Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Comunidades indígenas de Michoacán dan el “sí” a la consulta popular del próximo primero de agosto. La mayoría de las regiones de pueblos originarios apoyarán al ejercicio de democracia participativa que se ejecutará través del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo domingo. De acuerdo con la postura del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, únicamente la población de Santa Fe de la laguna en el municipio de Quiroga, negó la instalación de las mesas receptoras por determinación propia. El resto de las poblaciones en las distintas regiones indígenas apoyará el ejercicio que calificaron como necesario para atender los casos de “injusticias” a las que han sido sujetas las poblaciones originarias en los últimos años. En entrevista, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena, dijo que se accederá la consulta a través de las mesas receptoras y también se ha planteado que sean las asambleas comunales las que recojan la opinión comunitaria y la entreguen mediante un acta a las autoridades electorales del INE. “Por más de 8 días se realizaron en las comunidades asambleas generales que son las máximas autoridades en las comunidades para saber si se participa o no en la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. El consenso general es que, pese a que el INE no garantiza, las comunidades van a participar en la consulta. La única comunidad que no permitirá las mesas receptoras es Santa Fe de la Laguna. Sin embargo, el consenso del Consejo es respetar el derecho a participar en la consulta”, explicó. A diferencia del proceso electoral en donde se restringió el acceso a casillas en diferentes regiones originarias del estado, la determinación de las asambleas comunales y del propio Consejo Supremo indígenas es de garantizar el derecho de los ciudadanos a expresarse a través de la consulta. No obstante, pusieron sobre la mesa que la participación también podría ser a través de las asambleas comunales como colectivos y posteriormente entregada a las mesas receptoras. “Vamos a acudir a las mesas receptoras, especiales o mediante usos y costumbres. Es decir, consultas en asambleas generales y se va a remitir el acta a las autoridades que correspondan. Queremos acceder al derecho a la verdad y a la justicia a las víctimas por omisión del Estado mexicano, recordemos que los pueblos indígenas de Michoacán tienen desparecidos y asesinatos”, manifestó. Consulta, lista para el fin de semana A menos de 72 horas de que se celebre el primer ejercicio de democracia participativa en la historia reciente de nuestro país, ya se encuentra todo listo en cuanto operatividad y la próxima instalación de las mesas receptoras. La pregunta que encontrarán los michoacanos y los mexicanos en general es las mesas receptoras será: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. En opinión de David Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional electoral, se debe desprender y aclarar que el ejercicio ha cambiado respecto a lo propuesto en un inicio por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que planteaba la investigación y eventual juicio sobre la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Ataja la autoridad electoral que la consulta será vinculante sólo si participa el 40 por ciento o más de la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal de Electores, esto es, alrededor de 37 millones de ciudadanas y ciudadanos a nivel nacional, por lo que para poder crear las mencionadas comisiones de la verdad tendría que haber una buena respuesta ciudadana. Si la respuesta es “no”, entonces “implicaría que ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 35 constitucional, deben entenderse vinculadas a usar sus facultades discrecionales para ese fin; lo que no relevaría (ni al peticionario ni a ningún servidor público) de su obligación de denunciar aquellos hechos de los que tenga conocimiento y que puedan constituir un delito”. En un tema en el que incluso han ya abordado el INE a nivel nacional y la Suprema Corte, en el que se recuerda que la pregunta que se encontrarán los ciudadanos en las boletas no conlleva un juicio ni está direccionada específicamente a expresidentes. Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha aclarado que el ejercicio va encaminado más a la creación de comisiones de la verdad que aclaren la verdad sobre diversos hechos del pasado, no supeditados específicamente a ciertos actores políticos. Ni los ministerios públicos ni el Poder Judicial pueden ser vinculados a una acción mediante un ejercicio democrático de este tipo, y sólo pueden intervenir en función de pruebas y testimonios que permitan iniciar una investigación en forma.
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