José Luis Ceja / La Voz de Michoacán Sahuayo, Michoacán. Pese a que oficialmente se dio a conocer que Michoacán sería una de las entidades federativas que ingresarán en el decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, la Unión Campesina Democrática de Michoacán AC no cuenta todavía con información oficial, destacó su líder, Jesús González Ayala, quien dijo que, de confirmarse esta posibilidad, se les estaría dando la razón a los miles de propietarios de vehículos extranjeros, en el sentido de que esto reactivaría las finanzas estatales. Cifras proporcionadas por esta organización destacan que solamente en los municipios que integran la región Ciénega de Chapala se registran entre 18 mil y 20 mil unidades, y si se toma en consideración el costo promedio de la regularización en los estados de la franja fronteriza norte, las percepciones para las finanzas del Estado superarían los 56 millones de pesos, en tanto que, en conjunto, Michoacán podría generar una recaudación superior a los mil millones de pesos, ya que el último intento de censo en la entidad arrojó la existencia de casi 800 mil vehículos circulando en el estado. En entrevista telefónica, Jesús González Ayala destacó que hasta el momento no cuenta con una versión oficial, salvo lo dado a conocer a través de los medios de comunicación, y será en esta semana que buscará la posibilidad de que organizaciones de este tipo puedan coadyuvar con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración para agilizar la integración de los expedientes, ello, dijo, en virtud de que existen organizaciones que cuentan ya con los expedientes integrados y listos para el trámite. El activista destacó que en caso de que el gobierno de la entidad acepte esta colaboración de las organizaciones, el tiempo necesario para la legalización de la totalidad del parque vehicular se reduciría a la mitad de lo que pudieran estimar las autoridades. Acto de justicia social Destacó que la anuencia dada por el presidente de la República para que Michoacán acceda a la posibilidad de regularización no debe verse solamente como un acto de libertad recaudatoria para la entidad, sino también como un acto de justicia social para con las familias de los migrantes que, en muchos casos, cuentan con un vehículo de procedencia extranjera como parte de su patrimonio; de esta forma, aseguró, se ata de manos a diversas corporaciones policiacas que han visto en los propietarios de estos vehículos una fuente ilícita de recursos mediante la implementación de operativos policiacos carentes de sustento legal y que constituyen prácticamente un atraco a la ciudadanía. En lo que respecta al padrón realizado por su organización, González Ayala reconoció que éste debe actualizarse de manera constante ya que los flujos de migración en cada región de la entidad regularmente incrementan el número de unidades. Adelantó que un proceso de regularización vehicular generado desde el orden gubernamental evitaría también la operación de las franquicias de regularización que generalmente son organizaciones temporales que se establecen en los municipios de la Ciénega con el ofrecimiento de trámites de regularización que generalmente no prosperan y van en detrimento de la economía de los productores agrícolas. Aseguró que en los municipios de la Ciénega de Chapala se tiene estimado que circulan entre 18 y 20 mil unidades y la mayor parte de éstos son utilizados en actividades como ganadería, agricultura, comercio y otras actividades de producción primaria aunque reconoció que algunos migrantes han encontrado en el acarreo y comercialización de estas unidades una fuente de ingresos adicionales lo que les permite pagar su vuelo de regreso y obtener al menos el equivalente a mil o mil 500 dólares por cada unidad comercializada. Los antecedentes El tema de la regularización de autos “chocolate” ya había sido presentado ante el Congreso federal durante 2017 y se esperaba que para junio de ese año pudiese haber sido resuelto, señaló Carlos Torres Piña, en ese entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán, quien dijo que el mismo documento estaba turnado, en ese entonces, al Congreso local mediante la iniciativa presentada por el entonces coordinador de la bancada del PRD en el Legislativo michoacano, Manuel López Meléndez.
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