Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A partir de la reforma municipalista de 2021, las comunidades indígenas ya pueden exigir tajadas presupuestales que van desde los 2 millones hasta los 30 millones de pesos al año, bajo el criterio de proporcionalidad poblacional dentro de cada municipio. Sin embargo, las comunidades se ven orilladas a recurrir a presuntos especialistas en derechos de autonomía y autogobierno indígena en Michoacán, que navegan con bandera de redentores, que cobran 25 por ciento de las cuantías conseguidas en sentencia definitiva. Auténticos coyotes con piel de oveja asedian a las tenencias en la ruta por la administración directa de los recursos. Con el despertar de las ambiciones locales en muchos pueblos tradicionalmente olvidados por las cabeceras municipales, las nuevas autoridades se ponen en manos de “expertos” en ciencias antropológicas, prestos a cobrar sumas desproporcionadas por concepto de honorarios: por estudiar el caso, por redactar escritos de demanda, de alegatos y de agravios, por consulta verbal en el despacho, por intervenir en audiencias y diligencias. El Colectivo Emancipaciones, atrincherado en la UNAM, y el Consejo Supremo, con su bastión en Santa Fe de la Laguna, trabajan coordinados en pueblos sumidos en la desinformación, la confusión y el divisionismo interno. Teremendo le pagó 514 mil pesos a su emancipador, en la litis por la jefatura de tenencia.