Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Ante las complicaciones y limitaciones surgidas durante el proceso electoral 2020-2021, especialistas y actores políticos urgen al desarrollo de una reforma político-electoral que garantice el cumplimiento de los derechos de los mexicanos a votar y ser votados en próximos comicios. En voz de Humberto Urquiza Martínez, especialista en derecho electoral y otrora consejero del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), el panorama es “complicado” en cuanto a los resultados y las necesidades que surgieron durante la contienda que concluyó en la parte ciudadana con los comicios del pasado 6 de junio. Cuestionamientos respecto a la autonomía de los órganos electorales, tanto locales como federales, las irregularidades observadas, la falta de sanciones a los partidos políticos y candidatos, el nulo avance en las denuncias presentadas en cuanto delitos y la falta de sanciones, son la principal preocupación poselectoral. Ven huecos legales En entrevista para La Voz de Michoacán, aseguró que existen las condiciones para que el Poder Legislativo a nivel estado retome y promueva un proyecto para reformar y actualizar la ley electoral local, un proyecto que garantice una mejor participación política en futuros ejercicios en Michoacán. También la falta de sanciones y castigos tanto los partidos políticos y a los candidatos por evidentes faltas denunciadas a través de actas a lo largo de la contienda, lo que revela la urgencia de que se establezca nuevos criterios de atención a los procesos electorales. “No solamente es en la local sino en lo nacional. Está claro que hay que modificar desde el tiempo que dura la campaña, así como la relación de la campaña y la intercampaña. Se dejaron huecos que no quedaron claros en cómo atenderse. Debemos perfeccionar los mecanismos sancionadores, ahí hubo muchas actas que los organismos no alcanzaron a resolver, aún hay actas que no se resolvieron”, explicó Humberto Urquiza a pregunta expresa. Durante el proceso electoral, que arrancó en septiembre del 2020, y hasta la etapa de las campañas la Fiscalía Especializadas en Delitos Electorales abrió más de 90 carpetas de investigación que surgieron a través de denuncias. Hasta el fin de los comicios, el dato oficial del brazo de la Fiscalía General de Michoacán (FGE) fue de que ninguna carpeta de investigación había sido judicializada. Con base a lo anterior, Urquiza Martínez explicó que esto obedece a que se emplean los mismos criterios para la investigación de la vía penal en el tema electoral, por lo que aun cuando ya ha concluido el período de campañas y direcciones muchas de las actas nos han resuelto ante los tribunales. “Las sanciones no puede ser solo una amonestación o sanción. Hay que revisar la autonomía de los órganos electorales. Creo que no está funcionando y creo que se entiende que revisar en cuanto a la autonomía. En la materia electoral debe ser muy rápida y la penal suele ser muy lenta y se atienden con los mismos criterios”, explicó. Silvano Aureoles presenta propuesta La urgencia de una reforma electoral en Michoacán no es exclusiva de los especialistas. Desde el inicio las campañas y con los procesos que frenaron candidaturas, los actores políticos aseguraron que una vez que concluyera el proceso de este 2021 iniciarían con las iniciativas necesarias para cambiar el modelo electoral. Incluso el propio mandatario Silvano Aureoles Conejo ha señalado ante la opinión pública nacional el objetivo de cambiar el esquema electoral con el que se operado desde hace décadas a nivel país. Ante medios de comunicación y los tres poderes ha denunciado la intromisión del crimen organizado en los comicios del pasado 6 de junio, con lo que asegura, los grupos delincuenciales “pusieron al gobernador”. Las denuncias del mandatario michoacano han ido encaminadas a que los líderes delincuenciales en los distintos municipios ya conocen la operatividad electoral por lo cual se han influido en distintos procesos de décadas pasadas. Con base a lo anterior, esta misma semana Aureoles Conejo presentó una iniciativa y propuesta al Instituto Nacional Electoral, en manos de Lorenzo Córdoba, donde plasmó las ideas para evitar que lo anterior se vuelva a repetir en el proceso del 2024. “Hablamos de la importancia de replantear el modelo electoral porque los delincuentes ya saben cómo operarlo y, por eso, el futuro de México está en riesgo. Esto lo digo porque todo lo que se ha construido a lo largo de nuestra historia, las reformas constitucionales y las instituciones, termina el día de la jornada electoral cuando la delincuencia organizada decide por quién vota la gente en función de sus intereses”, explicó.
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