas con discapacidad, con ello podríamos alcanzar resultados como el de la ciudad de Curitiba en Brasil que cuenta con un 96 por ciento de su flota de transporte público con estas condiciones. Otro ejemplo, en cuanto a accesibilidad urbana, es el porcentaje de manzanas sin rampa para silla de ruedas en sus vialidades en el territorio nacional que asciende aproximadamente a un 80 por ciento según datos de INEGI en 2014 y que para el censo 2020 nos proporcionará una cifra que nos permitirá medir el avance. Con este tipo de información se aportan evidencias que son utilizadas por las políticas públicas, instrumentos de planeación, estrategias y acciones que forman parte del diseño y la intervención. Reconociendo la complejidad para diseñar e intervenir el espacio público es importante considerar en todo momento: la armonización institucional en cuanto normas y órdenes de gobiernos; la mejora en la capacidad técnica en ámbitos de planeación, gestión, evaluación y con ello mejorar los sistemas de información e indicadores; la participación social e interinstitucional con la inclusión de grupos vulnerables (entender para quien es); buscar alianzas y financiamiento público y privado con visiones en intervenciones multiescalares; y priorizar la recuperación, resignificación, el mantenimiento y la conservación del espacio público (barrio). Así, el espacio público debe permitir el encuentro, el uso colectivo, libre tránsito y sobre todo llevar al ciudadano a la participación en igualdad de oportunidades en su habitar con resultados directos para alcanzar una mejor calidad de vida. colecciudad@gmail.com
La Voz de Michoacán
