Comunidades indígenas y gobierno estatal firman convenio de seguridad

Arturo Molina / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán. Ante la necesidad de contener la incidencia delictiva en la región purépecha del estado y con la consigna de conservar y fortalecer las rondas comunitarias, 11 comunidades indígenas de Michoacán signaron el convenio de colaboración con el gobierno del estado.

El acuerdo considerado sin precedentes en la historia reciente marca la pauta para continuar con el proceso de adecuación de las leyes orgánicas de los municipios y asentar en la ley la existencia de las fuerzas rurales indígenas.

Al firmar el convenio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla insistió en el apoyo que brindarán a las comunidades indígenas tanto en seguridad como en desarrollo, salud y economía para los próximos años, e incluso el respaldo para que más comunidades sigan asentando su autogobierno.

“Aún falta caminar hacia la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que aún no reconoce a las comunidades, para lo cual se está trabajando de forma coordinada con las comunidades, las cuales se irán sumando paulatinamente. Los pueblos indígenas no estarán solos, sino que llevarán el acompañamiento tanto del gobierno estatal como de autoridades que integran la Mesa de Seguridad, esto con el objetivo de atender la demanda más sentida que tienen, como es la seguridad, y de hacer valer sus derechos ante conflictos que los han marcado, como el caso de Arantepacua, en donde se está poniendo todo el empeño para atenderlo”, explicó el mandatario michoacano.

Firmaron el convenio los representantes comunitarios de Santiago Azajo, de Coeneo; La Cantera, de Tangamandapio; Angahuan, de Uruapan; San Ángel Zurumucapio, de Ziracuaretiro; San Felipe de los Herreros, de Charapan; Donasiano Ojeda y Crescencio Morales, de Zitácuaro; Santa Fe de la Laguna, de Quiroga; Cheranátzicuirin, de Paracho; Janitzio, de Pátzcuaro, y Arantepacua, de Nahuatzen.

Destacó que el convenio es también un reflejo de la Ley Orgánica Municipal, que se reformó este año y que les da a las comunidades la categoría de autogobierno; además de que atiende la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 12, fracción 10, la cual establece como obligación de todas las áreas de gobierno atender de manera transversal las políticas interculturales y acciones que impulsen el desarrollo, reconozcan su carácter jurídico y garanticen sus derechos y libre determinación.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, insistió en que parte del proyecto estatal del gobierno de Ramírez Bedolla parte de la necesidad de impulsar a las comunidades a alcanzar el autogobierno y posteriormente el presupuesto directo.

“Queremos que las comunidades puedan acceder a su autogobierno. El gobernador nos ha pedido que acompañemos en los planteamientos esta petición del reconocimiento del autogobierno. Aquellas comunidades que desconocen de este procedimiento, los podemos acompañar en este proceso”, comentó ante la presencia de los miembros de la Mesa de Seguridad.

El Ejecutivo estatal insistió en que los cientos de comunidades originarias de Michoacán deben seguir los pasos para alcanzar el presupuesto directo, en el que se señala formar su propio consejo y alcanzar el estatus de autogobierno ante el Instituto Electoral de Michoacán.

En su intervención, el general José Alfredo Ortega Reyes, secretario de Seguridad Pública, explicó que se buscará el respeto de la autonomía de las poblaciones, en tanto que cada comunidad contará con una atención especializada a sus necesidades.

“El convenio marco de seguridad pública está basado en una visión delas particularidades de pueblos indígenas sin perder el enfoque de que Michoacán está constituido de manera intercultural. Queremos un convenio individualizado a los pueblos originarios. Los gobiernos estamos obligados a respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas”, acotó el mando policial.

En este contexto, los pueblos originarios se pronunciaron rebasados por el crimen organizado en distintas regiones, situación que les ha valido para ver afectados sus intereses en el desarrollo económico, ambiental y la amenaza a su seguridad.

Jorge Ramírez, representante de la población de San Felipe de los Herreros, insistió en que el convenio es apenas un paso. “El día de hoy es histórico para las comunidades indígenas y para el gobierno mismo y para las comunidades que ejercemos autogobierno y nuestro propio recurso. Tenemos que brindar a la población todos los servicios que correspondían a los municipios, ahora de manera más formal, y se reconoce a los cuerpos de seguridad tradicional que siempre han existido: las rondas comunitarias. Qué bueno que ya se reconozcan a las policías comunales, pero es apenas un paso. Hemos sido rebasados por la gente que anda en actividades ilícitas”, manifestó.