Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Extorsión y cobro de piso impacta a canasta básica de la región de tierra caliente y sierra costa de Michoacán. Activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron la ausencia del estado en el control de precios de los productos de primera necesidad. Alimentos como la tortilla ya alcanzaron los 30 pesos por kilogramo, mientras que otros productos cárnicos y de primera necesidad y materias primas también incrementaron en cuestión de días. A pesar de ser una de las regiones más prósperas en cuanto a ganadería y producción agrícola, el alto costo de los alimentos lleva una carga de impuesto que va destinada a los bolsillos de los grupos de la delincuencia organizada, como en el caso concreto de los cítricos y lácteos. El padre Gregorio López Jerónimo, activista y presbítero de Apatzingán sentenció la problemática en la que los bolsillos de los trabajadores son los más golpeados por la crisis económica y la presencia del crimen organizado. A través de un comunicado, la organización el Buen Samaritano, integrada por activistas como Hipólito Mora Chávez, señaló que la única empresa prospera de Michoacán "se llama sicariato". Asimismo, sentenciaron que la política de "abrazos y no balazos" implementada desde la federación no ha tenido resultados palpables para garantizar desde la seguridad, gobernabilidad y en fechas más recientes, el sustento económico y alimentario de las dos regiones en disputa. "En la tierra caliente michoacana hay una ausencia de instituciones de gobierno y un vacío del estado. Por ningún lado vemos a Profeco, no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos y atención a víctimas, ni a migrantes ni las Fiscalías están entre nosotros. No sabemos del lado están las instituciones de gobierno", manifestó la asociación civil a través de un comunicado. Asimismo, y respecto a los constantes enfrentamientos en tres células delictivas, los desplazados y las víctimas de la violencia, tampoco hay resultados tangibles en el corto y mediano plazo a pesar de los discursos esgrimidos por parte de los tres niveles de gobierno. "En Michoacán ya no solo es el narcotráfico y la delincuencia organizada. Hoy enfrentamos y experimentamos terrorismo cibernético, tenemos caminos minados, ataques con drones explosivos en las comunidades rurales, lo que conlleva a un desplazamiento forzado y la pérdida del patrimonio", manifestaron los activistas. Piden apoyo internacional A un año de que se agudizó el conflicto armado entre grupos delincuenciales, colectivos y activistas de la región de tierra caliente y sierra costa lanzaron un llamado al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales para frenar la violencia, el éxodo de población y la ola de homicidios. Exigen el reconocimiento de “conflicto armado interno” por el uso de instrumentos bélicos por parte de los grupos del crimen organizado, mismos que son de uso exclusivo del ejército y entre los que se destacan drones cargados de C4, vehículos blindados y armamentos de alto poder. municipios como Chinicuila, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán, Aguililla y Aquila siguen viviendo un clima de violencia y terrorismo agudizado durante los últimos 12 meses, lo anterior contradice la postura del gobierno del estado y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respecto a presuntos avances. A pesar de los despliegues operativos de los tres niveles de gobierno de los últimos meses, el desplazamiento forzado de civiles, víctimas de desaparición forzada, homicidios y secuestros siguen siendo el pan de todos los días. Con base al panorama anterior, exigen que se aplique un esquema de justicia transicional en la región con instrumentos jurídicos extraordinarios que permitan acceder a la justicia verdad y reparación del daño, garantías de no repetición y generar opciones pacíficas para la sociedad y el gobierno. Activistas de la región han denunciado que a pesar de los gritos de auxilio para la reactivación de la movilidad y la presencia de las fuerzas del orden, las acciones del gobierno central se han basado únicamente en programas sociales que poco o nada resolvieron en el último medio año.
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