Luis Sigfrido Gómez Campos El transitar por los diversos caminos de México se ha vuelto peligroso. No sabe uno con lo que se puede topar. De repente en medio de una carretera bastante transitada te puedes encontrar con un tronco o unas piedras, algo casual que cualquier conductor sabe que pude ocurrir por un deslave o un camión maderero que no contuvo suficientemente bien su carga. ¿Pero qué ocurre cuándo nos detenemos a mover hacia un lado de la carretera el obstáculo que nos impide continuar nuestro viaje?, sale de entre la maleza un grupo de gente armada con el rostro cubierto y, amenazantes, nos despojan de todas nuestras pertenencias de valor. Y así, nos mantienen por un buen rato mientras la fila de autos detenidos, aproximadamente 40, se hace más larga y la cantidad de víctimas crece. Esto sucedió hace pocos días en la carretera Arco Norte sobre el carril que va con dirección a Apan, en el estado de Hidalgo. La ola de desaparecidos en la carretera que va de Monterrey a Tamaulipas es incuantificable. Choferes, transportistas, vigilantes y muchos migrantes que viajan con la ilusión cruzar la frontera, simplemente han desaparecido en ese tramo carretero. ¿Ante quién quejarse? Las autoridades encargadas de contener la violencia se culpan unos a otros y, ya en varias ocasiones, se ha demostrado su participación con los grupos de la delincuencia organizada en algunos asuntos de desaparición y homicidio. En la ciudad de México la policía no tiene la capacidad de contrarrestar el poder de las bandas organizadas que en cualquier esquina te amenazan con un arma para despojarte de las cosas de valor; pero no sólo la gente que viaja en sus lujosos autos es víctima de la delincuencia. Cualquier parroquiano, gente humilde del pueblo se ve amenazada, vejada, golpeada y robada, en las unidades de transporte público por sujetos sin escrúpulos que la enorme impunidad ha permitido enquistarse en la gran urbe. En algunos estados se crean grupos organizados de “autodefensas” con el firme propósito de defender los legítimos intereses de un determinado sector de la agricultura que manifiestan estar cansados de las extorsiones y abusos de quienes se apropian del fruto de su trabajo. Pareciera estar justificada la creación de estos grupos en virtud de que sus objetivos coinciden con la finalidad primordial de garantizar la vida de la población de un estado; es decir, coinciden con el propio fin del Estado. Pero la experiencia internacional y la propia, nos han demostrado que, aunque la utilización de estos grupos pudiera parecer en principio de cierta utilidad, a la postre las propias organizaciones criminales terminan dirigiendo estos grupos y legitimando su actuación. Además, se debe advertir que se estaría renunciando a realizar una de las labores primigenias que corresponden indeclinablemente, al propio Estado. Existen por toda la geografía del país, retenes de civiles armados que detienen la marcha de cualquier ciudadano para interrogarlo sobre el origen y destino de su viaje. Y no obstante el temor que provocan estos grupos en la población, ahí están, inamovibles como la Puerta de Alcalá; no existe ninguna razón lógica que explique su permanencia. Los funcionarios de todas las corporaciones políticas y policiacas, los toleran porque, intentar quitarlos equivale a provocar un conflicto mayor. Pero ¿el ciudadano común? ¿el parroquiano que simplemente eligió esa ruta con su familia? Él, está obligado a obedecer, a acatar lo que le digan sin chistar, porque piensa que la seguridad de su familia es lo más importante en ese momento. Muchos tramos carreteros en diversos estados como Zacatecas, Jalisco, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, sólo por referir algunos, son prácticamente intransitables en términos de seguridad. Predomina un estado de conflicto en el que el Estado ha perdido el control, la gobernabilidad. Son zonas en las que, de intervenir las autoridades competentes para poner el orden, se crearía un conflicto, “un estado de guerra”, en el que la autoridad federal se ha negado a intervenir, recordando la política de Felipe Calderón. Las benditas redes sociales son las que han dado cuenta de las batallas encarnizadas entre los principales cárteles del país, por la disputa por las plazas más importantes para sus actividades. Los medios de comunicación convencionales utilizan de manera política esta información para obligar a las autoridades federales a negociar convenios de colaboración. La utilización del cuarto poder al servicio de la mercadotecnia. Las redes sociales difunden escenas dantescas que dan cuenta de la ferocidad e insensatez de algunos delincuentes y del enorme poderío que han acumulado para realizar sus actividades criminales. Es cierto que el poderío de estos grupos no es comparable a la potencia del Estado en términos armamentísticos, podrían combatirlos frontalmente y, a fin de cuentas, el poder del Estado prevalecería. Pero el costo de sangre de los mexicanos sería, muy alto. De ahí que el presidente López Obrador insista en seguir con su estrategia de “abrazos, no balazos”, y apostarle a implantar una alternativa a muy largo plazo de atacar las causas que le dieron origen a la desigualdad. luissigfrido@hotmail.com
La Voz de Michoacán
