Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Los autogobiernos indígenas y los presupuestos directos se encuentran bajo litigio ante la Suprema Corte de Justicia, confirmó Marlene Mendoza Díaz de León, consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), quien advirtió que “tardan bastantes meses” esas sentencias definitivas, ya sea de absolución o de condena. El alcalde de Erongarícuaro, el morenista Juan Calderón Castillejos, ha demandado la invalidez de dos artículos de la Ley Orgánica Municipal (que impulsó el hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la 74 legislatura, a favor de las comunidades indígenas) bajo el argumento de invasión de competencias de los ayuntamientos. Mendoza Díaz de León consideró necesario que el máximo tribunal entre al fondo de la controversia para dar luz a las comunidades indígenas y a las autoridades michoacanas. Con el voto de 8 ministros, la Corte puede invalidar cualquier norma estatal con efectos generales por violación de preceptos constitucionales. La también presidenta de la Comisión Electoral para Pueblos Indígenas informó que el IEM ya está dándole contestación a la controversia constitucional a través del informe circunstanciado. El edil de Erongarícuaro ha impugnado los artículos 117 y 118 de la Ley Orgánica Municipal. A través de ellos, las comunidades indígenas pueden solicitar el ejercicio de presupuestos directos y asumir funciones de los ayuntamientos, lo que viola –según el alcalde- el artículo 115 de la Carta Magna. El IEM, el Ejecutivo y el Congreso han sido llamados a juicio ante la Corte, a raíz de la consulta en Jarácuaro para preguntar si el pueblo desea ejercer poder municipal a través de la autoridad tradicional. Se expone el alcalde de Erongarícuaro a ser expulsado, a ser sacado por la fuerza, si entra a las comunidades indígenas, advirtió uno de los representantes de Jarácuaro, Armando Bartolo. La controversia constitucional tambalea el presupuesto directo que ya están ejerciendo alrededor de 20 pueblos originarios, señaló a su vez Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena, el cual agrupa –dice él- a autoridades civiles, comunales y tradicionales de 65 comunidades originarias de Michoacán. El juicio ante la Corte podría durar entre 1 y 3 años, lo que genera zozobra y desgaste, en espera del fallo con efectos generales. A la fecha hay 26 localidades indígenas en la ruta del presupuesto directo, con autorización de las asambleas, puntualizó Pavel Guzmán. A pregunta expresa (y a contracorriente del litigio ante la Corte), la consejera Marlene Mendoza informó que el IEM ha presupuestado realizar 70 consultas a comunidades indígenas durante el año 2022, previendo que ese número de localidades activen tal mecanismo de participación ciudadana, tras cumplir con las normativas y los tiempos, con un costo de 7 millones de pesos. Además, el IEM destinaría 708 mil pesos para estímulo al personal operativo. Hasta el momento el IEM solo tiene 4 solicitudes físicas de consulta, que están en trámite y que corresponden a las comunidades de San Miguel Curahuango (municipio de Maravatío), San Pedro Jácuaro y San Matías Grande (Hidalgo) y Carapan (Chilchota). La consejera comentó que alrededor de otras 10 comunidades se han acercado al IEM para preguntar de qué se trata el autogobierno indígena y el presupuesto directo para tomar alguna determinación. Al cuestionársele cómo están proyectando 70 consultas para el 2022, Mendoza explicó que la Ley Orgánica Municipal otorga a 129 tenencias con comunidades indígenas el derecho al autogobierno y a la administración directa de recursos públicos (incluyendo todo el impuesto predial que recauden), previa consulta libre, informada y de buena fe, siempre a cargo del IEM. En entrevista, Eréndira Isauro, diputada por Paracho y presidenta de la comisión legislativa de asuntos electorales, señaló que el alcalde de Erongarícuaro es edil de la 4T y pertenece a su distrito. Durante la consulta en Jarácuaro, a orillas del lago de Pátzcuaro, “hubo división y llegaron a la confrontación porque las personas externas no dieron toda la información sobre lo que implicaba la autonomía, el presupuesto directo y el presupuesto participativo. Lo que no quiere el edil es que la gente quede conflictuada, y tampoco quisiera yo, por esas lagunas en la reforma municipal”. La morenista apuntó que le corresponde al IEM organizar las consultas indígenas. Sin embargo, “algunos compañeros se toman la iniciativa de ir a decirles a la comunidad: oye, pide tu presupuesto directo o participativo, y no dan información completa”. La diputada Eréndira Isauro enfatizó que hay euforia por los presupuestos directos, pero también mucha desinformación en las comunidades “y luego vienen las consecuencias y los conflictos”. Y evidenció: “Hay comunidades que dicen: no estamos preparados para el presupuesto directo y tampoco sabemos qué es eso del autogobierno. Hay comunidades que estaban levantando la mano, pero al ver el conflicto en Jarácuaro han decidido esperar”. -¿Hay una tendencia a la ‘oaxaqueñización’ de la Meseta Purépecha, a la proliferación de gobiernos por usos y costumbres? – “Es precisamente lo que hemos observado. Las comunidades están confundidas. Algunas están a favor del presupuesto directo, pero no tienen en mente el autogobierno. Me han expresado varias comunidades: no estamos preparados, no tenemos información”. Por separado, la diputada petista Gabriela Cázares, presidenta de la comisión legislativa de pueblos indígenas, valoró que el gobernador Ramírez Bedolla tenga como línea de trabajo garantizar el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas. Asumió que la actual demanda de presupuestos directos está en boga por ser la época de la aprobación de los paquetes económicos. “Esto ya está en las leyes municipales gracias al respaldo del gobernador. Antes las comunidades tenían que promoverse un juicio para acceder a ello”. Según la Ley Orgánica Municipal, al ejercer presupuestos directos, las autoridades indígenas deben obedecer reglas de fiscalización, de transparencia y de responsabilidades administrativas. “Hay muchas dudas porque dicen que van a ejercer su recurso como ellos quieran, sin rendir cuentas y no es de esa manera. Ellos también tienen obligación de rendir cuentas del recurso a la Auditoría Superior. Pero todavía hay huecos en la Ley. Hay que ir subsanando lagunas, vacíos y omisiones”, señala Gabriela Cázares. Falta regular la fiscalización del recurso público asignado a las comunidades indígenas. Los Ayuntamientos les ceden derechos, pero también obligaciones, remató Marlene Mendoza.
La Voz de Michoacán
