Jaime Darío Oseguera Méndez Prometer no empobrece; cumplir es lo que arruina. Más o menos así reza el lugar común que se le atribuye a la sabia popular cuando se habla de política. Una vez que se gana el gobierno, ya sea en el ejecutivo o en el legislativo hay que tomar decisiones. El presidente López Obrador lo sabe. Es su especialidad. Por eso ahora que inicia la nueva legislatura federal, ha lanzado lo que en términos legislativos puede ser una de las iniciativas más definitorias de su gestión: la reforma al sector energético en materia eléctrica. En términos técnicos hay muchas claves para tratar de entender la reforma energética que propone el Presidente López Obrador, pero casi todos los analistas aceptarían que en resumen se trata de devolver el control del mercado eléctrico, es decir de producción y distribución de energía eléctrica al gobierno a través de la Comisión Federal de Electricidad. El punto de fondo es que el gobierno, en su alianza formal de Morena, Verde y PT , no cuenta con los legisladores suficientes para realizar los cambios legales que revierten la tan llevada y traída reforma estructural que hace apenas unos ocho años promovió el Gobierno de Peña Nieto, con el consenso de muchos de los actores que hoy siguen vigentes en el ámbito político. Hay varios asuntos que el gobierno ha planteado como justificantes de peso para la reforma y en los que hay que detenerse para analizar. El nuevo modelo no ha traído los beneficios que se publicitaron y a final de cuentas el ciudadano no ha visto reflejado en su bolsillo las reformas sino que han sido algunas corporaciones, empresas nacionales y extranjeras las que se aprovecharon de un nuevo modelo. En el camino se acusa de que la reforma estuvo plagada de corrupción para beneficiar a algunas empresas o personajes del gobierno quienes usando la información privilegiada obtuvieron ventajas en detrimento de la soberanía del país en materia energética. Siempre que hay estos debates entre dos posiciones extremas se plantean falsos dilemas, porque la realidad no es de un color o de otro. No es negro o blanco. Liberales contra conservadores o chairos contra fifís; estatistas contra neoliberales. Plantearlo así esconde gran parte del debate, y del problema. Es simplemente un asunto de definiciones. ¿Es conveniente que haya participación privada en el mercado de producción de energía? ¿Cuánto? ¿En qué actividades? ¿Es aceptable que en algunas ramas de la producción lideren los particulares? A mi me parece que sí, que es conveniente y deseable, diría que hasta necesario, sobre todo en condiciones que permitan que se beneficie el consumidor pequeño, mediano o grande. Ojalá fuera directamente al bolsillo de la gente pero claramente eso no ha sucedido con la reforma anterior ni tenemos evidencias de que pueda ser la consecuencia de esta reforma. La ola mundial de la participación privada en este tipo de sectores es irreversible. Se requiere innovación y competencia. Capitales de riesgo. Mezcla de recursos y proyectos conjuntos. No es un debate sobre si el sector eléctrico lo conduce exclusivamente el mercado o los particulares, sino de encontrar las fórmulas para mezclar armónica y constructivamente la participación de ambos. Transparentemente, sin corrupción. En la participación privada en este y otros sectores, lo importante será imponer limitaciones, promover energías limpias, aprovechar nuestras ventajas competitivas y tener claridad de que no todo lo que se hizo antes fue malo ni todo lo que se proponga ahora es por definición mejor. En todo caso es un problema político y no técnico. No es cierto que el estado sea ineficiente por definición ni que los particulares participen siempre eficientemente. Además un particular que interviene, invierte y toma riesgos en alguna actividad productiva, la que sea, de manera natural busca beneficios económicos o ventajas competitivas. Claro que al abrir el mercado energético en general y el de la electricidad en particular, provocó la participación de grandes empresas y este fenómeno juega en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad, que puede ser líder si no la exprimen con impuestos y le invierten para que sea un gran competidor en un mercado en el que también participen los particulares. Ahí está la discusión, si la vamos a dejar en el mercado tiene que ser competitiva e innovadora. Lanzar a la CFE a competir al mercado con déficits y limitaciones es conducirla al abismo de la muerte segura. Lo mismo sucede si le quitan toda la competencia y la dejan como único jugador: se convertirá en un gran lastre para las finanzas del estado. Un pesado elefante sin capacidad de inventiva ni movilidad. El Presidente cree que el gobierno debe llevar la rectoría de este sector y que puede hacer que las empresas públicas vuelvan a ser eficientes en contrasentido de la idea previa de ir permitiendo a los privados que inviertan para crear competencia, innovación, creatividad y avance en el sector. La vieja discusión del estado contra el mercado. En el camino tendrá que haber definiciones. Señaladamente del PRI. Votar en contra de la reforma que ellos mismos aprobaron será un terrible golpe a la nimia credibilidad del partido. Más aún cuando eso implica una alianza de cuerpo completo con el Presidente y Morena, lo que destruiría el compromiso del bloque opositor que integran PRI, PAN y PRD. Aquí es donde lo técnico, por desgracia pasa a segundo plano. Todos tienen que ceder. Vamos a ver si son capaces de construir una propuesta que incluya todo: fortalecer a la CFE, rastrear los visos de corrupción de momentos anteriores, permitir la participación de privados y, en el fondo mejorar la calidad del sector para beneficio de los ciudadanos. Eso nos prometieron todos y prometer no empobrece.
La Voz de Michoacán
