Horacio Erik Avilés Martínez Lograr una entrega-recepción exitosa en la Secretaría de Educación en el Estado y organismos sectorizados implicará desvanecer posibilidades de que existan vicios ocultos en el procedimiento y que se esconda la realidad. Muchos aspectos de los lineamientos para la entrega-recepción protegen a los funcionarios entrantes, pero establecen acotaciones en tiempo que pueden ser peligrosos si se actúa de buena fe. El mayor riesgo es que se transmitan con toda su fuerza y vigor la corrupción, simulación y omisión imperantes en múltiples procesos y rubros estratégicos, a los cuales pueden ser atribuibles los catastróficos resultados y la pésima situación en la que se encuentra el sistema educativo estatal, que es el primer violador sistemático de los derechos humanos de los michoacanos, como lo exhiben los datos contundentes que presentan los informes anuales de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde invariablemente es el derecho a la educación de los michoacanos el que más afectaciones recibe. Debe imperar la verificación con evidencias valederas de todo lo que, se dice, será entregado en expedientes digitalizados. Un factor que debe considerarse para lograr operar una verdadera política educativa en Michoacán, de la cual hemos carecido durante muchos años es el estado de derecho, donde se cumpla la normatividad aplicable en la materia, comenzando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, que para miles y miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes michoacanos representan solamente buenas intenciones y son letra muerta. El estado de derecho en materia educativa es prácticamente inexistente, donde campea la falta de garantías, mientras medra la corrupción y reina la simulación. Es proverbial la falta de sanciones ante el incumplimiento de lo que la normatividad mandata, como se ha demostrado en decenas de ocasiones en las cuales se han hecho denuncias públicas, porque a falta de, como lo barruntaba José María Morelos y Pavón, "que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario", se ha optado por exhibir las irregularidades en la agenda pública, para que al menos sobrevenga una sanción social sobre el abusivo. Imaginemos el nivel de incivilización en el que vivimos en Michoacán, donde, mañosamente, ni siquiera se ha podido tipificar el tráfico de plazas y espacios en el sistema educativo como delito en el Código Penal del Estado de Michoacán, con la dolosa y burlona intención de obligar a las víctimas a tomar el ignominioso camino de intentar configurar el delito de fraude, lo cual es prácticamente imposible de lograrse. Socarronamente, los funcionarios ponen letreros donde invitan a los engañados a acudir a la Fiscalía, a la Contraloría o ante los jefes de quienes les timaron a quejarse o a denunciar. Decía el poeta Quevedo, que “donde no hay justicia es un peligro tener razón” y a la fecha aplica su apotegma en nuestro Michoacán de Ocampo. Cumplir y hacer cumplir en materia educativa es un asunto inaplazable para quien aspire a asumir las riendas de la política educativa en Michoacán y sacarla de la ingobernabilidad y del estado fallido en que se encuentra actualmente. Otro factor que sigue estando pendiente es el de la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que prácticamente es inexistente, ante el nivel de connivencia existente entre los organismos garantes y el poder ejecutivo estatal. Por ello, se atreven a efectuar actos de simulación y mentir al pueblo de Michoacán respecto al estado que guarda la educación, sus finanzas, sus recursos humanos, los niveles del logro en el aprendizaje, la situación socioemocional de maestros, estudiantes y sus familias, toda vez que reina la impunidad ante la opacidad y la omisión en la rendición de cuentas. A la fecha, desdeñando los compromisos con la gobernanza, persiste la ausencia de un sistema propio de indicadores y de una ruta de mejora al respecto. Maridado completamente con el factor anterior está la metamórfica corrupción, que ha pervertido procesos enteros, miles de conciencias y convertido comunidades de aprendizaje en lucrativos centros de negocios para corruptores y corruptos, vaciando de sentido a la escuela pública por completo. Es proverbial la impunidad ante actos de corrupción, ante la cual no se han sentado precedentes, no hay funcionarios que hayan sido vinculados a proceso por la Fiscalía Anticorrupción a la fecha, a pesar de que es del dominio público la existencia de redes de corrupción completas, piramidales y virales, que han convertido a las oficinas de la Secretaría de Educación en el Estado en un inmenso mercado negro, en una verdadera caja grande donde todo se monetariza. No se conocen a la fecha mecanismos de control de la corrupción, mucho menos acciones de combate frontal. Corruptores y corrompidos pululan en todas las áreas de la SEE y sus organismos sectorizados, todos coludidos y operando con valores entendidos. Enquistados en la estructura y áreas auxiliares buscan actualmente brincar a la siguiente administración pública estatal. Una consecuencia inmediata de las tentaciones emitidas por la corrupción es la ausencia de voluntad política para resolver la problemática, el muy escaso compromiso de la autoridad con la educación estatal. La omnipresencia de incentivos perversos para sostener la inercia o precipitar la caída explican el desinterés por mejorar el estado de la educación, toda vez que el costo de la inacción en el ejercicio de las atribuciones de ley es prácticamente nulo, mientras que los retornos y beneficios que se obtienen por la omisión, el engaño, la indolencia y la simulación pueden ser millonarios. Otro factor que requiere resolverse es el saneamiento de los recursos humanos del sistema educativo michoacano, donde imperan la ausencia de planeación, programación y presupuestación en la materia, manifestados en la contratación de personal basificado sin control ni fundamentación de alguna índole. Por supuesto, al estar destinado más del noventa y cinco por ciento del presupuesto estatal al sostenimiento de la nómina educativa en una entidad tan profundamente corrupta es sinónimo de la presencia de actos de corrupción a granel en el manejo de los recursos humanos: Compraventa de plazas, espacios, cambios de adscripción, ascensos, préstamos y jubilaciones, donde todo se monetizó desde hace décadas, con presencia cada vez menos discreta de la delincuencia organizada. En el sistema educativo pareciera operar una agencia de colocaciones, de plazas automáticas, heredadas, subastadas y otorgadas a cambio de favores inconfesables, pero fácilmente adivinables. Por si fuera poco, el factor sindical se ha imbricado con estas redes de lucro, toda vez que muchos líderes del gremio, pertenecientes a expresiones tanto con, cómo sin toma de nota presionan y se coluden con las autoridades para obtener privilegios mediante la comercialización de beneficios con cargo al Capítulo 1000 del presupuesto educativo estatal. En contrapunto, reina la ausencia de atención directa, efectiva e incorrupta para la base trabajadora, por lo cual deben de transitar indefectiblemente atrapados por los tentáculos de la corrupción, en caso de querer ejercer sus derechos laborales a su favor. Otra ausencia que ha pesado en la administración estatal es la de la gobernanza, factor que en las democracias avanzadas está presente acompañando el proceso evolutivo de las políticas públicas, en el ciclo de mejora continua en donde los actores gubernamentales, de la mano de la ciudadanía ejercen la autoridad con sinergia, transparencia y construcción de confianza. A pesar de haberse comprometido ampliamente la actual administración pública estatal claudicó en responder honrando la palabra y la firma del gobernador de Michoacán al respecto. Los mecanismos de participación ciudadana son pocos, inoperantes, capturados, simulados o cooptados a cambio de otra clase de favores, de compromisos y de intercambios. Al reinar los conflictos de intereses y la simulación, además del desdén gubernamental acompañan a la crisis de gobernanza la indignación y el desánimo. Un factor adicional que pesa enormemente es la calidad del marco normativo en la materia, que es obsoleto, inarmónico, con inmensos vacíos y buena dosis de inaplicabilidad, por lo cual pareciera que muchas disposiciones de carácter centralista arriban a Michoacán con la consigna virreinal que decía “hágase, pero no se cumpla”. Será muy importante una armonización a fondo de la normatividad estatal, empezando por la Ley Estatal de Educación, que no contempla muchos factores que, con la pandemia han cambiado, como la necesidad de garantizar presupuestación, hibridación del modelo educativo y el cumplimiento irrestricto de las medidas sanitarias, el cuidado de la salud socioemocional de los estudiantes, trabajadores de la educación y sus familias, el apoyo socioeducativo para los estudiantes más marginados, en situación de pobreza o de vulnerabilidad, entre otros factores. Definitivamente, la calidad de los servidores públicos en los cuales delegó su confianza el gobernador de Michoacán no puede exceder la calidad del sistema educativo, al haber sido designados opacamente y por factores no meritocráticos, con total falta de perfil académico, con inexperiencia en responsabilidades en la materia, habiendo sido exhibidos mintiéndole, manipulando información o simulando ante la ciudadanía, factores que violan la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, pero se les sostiene a pesar de todo, por contar con un nombramiento. En el colmo de los absurdos, mientras hay funcionarios que cobraron como “maestros” y “doctores” durante la actual administración, sin poseer cédula profesional que los acreditase como tal, ¡para ser maestros del Programa Nacional de Inglés exigen la friolera de 16 requisitos! De esta manera, la ausencia de rectoría del estado en materia educativa se explica de origen por la falta de autoridad que infunden las personas improvisadas que son designadas como servidores públicos en materia educativa sin poseer los estudios, las competencias, la experiencia, la vocación ni la integridad para serlo. Ahí se explican los vacíos de la autoridad. Se suma a lo anterior el factor institucional, donde no ha habido un verdadero desarrollo organizacional. Brillan por su ausencia los manuales de operación debidamente instrumentados, no existe gestión de la calidad, partiendo de la indefinición de procesos, de indicadores de desempeño, de una política de la calidad y de una evaluación que pudiera llevar a que se obtuviera una respectiva certificación. Sin un enfoque de mejora continua que acerque al cumplimiento de una misión institucional resulta prácticamente imposible que se salga de la deriva y el estancamiento en el sistema educativo estatal. Por si fuera poco, el factor presupuestal que tiene hundido en la crisis más grave de que se tenga memoria al sistema educativo pesa más que nunca, por los malos manejos creados y heredados, donde hay un déficit financiero multimillonario que tiene a miles de trabajadores de educación sin pago, lo cual aleja cada vez más la posibilidad de un eventual retorno a la presencialidad en materia educativa. Quien aspire a hacer política educativa debe presentar soluciones integrales para estos diez factores, para empezar. ¡Merecemos un gobierno educador! Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
