Horacio Erik Avilés Martínez Lamentablemente, el calendario escolar avanza en el resto del país, mientras que pareciera ser que en Michoacán existe un estado de excepción a la regularidad educativa nacional. La ausencia de garantías para las generaciones en formación es evidente, ya desborda al propio sistema educativo y, en lugar de ser el motor de la movilidad social, cimiento de esperanzas y motivo de evolución, se ha convertido en una penosa sombra, aún más oscura que muchos otros asuntos públicos estatales. El abismo educativo que padecemos es sumamente alarmante y ya solamente comparable con flagelos sociales como la inseguridad, la violencia, la incidencia delictiva, la pobreza, la desigualdad y la crisis económica. Después de más de un cuarto de siglo de abusos, omisiones, actos de corrupción, indiferencia y negligencia es que se ha terminado de conformar el coctel de problemas en que se encuentra convertido el sistema educativo estatal, sin que haya indicio alguno de que durante este mes habrá pasos por retornar a la regularidad. La ausencia de rectoría e ingobernabilidad ya no son propiciadas desde la inconformidad de uno o dos grupos fácticos, sino que esos factores se generan desde la tensión imperante entre los poderes y órdenes de gobierno, lo cual en lo político genera múltiples consecuencias, derivadas de la indefinición del poder judicial ante el denominado “juicio madre” promovido por la alianza PRI-PAN-PRD contra el triunfo en las urnas de MORENA, hecho que mantiene en una semi parálisis al proceso de entrega-recepción, pero también en el arribo de recursos financieros a Michoacán, que significarían el pago de salarios, bonos y prestaciones y, con ello, la evaporación de una de las banderas más legítimas de movilización que enarbolan las cúpulas sindicales. Explicablemente, el impago ha hecho caer en desesperación a las bases magisteriales, contando con solidaridad de amplios sectores ciudadanos. Entre actores gubernamentales, sindicales y políticos las acusaciones mutuas, las protestas, las declaraciones polarizadas y la falta de radicación de los respectivos pagos que se adeudan a más de 28 mil trabajadores de la educación han generado mucha discordia en el sector educativo. Lamentablemente, luce muy difícil que la reconciliación y la vuelta a la calma se den inmediatamente se paguen los salarios y prestaciones atrasadas. La violencia ha escalado a un nivel tal que no se ve pronta la recuperación de la centralidad del derecho a aprender de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en Michoacán. Y el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación por si fuera poco, no contempla un gran escenario para Michoacán rumbo a 2022, hasta la fecha. Al respecto, Mexicanos Primero presentó una serie de observaciones en rueda de prensa durante esta semana. Desde ahora se observan vacíos, insuficiencias y descuidos que acabarán golpeando a los estudiantes mexicanos. Particularmente, dadas las condiciones imperantes en nuestra entidad, un presupuesto escaso, desequilibrado y poco garantista puede recrudecer aún más la situación. Los hallazgos a escala nacional en el proyecto presentado por el poder ejecutivo al legislativo federal exhiben vacíos que impactarán en la nación, pero en Michoacán agravarán la situación en caso de no corregirse. Por ejemplo, se evidenció que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 (PPEF 2022) atiende insuficientemente la infraestructura, el equipamiento y la dotación de materiales a las comunidades escolares. Paralelamente, la educación inicial quedará capturada por intereses cuestionables como son el programa de los CENDIS, de los cuales existen dudas razonables respecto a su eventual uso político. Adicionalmente, no existe una política presupuestal para atender el abandono escolar, máxime que durante la pandemia se ha evidenciado este fenómeno alcanzó picos máximos históricos. Aunado a lo anterior, la educación socioemocional resulta ser un engaño, donde no existe presupuestación para atender el durísimo asunto de los suicidios entre niños y adolescentes, grupos etarios en los cuales se reportó más de un millar de casos durante 2020, lo cual debería dimensionar la magnitud de la crisis en la materia para los formuladores del presupuesto, pero indignantemente fue ignorado. La formación docente, un factor tan importante para contar con profesionales actualizados para afrontar los retos que la situación presenta también resulta estar olvidado. Apenas se dedican 81 pesos para cada maestro en el país para su formación durante 2022. Así resulta prácticamente imposible guardar buenas expectativas para el año próximo para Michoacán, a menos que se programen una vez más recursos extraordinarios, cuyo mal paralelo resultaría en la discrecionalidad de las partidas presupuestales mediante las cuales arribarían a Michoacán los mencionados recursos, toda vez que la inercia de los últimos años al respecto exhibe que suelen llegar a través de la opaca partida denominada U-080, que facilita la discrecionalidad en el ejercicio del gasto. Al respecto, Mexicanos Primero definió cinco recomendaciones para la construcción del PPEF 2022, que son, aumentar la cobertura para los apoyos en infraestructura y equipamiento, fortalecer las estrategias para revertir el abandono desde las escuelas, impulsar el aprendizaje socioemocional, apoyar la formación docente desde sus colectivos escolares y ampliar la cobertura de la educación inicial. Si son tomadas en cuenta, se pueden beneficiar la educación nacional y la de Michoacán en particular. Mientras a escala estatal, ya se está definiendo el equipo que se encargará de la educación estatal durante los próximos seis años. Se sabe que, mediante oficio se concertó una reunión para hoy en torno a la entrega-recepción en donde se designaron responsables por área. Ante la duda de si ello significaba nombramientos, se dijo que era solamente para la recepción y no significaba en automático la titularidad de las dependencias asignadas para los encargados de recibirlas. Sin embargo, es un hecho que se está definiendo desde ahora el gabinete estatal, ya que resultaría absurdo encomendar un proceso tan significativo que implica conocer hasta el tuétano el estado que guarda cada institución como para cortar la continuidad del conocimiento adquirido al respecto. Mínimamente, cada uno de los recipiendarios de la transición estarán muy cerca del próximo titular, en caso de que hubiera nombramientos que recayeran en personas distintas ya como titulares. En materia educativa hay muchos factores que requieren exista cuidado específico en esta transición, toda vez que es la dependencia que más recursos absorbe cada ejercicio anual, así como la que tiene la mayor plantilla de personal de la administración pública estatal. Destacan, la experiencia, de extitulares de la secretaría de educación en el estado, de exrectoras y de personas afines al tema educativo. Los retos son inmensos, pero también es sabido que en la coordinación de la transición se les han estado requiriendo a los más de cuarenta integrantes del equipo de transición diagnósticos, programas de trabajo, tarjetas informativas, objetivos, líneas estratégicas, propuestas de seguimiento a las promesas de campaña y compromisos entablados durante ésta, así como la elaboración de posibles acciones por el desarrollo integral de sus respectivas dependencias, con perspectiva al 2027. Entonces, en lo positivo, se está dando un buen inicio temprano, al dibujar lo que puede ser un documento que brinde aportes sustanciales al plan estatal de desarrollo, el cual deberá de conformarse de acuerdo con lo estipulado por la normatividad, incluyendo las respectivas etapas consultivas a la población en general, que es la columna vertebral del sistema de planeación democrática. Entonces, si se ha respetado y seguido estrechamente el proceso y la metodología planteada por la coordinación transicional, existen posibilidades de que en el sistema educativo no se improvise ni se actúe a la ocurrencia, sino que se cuente con un diagnóstico profundo y bien elaborado que posibilite la inmediata toma de decisiones, toda vez que el bono democrático que se alcanza en las urnas regularmente alcanza su máximo valor al inicio de todo periodo gubernamental. Mientras tanto, los grupos al interior de la estructura de mando de la Secretaría de Educación en el Estado también buscan prevalecer, ya perdiendo un tanto la institucionalidad y la lealtad hacia la actual administración pública estatal. Se sabe de muchos que han estado buscando al equipo de transición en aras de alcanzar la continuidad en sus encargos respectivos. Pero no solamente son funcionarios que desean continuar, sino que, al asalto de la SEE están varios grupos fácticos al interior. Todos juegan sus cartas para hacerse de la proximidad ante el nuevo gobierno, tratando de exhibir su capacidad de movilización, en aras de que ese sea el factor con el cual los dimensionen para la obtención de gestoría. En esta lucha encarnizada ya queda muy poco por develar, ya que las simpatías y enemistades entre actores sindicales, actores políticos y gubernamentales se ha manifestado, dejando muy atrás el disimulo y el sigilo que son necesarios para engañar a las bases y a los adversarios. Y mientras tanto, el regreso a clases avanza lento, se ve lejano que así suceda. La convocatoria para el retorno a la presencialidad tiene como fecha el próximo lunes 20, pero desde ahora, sin la resolución de la problemática ya mencionada y con los actos de protesta que son del dominio público luce pésimamente aspectado el llamado a las aulas que emite la SEE, partiendo de la falta de voluntad, de recursos y la excesiva beligerancia. Lo que es un hecho es que van tres semanas sin clases en Michoacán, una vez más estamos en el último lugar nacional en garantizar los derechos educativos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. Ante esta situación debemos actuar en diversas escalas. En lo individual, tratar de, en la medida de lo posible, volvernos rectores de nuestra propia educación: tratar de aprender algo nuevo, repasar lo que ya sabemos, leer un libro, ver documentales y ser líderes del aprendizaje en nuestro entorno familiar y comunitario, apoyando a los niños y jóvenes en su aprendizaje. Paralelamente, debemos mantenernos informados respecto a la política educativa, a la situación de la pandemia y a la toma de decisiones que se realiza al respecto por parte de los funcionarios responsables. En los espacios públicos debemos mantener disciplina social para controlar al máximo la difusión de la pandemia por COVID-19, para que entre todos vayamos generando mejores condiciones para el retorno a la presencialidad escolar, entre otros altos objetivos. Y debemos de tomar, más que nunca, una actitud de exigencia ante nuestros gobernantes respecto a que se emprendan acciones más garantistas en pro del derecho a aprender de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la entidad. No podemos permitir que se pasen estas dos semanas sin hacer algo más por la educación estatal. Nuestras generaciones en formación merecen educación. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
