Omar Cuiriz / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán.- Yo estoy llevando comida y medicinas a los expulsados, pero quien está buscando a los responsables de la violencia, cuestionó el Padre Gregorio López Gerónimo, conocido como Padre Goyo quien dijo que junto a otras organizaciones están buscando donde refugiar a familias amenazadas, cuando esta debería ser una labor del estado. “Quiero hablar de desplazados, pero también de expulsados y en su punto más grave, de fusilados, dijo desde el Congreso del Estado el Padre Gregorio López Gerónimo”, al hacer referencia a las realidades distintas que se viven en la Tierra Caliente. Explicó que el término ‘desplazados’ –problemática que ha endurecido- puede refiriese a las personas hostigadas que tienen algo de tiempo para pensar a dónde ir, recoger sus pertenencias, vender su ganado e incluso rentar sus parcelas, sin embargo, el expulsado no tiene tiempo para eso, pues actúa bajo mandato de un “fulano de tal que te manda a decir que te vayas o mueres”. Según el padre Goyo la Guardia Nacional hizo un censo en la Guardia Nacional en Tepalcatepec en el que registró mil desplazados, pero que sus datos son de 5 mil: “hablan de unos 8 o 9 mil desplazados [en la región], yo tengo contados 34 mil. Pareciera que la autoridad está volteando hacia otro lado, como si no fuera problema para el gobierno”. El también activista dijo que su grupo altruista apoya en 39 albergues o ‘casas de seguridad’ donde se esconden familias que huyen “porque viene perseguidos y tienen miedo, ahí les damos comida, hospedaje, atención médica, psicológica, espiritual y atención jurídica”. “La hemos hecho de abogados y amigos, los mandamos con un grupo de expertos para que se asesoren bien si quieren cruzar a Estados Unidos como refugiados, también se asesoran sobre cómo pueden presentar una denuncia, si quieren hacerlo”. Aseveró que no hay confiabilidad en las instituciones y que un gran problema es que no se tiene una sola denuncia porque en la Fiscalía no se tiene confianza: “En la frontera vimos mil 500 personas que salía huyendo y ninguna realizó una denuncia”. Expuso que son los activistas quienes hacen el trabajo del gobierno: “Solemos estar buscando una ventana en la Fiscalía para que reciba las denuncias, buscamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Médicos sin Fronteras, buscamos albergues donde puedan quedarse, pero esto lo deberían hacer las autoridades, no organizaciones y es lo que estamos clamando”. Las declaraciones del padre y activista se dieron durante la presentación de una iniciativa impulsada porla diputada Fanny Arreola Pichardo, nacida en la zona de conflicto y quien convocó a la rueda de prensa para presentar el proyecto que busca obligar a atender a los desplazados por la violencia en Michoacán. Sobre la diputada Goyo dijo que ella ha escuchado y vivido los relatos de “mamás y papás sangrando por dentro, con un dolor, muriendo”, por lo que ella puede ser una aliada dentro del gobierno que impulse el apoyo que deben tener las familias desplazadas, pues es su responsabilidad. “No están pidiendo limosnas ni migajas a la Cámara de Diputados, sino que se haga valer un derecho, estamos pidiendo algo que les corresponde con los 35 mil desplazados”. Advirtió que el problema escala cada vez más y que hoy están expulsando a profesionistas como enfermeras, maestros, médicos e incluso un sacerdote “que se quedaron para atender a la población, pero que lo hicieron cuando estaba otro cartel distinto al operante y hoy tienen que salirse”. También están expulsado a comerciantes y no hay nadie que vea por ellos y los defienden, sentenció. RESTITUIR LOS BIENES Dijo que es urgente una ley que observe que se cumpla la atención a migrantes y desplazados y que además sea capaz de restituir o pagar los bienes que fueron arrebatados por delincuentes. “Es un tema muy delicado, el hecho de que el estado asuma regresar los bienes al que fue desplazado, su parcela, su negocio, su tractor, pagarles significaría que el estado busque al responsable y eso no sucede”. Sin decir nombres, confesó que el jefe de plaza de Apatzingán tiene 300 propiedades a su nombre, entre parcelas, casas, vehículos y que lo sorprendente es que están declarados ante en el Registro Público de la Propiedad: “no me importa quién es, sino quién le firmo eso”. Dijo que evidentemente se debe llamar a notarios y abogados a rendir cuentas y que el gobierno “está mandando un mensaje a la delincuencia porque nadie los está buscando, no hay a quien se persiga y el mensaje es que con una sola pistola me puedo hacer rico en una semana, que fácil hacerse rico viviendo de manera ilegal. Legalmente cuesta mucho porque tienes que sufrirle y navegarle, pero en el estado se puede fácil por la impunidad”. Yo estoy llevando comida y medicinas a los expulsados de, pero quien está buscando a los responsables de la violencia, dijo. Agregó que la corrupción en los alcaldes tristemente existe, pues ha escuchado a los alcaldes que dicen “que hay que negociar con ‘la maña’, pero ese tipo de alcalde debe renunciar si tiene esa idea porque eso es pactar con el diablo y así no se llega a ningún lugar.
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