Arturo Molina / La Voz de Michoacán Más de 60 mil personas de la región de Tierra Caliente y Sierra Costa de Michoacán fueron desplazadas por la violencia en un periodo menor a 18 meses. Las cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en cuanto al impacto de la violencia, superaron las estimaciones de activistas de la región. Ante medios de comunicación, Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la CEDH, aclaró que si bien la versión oficial de que las familias han comenzado a regresar a sus territorios luego de meses en el exilio, lo anterior representa un porcentaje mínimo en cuanto a la dimensión del problema. “Solo están regresando aquellos que no tienen a dónde irse o que no tienen trabajo”, Destacó el ombudsperson tras aclarar que la presencia del ejército mexicano y las fuerzas estatales no garantizan la pacificación total de las regiones de conflicto. A pesar del impacto de éxodo de comunidades por la “guerra” que libran grupos delincuenciales por el control de ambas regiones, ni el gobierno de Michoacán ni Federal han dado a conocer algún censo que permita conocer de manera oficial el fenómeno. El ombudsman sentenció que, en el despliegue de elementos del Ejército Mexicano de hace dos semanas, aún sigue sin considerar criterios como reparación de daños a la vivienda, la reapertura de escuelas, salud, mujeres violentadas y familias mutiladas por el efecto de la misma violencia. El emplazamiento de la CEDH respecto a la estrategia estatal y federal fue claro; a pesar de los esfuerzos los poderes facticos siguen superando en gran medida a las capacidades institucionales para subsanar la crisis de violencia. Cada vez hay menos gente en las poblaciones. Sí han regresado las personas que no tienen a dónde ir y que no tienen trabajo. No ha cesado la violencia. Los grupos de civiles armados solo se han minimizado en el impacto. La Estrategia de seguridad es unilateral e insuficiente. No se atiende educación, salud, mujeres violentadas, familias rotas, se necesita una atención multifactorial”, manifestó. Apenas esta semana, activistas de la región de lucir una presencia de más de 400 cadáveres abandonados en las viviendas de los pobladores que regresan después de casi dos años de conflictos entre grupos delincuenciales. Las casas abandonadas se convirtieron en tumbas para combatientes de los grupos delictivos. Municipios como Apatzingán, Aguililla, Tepalcatepec, Buenavista, Coalcomán, Aquila y Chinicuila siguen sufriendo los estragos de la pugna entre grupos delictivos que se escapó del alcance de los gobiernos locales desde hace al menos dos años. A la situación, se ha sumado que colectivos y activistas de la región de tierra caliente y sierra costa lanzaron un llamado al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales para frenar la violencia, el éxodo de población y la ola de homicidios. Exigen el reconocimiento de “conflicto armado interno” por el uso de instrumentos bélicos por parte de los grupos del crimen organizado, mismos que son de uso exclusivo del ejército y entre los que se destacan drones cargados de C4, vehículos blindados y armamentos de alto poder. En las últimas semanas, una nueva amenaza ya salido a relucir a la opinión pública; la existencia de minas enterradas en municipios como Tepalcatepec, Aguililla y Buenavista que, en el corto plazo, han dejado heridos y muertos tanto en el caso de personal militar como de civiles. A pesar de la amenaza que ha sido considerada como narco terrorismo por gobiernos locales y las víctimas de la violencia, hasta el momento no se ha dado a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga carpetas de investigación abiertas sobre el tema. Comisión de la verdad, sin respuesta La propuesta de instalar una comisión de la verdad qué investigue la actividad del narcotráfico y la violencia en el estado de Michoacán, así como sus repercusiones y cómplices ha sido ignorada a nivel Federal desde mes de octubre pasado. A finales de 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicito a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la creación de una comisión de la verdad qué evidencia la problemática y los alcances de la crisis de violencia que se vive en la actualidad. El ombudsman de Michoacán lamentó que hasta la fecha ni siquiera se les ha notificado de recibido en torno a las solicitudes emitidas a la titular de la CNDH. “Pedimos la instalación de una comisión de la verdad para ver desde donde y hasta donde llega el problema. Podemos ponerles nombre a los grupos de civiles armados, pero nos resta midiendo Hasta dónde está llegando por ejemplo con los niños. Se está normalizando este estilo de vida en las regiones. No son solo civiles armados hay sociedad civil participando, no sabemos hasta donde y si es consensuado, pero necesitamos verlo”, manifestó.
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