La Voz de Michoacán La decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de hacer un conteo “voto por voto” en la elección de gobernador de Campeche ratifica lo que está dicho: nada se acaba hasta que se acaba. La decisión de la mayoría de los magistrados ha dejado un sinfín de expresiones en todo el país, y de manera interna los cuartos de guerra de los proyectos declarados ganadores en cada uno de los estados han trazado nuevas rutas legales para evitar escenarios catastróficos. De paso, deja tremenda regañada a los órganos electorales locales por no hacer el trabajo que les corresponde hacer. Lo que ocurrió en Campeche es que el porcentaje entre el primero y segundo lugar era tan cerrado, que no era necesario que el tema rebotara al órgano superior y se resolviera en el mismo estado. Sin embargo, en tiempos de tanta convulsión social parece que lo ideal para los árbitros y tribunales estatales es mejor deslindarse de responsabilidades, canalizando las carpetas a otras instancias. Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, son otras tres entidades en donde se ha judicializado el resultado y aunque los tribunales locales se han pronunciado, aún hace falta que la Sala Superior determine la ruta a seguir, tras los recursos legales interpuestos por los proyectos que no fueron declarados ganadores. Se espera que conforme avancen los días los magistrados resuelvan estas elecciones. Es preciso referir que, aunque aún no hay nada firme, los protocolos y trámites deben ir avanzando. Nada debe distraer a nadie, además de que no son tiempos para hacer más grande la herida. Los magistrados, conforme a los tiempos que están debidamente establecidos, tomarán decisiones. Los gobiernos estatales que salen deben prepararse para la entrega-recepción, y las autoridades electas tendrán que seguir su camino. Los equipos jurídicos tienen el trabajo encima, y cada parte debe argumentar perfectamente sus posicionamientos. De esto depende el futuro de sus defendidos. En Michoacán el relevo de la gubernatura está programado para el mes de octubre, son cinco semanas, y en ese periodo muchas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, que quede firme la constancia de mayoría otorgada por el IEM.