Bernardo León El 20 de enero de 2022, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la creación de un fondo para apoyar a los municipios en sus tareas de seguridad pública denominado Fondo de Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz). Los recursos de dicho fondo se obtienen de “un tercio de la recaudación total del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo …” mejor conocido como el impuesto a la nómina. Hasta la publicación del decreto, se habían preseleccionado 42 municipios para entregarles un monto de 438.8 millones de pesos para gastarlos en seis rubros distintos a) capacitación y profesionalización; b) equipamiento; c) tecnología de comunicaciones; d) mejora en instalaciones; e) prevención de la violencia; y f) evaluación de los programas. Según el decreto, el gobierno del estado asumirá el 70 por ciento del monto total y los municipios deben aportar un 30 por ciento adicional. En mucho más de un sentido es una gran noticia para los municipios que estaban olvidados. Los vientos parecen cambiar, el 16 de enero de 2021 se anunció en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) un monto de 2 mil 700 millones para municipios, y apenas el 26 de enero la Secretaría Federal de Seguridad Pública reconoció que: “para lograr la pacificación del país se requiere capacitar y equipar a las policías estatales y municipales…” y para ello propuso que el dinero incautado a la delincuencia se constituya en un fondo para el equipamiento de los policías. Son grandes noticias porque tanto el presupuesto federal 2021 como el 2022 desaparecieron el Fortaseg (Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública Municipal), que era un fondo que se aplicaba a 300 municipios para fortalecer su seguridad pública, y por otro lado, la obligación constitucional de aplicar prioritariamente los más de 80 mil millones de pesos del Fortamun (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) a las policías, por diversas razones no se ha puesto en práctica en la mayoría de los municipios. Desde el inició de la presente administración el enfoque se puso en la creación de la Guardia Nacional (GN) casi como la única herramienta para controlar la delincuencia, esto a pesar de que en los primeros meses de la administración federal se logró que el CNSP aprobará el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPyJC) para orientar el desarrollo de las policías municipales y estatales y de que el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional que creó la GN se estableció que: “Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020…” No se cumplió y mientras a la GN le asignaron 62 mil millones de pesos en 2022 a las policías municipales les retiraron totalmente los fondos federales. La buena noticia es que el Gobierno del Estado ha asumido lo que llevamos muchos años diciendo: Que la recuperación de la seguridad – o de la paz como ahora se dice – no será posible sin policías municipales fuertes. La violencia desatada que vivimos recurrentemente en Michoacán – en forma de homicidios, extorción, trata, desplazamientos, etc. – se debe a la ausencia o debilidad del gobierno estatal y municipal para hacer cumplir la ley y procesar a quienes cometen delitos. El Fortapaz suena como una gran iniciativa, porque la solución está en las policías municipales… y en las fiscalías regionales, pero ya hablaremos de eso en otra entrega. @bernardomariale
La Voz de Michoacán
