Horacio Erik Avilés Martínez Michoacanos: el abandono de nuestro sistema educativo vive con nosotros. Si no hacemos algo por sacudírnoslo, continuará lacerando a las generaciones más jóvenes. Los últimos años han sido desastrosos para los michoacanos en materia educativa. Hemos tenido un sexenio realmente fatal en el cual se han suscitado escándalos a escala nacional e internacional, pero que en nuestra entidad no han tenido mayor cobertura ni consecuencia. Los resultados fueron lamentables en materia de combate al analfabetismo, en cuanto al impulso a la cultura de la evaluación educativa respecta, en relación a la transparencia en el ingreso, permanencia y promoción de los docentes, en cuanto a la la gobernabilidad y rectoría del estado en las escuelas normales, de la cobertura y calidad educativas, de la construcción de estudios e indicadores para rendir cuentas sobre el estado que guarda el sistema educativo, en materia de gobernanza y participación social en la educación, en la relación con los trabajadores de la educación, en el respeto a su dinámica gremial, en la revalorización y reconocimiento a los docentes y muchos otros factores más que hacen ser a Michoacán uno de los estados con mayor incumplimiento de las responsabilidades educativas, en detrimento del desarrollo integral y oportunidades de bienestar y prosperidad que se le brindan a los estudiantes. Desde una perspectiva de la sociedad civil organizada, la evaluación independiente que realizamos del avance sexenal es contundente: de los puntos comprometidos en la Agenda por Michoacán, apenas se logró avanzar un 11 por ciento en seis largos años. Es decir, por ser un compromiso no vinculante y asi no convenir a los intereses, se dedicaron presupuesto, horas-hombre y mucha atención a toda suerte de actividades, excepto a las sustantivas, a las que fueron compromiso de campaña, a las que decantaron el respaldo y votación a favor de quienes creyeron en la palabra y el honor de quien se comprometió alegremente, pero que no supo delegar las atribuciones en personas que honraran la palabra empeñada, sino que su incapacidad, omisión, corrupción y cinismo los colocó en el descrédito total. Es más, en el epítome de la simulación, se apropiaron de la intención ciudadana de generar un rescate integral para las finanzas educativas michoacanas, para impulsar lo que en Mexicanos Primero Michoacán denominamos “federalización de la nómina educativa”, lo cual resultó en la práctica ser más un cuento de Hans Christian Andersen que una realidad. El acuerdo firmado siempre estuvo desnudo, toda vez que no fue acompañado por una auténtica absorción de las responsabilidades por parte del gobierno federal, acción derivada de la falta de veracidad y transparencia de la nómina educativa estatal, plagada de irregularidades, de personajes VIP, de aviadores, comisionados y operadores políticos. No podemos estar a favor de dejar a la educación estatal en el quebranto, pero tampoco podemos dejar de entender las razones por las cuales este hecho ocurrió. El escenario poselectoral se complica cada vez más, lo cual pospone ingresar a los temas sustantivos del desarrollo integral, entre ellos el educativo. La politización se convierte cada vez más en polarización, llegando ya los discursos a posturas maniqueas, ante las cuales no cabe el justo medio ni velar por los derechos de los ciudadanos. ¿Qué se aprende? Las lecciones son muchas, partiendo de que debemos confiar y verificar. ¿Merecemos continuar así más tiempo? En muchas dependencias del sector educativo reina la simulación que caracteriza a quienes están expectantes y quieren quedar bien con ambas fuerzas políticas, aún en disputa tribunalicia. El llamado debe ser firme: los bandos antagónicos deben actuar con responsabilidad en materia educativa. Quienes tienen el poder aún, deben llamar a las dependencias a dar el máximo, a preparar la entrega-recepción y a transparentar cada proceso y programa ejercido durante el sexenio aún vigente. Quienes aspiran a tenerlo, deben de pronunciarse ante la situación que guarda la educación estatal, preparar sus comités de entrega-recepción también, establecer planes de auditoría y delinear a los mejores perfiles para hacerse cargo de las responsabilidades educativas estatales, porque no puede seguir habiendo personas sin formación académica, experiencia profesional, honorabilidad ni incorruptibilidad al frente del destino educativo de los michoacanos. Es importante tener en cuenta que ni la torcida percepción de la realidad de los políticos ni los tiempos de los tribunales electorales son los de los estudiantes michoacanos: sus derechos siguen siendo violentados mientras se hacen declaraciones tibias tan solo para ganar tiempo o mientras se emiten declaraciones cada vez más estentóreas, carentes de evidencias, llenas de falacias argumentativas y faltas de empatía con la situación que guardan casi cinco millones de michoacanos. Cada minuto que pasa, los efectos mariposa se desencadenan más y más, afectando indeleblemente los destinos de quienes deberían estar ejerciendo sus derechos humanos en plenitud, no contemplando el sórdido estado fallido que algunos se empecinan en dibujar: Los problemas de Michoacán tienen solución e inician por reconocer que la piedra angular de la salida estructural del laberinto es la conformación de un sistema educativo, el cual ejemplarmente modele la sociedad futura que aspiramos a construir. Las áreas que podrían estar preparándose para aprovechar los mejores recursos con que cuenta la Secretaría de Educación en el Estado están entrampadas en sus propios laberintos. Al ser la inmensa mayoría del presupuesto estatal destinado al pago de nómina, justo sería pensar que en ella se encuentra la principal fortaleza para garantizar los derechos educativos de los michoacanos. Sin embargo, en la práctica ello se complica enormemente. Pero es en ellas en donde justamente hay que intervenir cuanto antes, con todos los recursos y coordinación de los cuales el estado mexicano es capaz. Por ejemplo, la selección de los estudiantes normalistas, quienes a la vuelta de un lustro serán los formadores de las próximas generaciones de michoacanos se encuentra en una crisis ética, procesal y de legitimidad, toda vez que se ha documentado la inmensa corrupción que se anida desde el ingreso. El diseño de la convocatoria para el ingreso y la entrega de fichas de admisión son dos etapas que en cualquier universidad suelen ser naturales, pero que en el normalismo michoacano se han convertido en heridas supurantes. Más aún, ya existen rumores muy fuertes de que se están ofreciendo mecanismos para agilizar una respuesta positiva en el examen, a cambio de algunas decenas de miles de pesos. Los funcionarios, que eran los mismos el año pasado, ya salieron a atajar, aduciendo que, si alguien posee pruebas, que las presente y que formule la respectiva denuncia. Ellos mismos se aseguraron de que el tráfico de espacios y plazas en el sistema educativo aún no aparezca en el Código Penal del Estado de Michoacán. Si a la fecha permanece en la burlona impunidad lo documentado el año pasado y se encuentra en las mismas manos el proceso, no podemos esperar nada bueno de ello. Respecto a las afectaciones, están documentados varios casos de estudiantes que declinaron reiterar su aspiración a ingresar a las escuelas Normales por la falta de transparencia, honorabilidad y justicia de los actores intervinientes. Resulta imperativa la intervención de la superioridad en materia administrativa para regular, vigilar y asegurar el apego a la normatividad de ese proceso. Cálculo político y retorno a las aulas Otra inmensa área de oportunidad es la de asegurar un retorno a clases hacia la presencialidad plena. Ya no sucedió durante este ciclo escolar. Hoy se cumple el cierre de la realización de una evaluación diagnóstica, dirigida hacia estudiantes en posibilidad de rezago, pero no contamos con información al respecto. Mucho menos, se tienen las cifras de un diagnóstico integral del sistema educativo estatal. Las áreas encargadas de realizar investigación e innovación educativa no producen la información que se requiere para la toma de decisiones que posibiliten la formulación de políticas públicas precisas para resolver la compleja y añeja problemática que aqueja al sistema educativo estatal. Más aún, hay áreas enteras de la Secretaría de Educación en el Estado a quienes no se les ve desde que iniciaron las campañas políticas. A la fecha, no asimilan los resultados electorales y no han dado la cara por las responsabilidades que están sobre su espalda. Pero ello no significa que no deban de diagnosticar ni difundir los resultados de sus investigaciones científicas en beneficio del derecho a la verdad de todos los michoacanos. El dilema del regreso presencial a clases no se ha abordado por cuestiones de cálculo político más que de falta de recursos. Un ejemplo lo constituyen las escuelas privadas, donde hay recursos y hay intención de padres de familia, trabajadores, estudiantes y directivos para retornar a la presencialidad, por lo cual no tiene caso seguir aplazando el retorno a clases, toda vez que pagarán de su bolsillo los consumibles y lo necesario para poder hacer presencialidad educativa. Un gran problema que se ha detectado entre las escuelas públicas y privadas es precisamente la desigualdad. Es evidente que generará mayores desequilibrios entre ricos y pobres, pero entonces, ¿contener el regreso a clases de quienes tienen dinero para pagar todas las medidas de seguridad a su favor es una acción justa, solidaria, necesaria o benéfica para los más desfavorecidos? Ese dilema que exhibiría la falta de compromiso de la autoridad con un regreso a clases tiene hoy a las familias con mayores ingresos alejadas de la presencialidad educativa. Es claro que no se quiere asumir el costo político. Análogamente, si en otros planteles de educación superior, incluso de modalidad de sostenimiento pública se cuenta con plataformas y se puede operar un modelo híbrido, debería de ponerse en marcha. Pero tampoco se ha querido hacer el análisis a profundidad, a pesar de los semáforos en verde, de la vacunación y de la posibilidad de conectarse a distancia o acudir presencialmente en entornos controlados. En suma, se debe recuperar la rectoría del sistema educativo michoacano, sin simulaciones, para que exista el ejercicio pleno del derecho a aprender de todos, sin que nadie se quede fuera. Para ello, se requiere la intervención coordinada del gobierno mexicano, pero parece ser que ahorita hay otras prioridades. Por lo anteriormente mostrado, a unos días del cierre del ciclo escolar 2020-2021 se puede afirmar que el sistema educativo estatal está a la deriva. No es la primera vez que así ocurre, pero sí que es una de las ocasiones más dolorosas, por todo lo que está en vilo. Merecemos un gobierno educador. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
