José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Sahuayo, Michoacán. Propietarios de vehículos importados en la región Ciénega de Chapala están a la espera de las reglas de operación para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, señaló Jesús González Ayala, presidente de la Unión Campesina Democrática de Michoacán AC (UCD), quien recordó que en el último padrón realizado por esta organización, en Michoacán circulan cerca de 800 mil unidades de procedencia extranjera propiedad, en su mayoría de productores agrícolas que las utilizan como auxilio en labores del campo; destacó también que la regularización de estas unidades equivaldría a una recaudación por este concepto superior a los mil millones de pesos. Aunque inicialmente el estado de Michoacán no entra dentro de las primeras entidades federativas de este decreto de regularización, de acuerdo con la óptica del líder de los productores agrícolas, la medida se hace indispensable en territorio michoacano como una medida para brindar seguridad a los propietarios de estas unidades, que de manera sistemática son acosados por las distintas fuerzas policiacas que operan en esta región con actitudes que rayan incluso en la ilegalidad, como la retención de los propietarios hasta que las familias consigan el importe de las multas que, en algunos casos, llegan hasta 30 mil pesos pagaderos en efectivo y sin recibo alguno. En lo que respecta al padrón realizado por su organización, González Ayala reconoció que éste debe actualizarse de manera constante ya que los flujos de migración en cada región de la entidad regularmente incrementan el número de unidades. Adelantó que un proceso de regularización vehicular generado desde el orden gubernamental evitaría también la operación de las franquicias de regularización, que generalmente son organizaciones temporales que se establecen en los municipios de la Ciénega con el ofrecimiento de trámites de regularización que generalmente no prosperan y van en detrimento de la economía de los productores agrícolas. Aseguró que en los municipios de la Ciénega de Chapala se tiene estimado que circulan entre 15 mil y 20 mil unidades, y la mayor parte de éstos son utilizados en actividades como ganadería, agricultura, comercio y otras actividades de producción primaria, aunque reconoció que algunos migrantes han encontrado en el acarreo y comercialización de estas unidades una fuente de ingresos adicionales, lo que les permite pagar su vuelo de regreso y obtener al menos el equivalente a mil o mil 500 dólares por cada unidad comercializada. Varios intentos En la búsqueda de apoyos para lograr esta regularización, la Unión Democrática Campesina de Michoacán AC generó acercamientos con Jorge Manuel Portes Lara, quien estuviera a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, para suscribir un convenio de colaboración mediante el que se pretendió ayudar a la organización campesina en las gestorías de legalización de los vehículos de procedencia extranjera. De acuerdo con la dinámica explicada por Portes Lara, los interesados en legalizar sus vehículos deberán presentar su solicitud ante la Unión Democrática Campesina para iniciar los trámites mismos que serán supervisados por el instituto político. Señaló González Ayala que la solicitud planteada es un asunto de justicia social, ya que muchas de las personas que adquieren un automóvil de procedencia extranjera no cuentan con empleo fijo, por lo que les resultaría imposible adquirir un auto de agencia. El tema fue presentado ante el Congreso federal durante 2017 y se esperaba que para junio de ese año pudiese haber sido resuelto, señaló Carlos Torres Piña, en ese entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán y hoy secretario de Gobierno, quien dijo que el mismo documento estaba turnado, en ese entonces, al Congreso local mediante la iniciativa presentada por el entonces coordinador de la bancada del PRD en el Legislativo Michoacano, Manuel López Meléndez. La Unión Democrática Campesina de Michoacán, a través de Jesús González Ayala, denunció nuevamente que los propietarios de estos vehículos son extorsionados por las corporaciones policiacas con cantidades que superan los 25 mil pesos y la retención de los vehículos o de los familiares de los propietarios, por lo que, de no resolverse, podría darse la inestabilidad social. Incluso, ante la tardanza para que Michoacán pueda entrar a este decreto de legalización, propietarios de este tipo de vehículos analizan la posibilidad de viajar a las entidades de la frontera norte con la idea de concretar el proceso en aquellos estados.
La Voz de Michoacán
