Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Suman mil personas y familias desplazadas por el conflicto armado entre grupos delictivos que se libra en la Sierra Costa Michoacana. Más de una decena de comunidades de Coalcomán, sufren el proceso de éxodo ante los niveles de violencia, extorsión y enfrentamientos entre cárteles. Las imágenes difundidas sobre las caravanas de población abandonando sus viviendas y llevando a cuestas sus pocas pertenencias, revela la fuerza del conflicto que se vive en la región de la Sierra Costa ante el silencio institucional de los tres niveles de gobierno. Activistas de Coalcomán, denunciaron que son más de una decena de comunidades las que se encuentran en condiciones de éxodos de población, misma que se ha dirigido tanto la cabecera de este municipio como al vecino Tepalcatepec, para buscar refugiarse de los enfrentamientos entre grupos delictivos. El padre Jorge Martínez, párroco de la parroquia de Santiago apóstol en Coalcomán, destacó que hasta el momento se tiene un conteo de 1 mil personas que han dejado sus viviendas para buscar protegerse de las balas y de las amenazas. Las caravanas de refugiados, tienen la intención de evitar cualquier atentado y de esquivar los caminos destruidos de las carreteras de la zona serrana. Celebró la solidaridad del pueblo de Coalcomán y de otras comunidades de dar asilo a quienes han llegado a la cabecera para buscar refugio del conflicto. No obstante, a pesar de los llamados al gobierno Estatal y Federal para que se atienda la situación, hasta el momento no hay respuesta por parte de ninguna de las autoridades tanto de la Policía Michoacán como del Ejército Mexicano e incluso la Guardia Nacional. Las personas que se han movilizado son de las localidades de Las Nueces, Las Parotas, El Aguacate, Los Laureles, Ticuilucan y La Limonera, El Puerto de las Cruces, Las Rosas, Piedras de Lumbre, El Salitre, Las Pilas, Maruata y Maruatilla. Debieron haber salido más de unas mil personas. Estás personas salieron hacia dos lugares, dependiendo de esta zona. Muchos tuvieron que huir hacia Coalcomán y otros hacia Tepalcatepec. En la parroquia les hicimos la propuesta de que si no tienen a dónde ir llegarán a la casa pastoral. La gente en Coalcomán es muy buena y nos han hecho el favor de recibirlos en diferentes casas”.Jorge Martínez, párroco de Coalcomán. Hace apenas una semana trascendieron los primeros cortes de carretera y bloqueos de vías federales de comunicación como parte de las manifestaciones de poder del narcotráfico en la región. La Voz de Michoacán dio a conocer la demanda y denuncia por parte de la población respecto a que ya se encuentran “en las mismas que Aguililla”. Al igual que dicho municipio, los cortes de las telecomunicaciones, electricidad, alimentación y abasto de productos de primera necesidad, ya fueron cortados desde hace varios días. El temor al desabasto crece con el paso de las horas ante la falta de intervención del estado mexicano. A pesar de los llamados el silencio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el gobierno del Estado o el Gobierno Federal, ha sido evidente en las últimas tres semanas. La única instancia que se ha pronunciado al respecto es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en donde se advirtió que son al menos cinco garantías individuales las que se han violentado en los últimos días es la población de Coalcomán. El encargado del despacho de la CEDH, Uble Mejía Mora, llamó a las autoridades estatales y federales a garantizar el tema de la gobernabilidad en la región. Explicó fue por parte del presidente municipal de Coalcomán que el organismo recibió la denuncia de la situación que acontece el desplazamiento de la población. El desplazamiento de personas es una violación a los derechos humanos. Las autoridades son las responsables de garantizar a las personas desplazadas el derecho a la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y empleo, en tanto no existan las condiciones para que puedan regresar a sus hogares”. Uble Mejía Mora, encargado del despacho de la CEDH. El desplazamiento de población por la violencia, se traduce en vulneración al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal, la seguridad pública y al libre tránsito; pero además conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados. Cabe destacar que, desde hace más de un mes, el Gobierno Federal a través de las distintas dependencias del programa sociales, sostienen mesas de trabajo en la comunidad vecina de Aguililla. Asimismo, se mantiene un despliegue de más de 1 mil elementos en la región para tener la condición de inseguridad.
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