Arturo Molina / La Voz de Michoacán Michoacán. Sí hubo abuso policial en la intervención de gobierno en el conflicto de Arantepacua y Capácuaro del año 2017. A 4 años de distancia, el nuevo Gobierno de Michoacán reconoció por primera vez la actuación de la fuerza pública contra la población por parte de las instituciones policiales, así como el compromiso para la reparación del daño, tal como han ordenado la CNDH. Cuestionado por La Voz de Michoacán sobre la reparación del daño a las familias afectadas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que no hay duda de que las acciones de los elementos policiales derivaron en la violación de los derechos humanos de los pobladores de Arantepacua. Con base a lo anterior, anunció que harán caso a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto la reparación del daño y la atención a las necesidades de la comunidad enclavada en el municipio de Nahuatzen. Actualmente ya hay mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobierno y el Consejo Mayor de Arantepacua para definir los puntos del acatamiento, con el objetivo de que las familias y la comunidad queden conformes con lo dispuesto con las recomendaciones de la CNDH. “Nosotros vamos a acatar la recomendación. Estamos trabajando con la comunidad para tener esta recomendación. El acatamiento es en base a lo que la comunidad establezca… por supuesto que hubo abuso, eso es evidente. Funcionario, ahora fiscal Respecto a la participación de Adrián López Solís, secretario de Gobierno en aquel entonces y ahora fiscal general que debería encargarse de la investigación, respondió que “ese es un tema aparte; como Ejecutivo vamos a responder a lo que nos pone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que estamos revisando son los términos para que todas las partes queden conformes”. A pesar de que en diciembre del 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones por los hechos al gobierno del estado, el Ejecutivo estatal y los funcionarios implicados en las acciones del 5 de abril en Arantepacua, durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo, no respondieron de forma positiva e incluso negaron que existieran pruebas contundentes de violaciones a los derechos humanos. El argumento del entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, fue que debido a la naturaleza del conflicto la comunidad no permitió la entrada de las autoridades de procuración de justicia para el levantamiento de evidencias que permitieran establecer responsabilidades. Cuestionado sobre la situación a inicios de este 2021, ya como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López aclaró que, si bien aceptarían las recomendaciones de los organismos defensores de los derechos humanos, lo anterior no quiere decir que se aceptaban la responsabilidad de los hechos (abuso policial). En su caso, el ahora fiscal fungió como Secretario de Gobierno en el año 2017 y fue señalado de coordinar junto con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, el fallido operativo. Fue el pasado 6 de abril del 2017 que murieron por arma de José Carlos Jiménez Crisóstomo, estudiante de enfermería de 25 años; Luis Gustavo Fernández Cuenete, de menos de 16 años; y Francisco Jiménez Alejandre, de 70 años, murieron víctimas de disparo de arma de fuego; la comunidad acusó a los uniformados del Gobierno del estado de haber disparado en contra de la población en un abuso de la fuerza pública. Tenencia de las tierras, problema recurrente En ese contexto, las fotografías que logró documentar La Voz de Michoacán, dejaron ver el dolor de las familias y de los comuneros por las vidas que arrebataron las balas. Durante el encontronazo, resultaron lesionados siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, todos por heridas de arma de fuego y tres de ellos con lesiones que comprometen órganos vitales; semanas más tarde uno de los elementos falleció por las heridas. Tras los hechos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación sobe la queja lMOR/293/2017 y emitió medidas cautelares de protección por lo que respecta a la detención de 38 personas provenientes de la localidad de Arantepacua, a las que se sumaron 10 más tras el enfrentamiento ocurrido el 6 de abril de ese año en la comunidad del municipio de Nahuatzen. La comunidad de Arantepacua y Capacuaro (municipio de Uruapan), ambas enclavadas en la Meseta Purépecha, llevan más de 70 años de conflictos por la posesión de 500 hectáreas de tierras; al momento del operativo del 6 de abril ambas comunidades habían concretado 18 mesas de negociación para determinar la posesión de la extensión. Actualmente la tensión entre comunidades indígenas por la tenencia de la tierra es una constante en distintos puntos de la geografía michoacana.
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