Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A más de tres meses del fallo histórico de la Suprema Corte que declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país, la diputada Fanny Arreola se pronunció por derogar (eliminar) el delito penal de aborto consentido y voluntario en Michoacán. La legisladora propuso la desaparición de la pena de 6 meses a 2 años de prisión cuando el médico cirujano, el comadrón, la partera, el enfermero o el practicante de salud hagan abortar a una mujer embarazada, siempre y cuando tengan su previo consentimiento. Asimismo, la coordinadora de la Representación Parlamentaria planteó derogar la pena de 6 meses a 1 año de trabajo a favor de la comunidad, cuando la mujer decida voluntariamente abortar. Arreola Pichardo aseguró que la iniciativa de modificación al Código Penal no contiene una propuesta a favor del aborto ni obliga a nadie a interrumpir el embarazo, sino que ofrece una opción a las mujeres para decidir con dignidad sin ser criminalizadas. La iniciativa confirma la sanción de 3 a 8 meses de prisión en contra de quien practique un aborto sin consentimiento de la mujer, así como 6 a 9 años de cárcel, si hubiera violencia física o psicológica. El anteproyecto ratifica las excluyentes de responsabilidad penal del aborto: violación sexual, inseminación artificial no consentida, procreación asistida no consentida, precariedad económica, peligro de la vida o de la salud de la madre, y malformación congénita. Más de 200 mujeres detenidas en México por crímenes relacionados con el aborto, sin tener una condena oficial por aborto. Son acusadas de infanticidio, filicidio, omisión de cuidados u homicidio en razón de parentesco por tener partos espontáneos o partos prematuros o emergencias obstétricas. A la fecha, el aborto solamente se encuentra despenalizado en la Ciudad de México, en Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, anotó Arreola. Cabe recordar que la Ciudad de México eliminó el delito de aborto voluntario antes de las 12 semanas de embarazo en el año 2017. El pasado 7 de septiembre de este año la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto que se viene imponiendo a las mujeres embarazadas y a los médicos que lo practican, al resolver una acción de inconstitucionalidad gestada en Coahuila.