Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- En los últimos meses la Procuraduría Ambiental del Estado (PROAM), documentó al menos 26 querellas principalmente en las zonas urbanas del estado. El último informe colocó a la ciudad de Morelia como el punto dónde se han concentrado la mayor cantidad de denuncias en fechas recientes por contaminación auditiva, del aire, desarrollo habitacional y otras violaciones principalmente de empresas particulares. Se presentaron quejas y procesos legales en contra de la industria de competencia estatal, residuos de manejo especial; desarrollo de fraccionamientos; incendios de residuos; quema de basura; patio de maniobras; derribo de árboles e incluso la instalación de una antena de telecomunicaciones solo en el caso de la capital Michoacana. En el caso de Uruapan, como la segunda demarcación con más señalamientos ante la Procuraduría Ambiental, se destacaron al menos 3 denuncias en contra de empacadoras de aguacate. Debido a la propia naturaleza del proceso administrativo de sanciones, la ubicación y nombre de la empresa de mantiene en privacidad. Asimismo, trascendieron casos como Tacámbaro en dónde se denunció la explotación ilegal de un banco de materiales pétreos; quejas contra un relleno sanitario de Copándaro y el basurero de Hidalgo. En el caso de Huiramba trascendió la denuncia por malos manejos en el agua residual, mientras que en Acuitzio se denunció la tala de árboles. En total, se tienen al menos cuatro denuncias relacionadas al mal manejo de los residuos sólidos. Los basureros de Copándaro, Nueva Italia, Hidalgo y señalamientos a Morelia por la quema de basura. Cifras de la dependencia revelan que derivado de las denuncias interpuesta por ciudadanos y algunas más por oficio, han derivado en decenas de procedimientos administrativos en contra empresas y personas físicas. Se trata de procedimientos en contra de cambio de uso de suelo, fraccionaras, industria de competencia estatal e incluso, un centro comercial. Con base al panorama anterior, el titular de la Proam, Arturo Chávez Carmona, explicó que uno de los mecanismos de actuación de la Proam es a través de la denuncia ciudadana, el cual permite tener mayor alcance en todo el estado de Michoacán, de ahí la importancia de ser participativos en temas de interés social. “Por mucho tiempo se ha normalizado el tener un medio ambiente dañado, en el que la ciudadanía no denuncia, a veces por temor, pero otras, porque hemos estado acostumbrados a vivir en espacios contaminados, por eso es importante que todos ustedes se asuman como parte de una sociedad que en algunos años lamentará lo que no se hizo en el presente”, indicó el procurador ambiental. Son los bancos de materiales pétreos y los fraccionamientos los que siguen generando la mayor cantidad de quejas ciudadanas que proceden a forma de denuncia ante las dependencias de la Mesa de Seguridad Ambiental. Se advierte, que en el primero de los casos, existen hasta 400 bancos de extracción de materiales pétreos de Michoacán de los cuales, solamente 10 se encuentran totalmente regularizados y cuentan con los permisos correspondientes para la extracción de minerales, el resto, operan clandestinamente en detrimento de los ecosistemas forestales. Desde el 2016, los procedimientos en contra de las empresas constructoras de fraccionamientos también se cuentan por decenas. La mayoría de las denuncias en contra de las constructoras por irregularidades radica en la falta de los permisos de construcción y la afectación directa a los ecosistemas locales. Muchos de los desarrollos habitacionales que fueron construidos en Morelia en administraciones pasadas, incumplieron con los estudios de manifestación de impacto ambiental, uso de suelo, e incluso de riesgos. El incumplimiento en la normativa de urbanismo, ha generado contingencias en Morelia, como en el caso del Cerro de Quinceo, en la temporada de lluvias del 2018. Especialistas, han advertido que el crecimiento de las fraccionadoras ha rebasado la capacidad de los ayuntamientos, específicamente en el caso de Morelia. Muchos de los casos, las constructoras desarrollan grandes complejos de vivienda y posteriormente los residentes se quedan sin servicios de agua potable y drenaje durante años, hasta que el municipio alcanza a llegar a la zona.
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