Jorge A. Amaral Esta semana, el Ayuntamiento de Morelia, a través del comisionado de Seguridad, Alejandro González Cussi, informó de los nuevos lineamientos para estacionarse en la zona Centro de la capital del estado. Básicamente fue delimitar dónde no y dónde tampoco estacionarse, esto en aras de mejorar la movilidad de la ciudad y mantener calles despejadas. Eso está muy bien, sobre todo sabiendo lo importante que es el Centro Histórico para la Presidencia Municipal, siempre ávida de dar buena imagen a los turistas, que al final son el alma de muchas de las políticas municipales, no de ahora, sino desde siempre. En esos lineamientos obviamente que entran los limpiaparabrisas y lavacoches del Centro, a quienes el Ayuntamiento dice que ahora sí va a retirar. Lo más llamativo de esa política de ordenamiento vial fue lo que dijo González Cussi y que, que yo sepa, a ningún reportero le brincó (no he visto en ningún medio local que haya sido tema de nota): “No es un tema de necedad mantener las calles limpias. Tiene que ver con el tema de la seguridad. Nos baja el robo de vehículos hasta en un 30 por ciento. Franeleros, viene-viene y limpiaparabrisas nos disparan los indicadores y el Centro ya fue desplazado como la zona de mayor robo”. A decir del comisionado, estas personas que, franela y bote en mano, se ganan la vida, disparan los índices delictivos en el Centro, los robos, asaltos y demás. El caso es que el funcionario, que, hay que decirlo, algo le sabe al tema de la seguridad pública, no ofreció datos que sustenten la relación directa entre los limpiaparabrisas y lavacoches con la incidencia delictiva. Si no ofrecen cifras de lo que el comisionado dijo, el comentario sólo queda como una muestra de clasismo por parte del funcionario. Sí, esta es una administración de güeritos, y eso no es malo, lo malo es que criminalizan el trabajo informal de esos hombres y mujeres. Ya desde la pasada administración de Alfonso Martínez se planteó retirar a esas personas, y como en ese entonces, ahora tampoco se habla de alternativas para ellos, porque les quieren quitar el sustento pero no se habla de buscar inserción laboral para ellos y ellas. Sólo quieren quitarlos porque les afean la ciudad, y entonces el viaje del alcalde a España, a donde fue a hablar bien de la ciudad para atraer turistas, será en vano. Imagine usted, qué feo escuchar a un funcionario alto, de piel blanca y ojos de color ofreciendo lo mejor para el turismo, luego de ello, atravesar el océano y llegar a una ciudad donde hay gente pobre y morena invadiendo las señoriales calles de la ciudad. Vaya, dirá cualquier turista, la Ciudad de las Canteras Rosas es también la Ciudad de las Mejillas Morenas. Si por lo menos González Cussi hubiera ofrecido datos, su comentario tendría sustento, pero pues no fue el caso. Digna, la deuda de AMLO El 19 de octubre de 2001, la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada. Ya desde la década anterior había denunciado amenazas y hostigamiento en su contra por su labor en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En 1996, Amnistía Internacional alertó sobre las amenazas de que Digna Ochoa y la también abogada Pilar Noriega eran objeto con la acusación de defender a presos de conciencia, supuestos zapatistas. En 1999 fue privada de la libertad por sujetos que la interrogaron sobre su labor en el Centro Prodh, los presos a los que defendía y la existencia de casas de seguridad de grupos guerrilleros en México. Luego de eso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó establecer medidas para proteger su vida y la de otros compañeros suyos del Centro Prodh. En el año 2000 se exilió en Estados Unidos debido a las constantes amenazas, pero al año siguiente decidió regresar a México para defender a los hermanos Cerezo Contreras, universitarios que habían sido detenidos en agosto de ese año por presuntamente haber hecho estallar bombas en sucursales de Banamex en la Ciudad de México, además de llevar la defensa de campesinos ambientalistas encarcelados en Guerrero. Este último caso es el que podría haber sellado su destino. Según el hermano de la activista, Jesús Ochoa, el cacique de Petatlán, Rogaciano Alva, habría sido el autor intelectual del homicidio, esto debido a que el también ganadero era además un potentado de la madera, y miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán ya se habían manifestado contra la voracidad y depredación por parte del también exlíder de la Asociación Regional Ganadera del estado y cercano al exgobernador Rubén Figueroa. Pero además, ese ilustre personaje, cuyos dos hijos varones murieron en menos de 24 horas en atentados en su contra, tiene otros sambenitos, como el homicidio y el uso de sus influencias para encarcelar a otros activistas que estorbaban a sus intereses, además de estar relacionado con el narco. De hecho, en 2008, afuera de su casa, amaneció una hielera en la que pusieron la cabeza de uno de sus colaboradores en la Asociación Ganadera, y una cartulina en la que le reclamaban por homicidios de mujeres. Lo más llamativo de esto: el mensaje iba dirigido no sólo a él, sino a Reynaldo Zambada García, quien, entre otras gracias, además de estar preso en Estados Unidos por narcotráfico, tiene la particularidad de ser hermano del Mayo Zambada, el intocado decano del Cártel de Sinaloa. De ese tamaño fue el entramado en que Digna Ochoa perdió la vida, de ese tamaño eran los intereses que afectaba con su activismo, y es que de ese tamaño de delincuente era Rogaciano Alva, quien en febrero de 2010 fue detenido en Guadalajara por sus actividades delictivas. Ese señor fue acusado de siembra de marihuana y amapola, además de liderar una célula de La Familia Michoacana y conseguir armas de grueso calibre a través de su alianza con el Cártel de Sinaloa, pues en ese entonces pretendía erigirse como capo de todo Guerrero, expulsando a grupos como el Cártel de los Beltrán Leyva y Los Zetas, que se disputaban el territorio en esos ayeres calderonistas. Cuando Digna Ochoa fue asesinada, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México era Andrés Manuel López Obrador, el procurador de Justicia de la capital del país era otro cercano al ahora presidente, Bernardo Bátiz, y en Seguridad Pública capitalina estaba otro alfil obradorista, Leonel Godoy, quien al año siguiente sería reemplazado por Marcelo Ebrard. Esto no sería importante si en ese momento no se hubiera manejado con total opacidad el caso de la activista. Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano a reparar el daño y reabrir la investigación de este asesinato, al encontrarlo culpable de todas las fallas, intencionales o involuntarias, para dar con los responsables materiales e intelectuales de la muerte de la activista. La CIDH encontró que hubo toda una serie de fallas, desde el procesamiento de la escena del crimen hasta la autopsia, y una investigación sesgada. Recuerdo bien que, en ese entonces, las autoridades capitalinas salieron a decir que Digna Ochoa se había suicidado, lo cual resultaba una idiotez, pues nadie se suicida de un golpe en la boca, un balazo en el muslo y otro en la cabeza, apuntándose desde la parte trasera del cráneo. Además, desde la Procuraduría capitalina se vertieron declaraciones que desacreditaron a Digna Ochoa, que si era esto o aquello, que si andaba así o asá, todo para criminalizarla y responsabilizarla de su propia muerte. Hoy, 20 años después, con un Bernardo Bátiz a quien AMLO quiso acomodar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un Leonel Godoy en el Congreso y muy cercano al presidente y un López Obrador que se ha pronunciado por resarcir los daños del pasado y pagar deudas históricas con las víctimas, toca al Estado mexicano hacer justicia, no sólo declarando, como pide la Corte, fechas en honor de Digna Ochoa o dedicándole edificios y premios, sino encarcelando a los responsables. Que por fin la voz de Jesús Ochoa y otros activistas se escuche y se proceda contra los responsables, tanto particulares como funcionarios e instituciones involucradas en el homicidio y en que la investigación adquiriera ese sesgo incluso sexista para desviar la atención de un caso que requería toda la seriedad dada la importancia que la agresión a un activista reviste por los factores involucrados. Es de dudarse que vaya gente a la cárcel o a declarar, puesto que los involucrados en la investigación hoy están encumbrados en el gobierno federal y Rogaciano Alva, principal sospechoso, ya está preso (no encontré datos sobre si había sido liberado). La resolución de la CIDH sólo viene a conformar lo que siempre se supo. Otro despliegue Esta semana se desplegaron miles de efectivos del Ejército, quienes, con la SSP, realizarán operativos en municipios de alta incidencia delictiva, como Morelia. En el caso de la capital, los operativos consistirán en instalar retenes y filtros de revisión en (sí, adivinó) las entradas de la ciudad. No tiene sentido llenar de retenes los accesos a la ciudad si los delincuentes ya están adentro, bien campantes, matando, robando, asaltando, vendiendo droga. Por ejemplo, había muchos soldados en la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas. Si esa es la estrategia, estamos jodidos. No, morros, los criminales no van a llegar al Monumento, hay que ir a buscarlos a las colonias y fraccionamientos. ¿O es que también irán sobre limpiaparabrisas y lavacoches que afean la ciudad? Es cuánto.
La Voz de Michoacán
