Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Desde que Diego Urik fue detenido, el 30 de septiembre de 2020, cambió varias veces de abogados, mismos que solicitaron al menos dos amparos. Estas acciones han alargado el proceso penal hasta 14 meses y nuevas impugnaciones podrían agregar más tiempo hasta que finalmente se lleve a cabo el juicio oral correspondiente. El pasado 24 de noviembre se tenía programada la audiencia intermedia en la que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaría todas sus pruebas para demostrar la culpabilidad del imputado por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, sin embargo, Diego solicitó de último momento un cambio de representantes, lo cual fue aceptado por ser un derecho casi sin condiciones. Esto valió para que la audiencia se aplazara hasta este jueves, cuando finalmente se llevó acabo el desahogo de pruebas. El juez de control, Fernando Hernández Hernández, había advertido a los nuevos representantes del imputado que no permitiría pretextos para que este 3 de diciembre llegaran sin haber solicitado y estudiado todas las carpetas de investigación y los materiales audiovisuales del caso. Siendo las 9:00 horas de este jueves, la audiencia intermedia finalmente comenzó sin contratiempos. Diego Urik entró a la sala 9 de juicios orales, anexa al Cereso Lic. David Franco Rodríguez, lo hizo custodiado por dos policías procesales, quienes lo ubicaron al lado de su recién nombrado abogado Jesús Medina. Una vez más, ningún familiar lo acompañó. A unos 2 metros, la mesa de Jessica se conformaba por su madre, Veronica Villaseñor; Lorena Bedolla, asesora y representante de Atención a Víctimas, y personal del Ministerio Público, quienes presentaron y defendieron las pruebas que se han recolectado desde los inicios de la investigación. Con 81 testimonios y 31 pruebas periciales, la Fiscalía inició formalmente con la acusación y reconstruyó el caso: El 21 de septiembre de 2020 Jessica González Villaseñor salió de su casa a las 17:00 horas para encontrarse con el imputado, quien llegó por ella en un auto para dirigirse al fraccionamiento Bosque Monarca. Luego llevó a la víctima al extremo sur del conjunto habitacional y ahí la agredió sexualmente, la violó y la golpeó provocándole una hemorragia y la muerte por traumatismo. Diego llamó a dos de sus amigos para solicitarles ayuda, pero estos se negaron a brindársela, por lo que el joven llevó solo el cuerpo a una zona boscosa en el circuito Bosque Monarca, donde dejó a Jessica desnuda de la cintura para abajo a las 18:43 horas. Mientras la fiscal leía la acusación una vez más, Diego se limitaba a mirar al juez y al escritorio que tenía enfrente. Cuando se dijo que se le atribuía ser el autor material, dirigió rápidamente la mirada hacia la mesa de la víctima. La reparación del daño que anunció la fiscalía es de 616 mil pesos por actos crueles y haber expuesto el cuerpo violentado; 7 mil 900 pesos por los gastos funerarios y 63 mil pesos por daños a la moral y la pena máxima de 50 años de prisión. Por su parte, la representante de Atención a Víctimas, con argumentos de haber expuesto el cuerpo de la víctima en un lugar público y los actos de violencia sexual, solicitó que para la reparación del daño haya una indemnización de 3 millones de pesos, con base a la profesión que ejercía la víctima; además de un pago por la cantidad de 73 mil pesos para el tratamiento terapéutico de las víctimas indirectas. Ambas solicitudes las recibió el juez de control, quien luego de escucharlas, pidió a la defensa de Diego que manifestara su teoría del caso. El representante Jesús Medina dijo al juez que su teoría se basaba en una nueva prueba que demostraría que Diego no fue la persona que privó de la vida a Jessica, pues había datos que no se habían analizado hasta ahora en las investigaciones y que tienen que ver con tiempos, ubicaciones y geolocalizaciones que no corresponden con las pruebas que culpan a Diego. JUEZ ADMITE MAYORÍA DE TESTIMONIOS El juez, antes de continuar con el punto anterior, ordenó que se llevara a cabo el debate de pruebas entre ambas partes. El abogado Medina buscó excluir varios de los 81 testimonios con argumentos de que algunos eran sobreabundantes, que otros no cumplían con las reglas, y destacó el testimonio de una policía, que -según el abogado- debía desecharse porque no se atendió con perspectiva de género siguiendo los protocolos establecidos cuando se trata de un feminicidio; luego de un acalorado debate por este punto entre ambas partes, el juez concluyó que tal y como argumentaban los representantes del Ministerio Público, el inicio de las investigaciones fueron por una denuncia de desaparición, no de feminicidio, además de que el protocolo sólo es una guía y una propuesta, por lo que el testimonio sí fue avalado. Otro testimonio que se intentó quitar fue el de la madre, padre y padrastro de Diego, pues se alegó que a ellos no se les informó que podían reservarse el derecho a declarar y a contar con un asesor; sin embargo, la solicitud fue rechazada por el juez, quien argumentó que las tres personas sólo declararon como testigos, razón que no obliga a brindarles abogados y que no hay dato real que demuestre que las autoridades no les dieron la información correspondiente. La mayoría de los 81 testimonios fueron reconocidos y admitidos por el juez Fernando Hernández Hernández. DIEGO NO LA ASESINÓ, DICE ABOGADO La arma más fuerte con la que contaba la defensa de Diego Urik no resultó como esperaban. Los nuevos abogados, que tienen 10 días estudiando el caso, argumentaron que por inexperiencia de los representantes anteriores y por desconocimiento del imputado, no se advirtió de información que sería una “nueva prueba” a favor del acusado. El abogado Medina informó que llevó a analizar con dos expertos las coordenadas geográficas de geolocalización del teléfono móvil de la víctima y que no coinciden con el lugar donde se encontró el cuerpo y que el celular continuó teniendo actividad el día del homicidio y días posteriores. Con esos argumentos solicitó que peritos especializados ahondaran en el tema y se tomaran en cuenta las “nuevas pruebas”. La fiscal y la asesora contraargumentaron enérgicamente para demostrar, primero, que a Diego siempre se le dio la facilidad a voluntad para que eligiera varias veces a sus representantes técnicos y que de admitirse una nueva prueba se estaría violando el debido proceso, pues se entraría a una etapa que ya no corresponde y contraviene el límite temporal de la audiencia intermedia, es decir, que el tiempo para las pruebas ya culminó. Por otro lado, aclararon que el teléfono nunca fue encontrado y que era totalmente inaceptable decir que Jessica usó su celular días después de su muerte. El juez resolvió que él no está facultado para aceptar una nueva prueba, pues esto es labor del Tribunal de Enjuiciamiento, y que cada que se concluye una etapa en el proceso penal, ésta se cierra y que “no está previsto en el código que en la etapa intermedia se den nuevas líneas de investigación y la Corte dice que ya no se puede retroceder”. APERTURA DEL JUICIO ORAL Antes de emitir auto de apertura del juicio oral, la siguiente y última etapa, el juez Hernández corroboró con la defensa los testimonios y pruebas admitidas y desechadas y concluyó que la acusación es por feminicidio, siendo Diego Urik el acusado de ser el autor material y para quien se solicita se dé una pena máxima de 50 años y los pagos para la reparación del daño mencionados anteriormente. Sin embargo, el juez dijo que ambas partes pueden impugnar sus decisiones en un determinado plazo de tiempo. Si no se impugna, se terminaría el proceso y se entraría al juicio oral, para el cual aún no hay fecha designada. Dicho esto, dio por terminada la audiencia intermedia que duro seis horas. En entrevista con la madre de la víctima, Veronica Villaseñor, lamentó que una vez más que se tengan todas las pruebas en la mano y aun con el dolor de la familia, se busque aplazar más la llegada de justicia para su hija. “Es obvio que los abogados de Diego buscarán impugnar, eso ya lo sabemos, pero no entiendo por qué hacer tiempo, por qué hacer más tiempo, la Fiscalía y yo estaremos revisando y puliendo todos los documentos”. Sobre el teléfono que sigue en actividad, la madre cuestionó que eso a qué abona: “el abogado cuestiona la actividad del celular pues que su cliente [Diego] le diga dónde lo dejó. Si mi hija sigue usando su teléfono, que me diga dónde para irla a buscar”.
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