Martha Patricia Acevedo García “Con cada lengua que se extingue, Se borra una imagen del hombre” Octavio Paz México es país multicultural, así lo establece nuestra constitución federal en su artículo segundo desde la reforma de 2001; sin embargo, no siempre ha sido así, por lo menos no en el ámbito jurídico. Desde la caída de Tenochtitlan, ocurrida según las interpretaciones históricas, el 13 de agosto de 1521, los pueblos indígenas han luchado por lograr el respeto de sus derechos y de su diferente forma de concebir e mundo. En el ámbito latinoamericano la consagración de estos derechos a nivel constitucional ocurrió por primera vez en la constitución de Guatemala en 1986 iniciando así el camino para que otras constituciones de distintas naciones latinoamericanas reconocieran también en su texto los derechos de los pueblos originarios, entre las que se encuentran Brasil, Colombia, Paraguay, México, Perú, Argentina, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. En nuestro país, la primera reforma en esta materia ocurrió en 1992, cuando se reformó el artículo 4° Constitucional, lo que sentó las bases para que en el año de 2001, durante el periodo del presidente Vicente Fox Quezada, se diera la llamada reforma Indígena, y se trasladara del citado artículo 4° al artículo 2°, siendo esta última una reforma mucho más amplia y de mayor sentido social, aun cuando no llegará a reconocer a los pueblos originarios como sujetos de derechos colectivos. La histórica lucha que han presentado los pueblos indígenas de nuestro país ha sido una llena de avances y retrocesos, pero sobre todo una resistencia y dignidad para lograr alcanzar planos de igualdad en relación con la población no indígena, que les permitan armonizar su cosmovisión con el desarrollo de nuestro país y obtener un trato equitativo en los diversos espacios sociales que se vinculan al desarrollo de nuestro país. Es cierto que desde la década de los 90 del siglo pasado se han logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos indígenas, pero también lo es que aún falta mucho por hacer, pues no hemos sido capaces de llevar a nuestro quehacer cotidiano lo que se encuentra señalado en el segundo numeral de nuestra carta magna, por lo que los pueblos indígenas siguen enfrentando grandes rezagos en materia de salud, trabajo, educación, autodeterminación entre muchos otros en los que la población no indígena claramente recibe mejores oportunidades y consecuentemente mayores beneficios. Mientras ello siga siendo así, el espíritu de la reforma indígena seguirá sin alcanzar sus objetivos centrales, mientras ello siga siendo así difícilmente podremos hablar de nuestro país como una nación verdaderamente pluricultural que entiende que es precisamente en la diversidad cultural donde radica nuestra mayor fortaleza, que debemos construir los puentes necesarios para que los indígenas reciban los mejor del mundo occidental sin tener que renunciar a sus saberes y conocimientos y que la población no indígena reciba también la sabiduría milenaria de los pueblos originarios. Basta con mencionar nuestras necesidades en derechos educativos de niñas y niños indígenas, se fundamentan en el respeto de su lengua original, ello requiere que se desarrollen los mecanismos necesarios para que se brinde a educación bilingüe e intercultural tal y como se establece en la segunda fracción del apartad B del artículo segundo, pues de los elementos que componen toda cultura resulta fundamental el idioma como el componente aglutinante. Las niñas y niños indígenas tienen derecho a una educación pertinente y de calidad, que cumpla de la mejor manera con las expectativas que la educación primaria ofrece como el pilar fundamental para la trasformación de sus vidas, respetando además su cosmovisión, para ello resulta importante ciertamente la entrega de becas y la mayor cobertura educativa pero también es necesario un mayor dinamismo a través de políticas públicas más eficaces y eficientes que respeten la identidad y valoren las diferencias, planes y programas de estudio que consideren la opinión de las autoridades educativas locales así como de los diversos sectores sociales, materiales didácticos que contribuyan a la preservación de las lenguas indígenas, el respeto y la promoción del uso de la lengua indígena de que se trate, así como la realización de las consultas pertinentes para la promoción y protección de los derechos indígenas. Todo ello abonará al cierre de la brecha educativa existente entre la población indígena y la no indígena.
La Voz de Michoacán
