Horacio Erik Avilés Martínez La jornada escolar ampliada, así como la provisión de desayuno y comida fueron garantías con las cuales contaron 3.6 millones de estudiantes en la república, hasta que la SEP determinó borrar estos componentes de las reglas de operación del paquete de medidas denominado “La Escuela Es Nuestra (LEEN)” y con ello, violar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Es un hecho: LEEN es un programa que sí necesita acotación, mejores reglas de operación, más contraloría social, vigilancia estrecha y participación ciudadana, pero se camina en el sentido contrario al dejarlo más ambiguo y discrecional, quedando prácticamente enfocado a la infraestructura física. A pesar de haber tenido la posibilidad de rectificar en días pasados, mediante la publicación del Acuerdo 05/02/2022 en la edición del 28 de febrero del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SEP hace oficiales las Reglas de Operación para La Escuela es Nuestra para el 2022, las cuales -después de varios intentos en el pasado- eliminan a las escuelas de tiempo completo y sus componentes. Esta decisión, publicada y oficializada de la manera más formal posible constituye una transgresión frontal a los derechos humanos de NNA, demostrando a su vez desapego absoluto a su interés superior, lo cual redunda en una regresión gravísima e inconstitucional en el ejercicio de esos derechos. Justo ahora es el momento en el cuál más podrían llegar a servir las medidas eliminadas, en el contexto de la construcción de un regreso a clases presenciales pleno, las escuelas de tiempo completo y sus componentes tenían la oportunidad de ser un formidable instrumento de política pública para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y cuidar la salud socioemocional de NNA en México. Indignantemente, también se le da la espalda al magisterio nacional, al cual en el discurso se le busca revalorizar, pero en la realidad estas evidencias están sumamente alejadas de los pronunciamientos panegiristas cotidianos, ignorándoles, tomando decisiones sin consultarles y precarizando los ingresos y la misión social fundante de los trabajadores de la educación adscritos al programa recién extinto. La situación ha generado indignación y solidaridad en amplios sectores. Desde la publicación previa en el portal electrónico de Cofemer de las reglas de operación de marras, las cuales motivaron la alerta pública temprana de las posibles jugadas subsecuentes de la SEP, se recibieron importantes muestras de apoyo y preocupación de parte de familias, docentes, directivos y de medios de comunicación, de organizaciones como la UNICEF, las cuales recomendaron abiertamente al gobierno mexicano no sólo mantener, sino incluso extender el servicio de alimentación con el que contaban las escuelas de tiempo completo. Adicionalmente, algunos gobiernos estatales han decidido aportar sus propios recursos para continuar la operación de algunas escuelas de tiempo completo o gestionar la construcción del presupuesto de egresos local para 2023 conteniendo partidas específicas para remediar desde las entidades federativas el vacío que se ha generado por esta decisión que no tomó en cuenta a los diferentes órdenes de gobierno. Desesperantemente, a pesar del clamor nacional, las autoridades federales, específicamente de la SEP no han dado pasos para rectificar el craso error cometido, sosteniéndose en su postura y tratando de desvirtuar las consecuencias de sus actos. Partiendo del hecho de que osaron -sin contar con evidencias científicas, consultas ciudadanas ni escolares, ni mucho menos la construcción de una ruta de mejora continua para el programa citado- acabar con él, a pesar de que durante más de una década se ha demostrado que el PETC ha generado beneficios medibles, trazables y comparables en el ejercicio del derecho a aprender y a una alimentación digna de millones de NNA. De permitir que el atropello prevalezca, LEEN se convierte en un programa con una visión adulto-céntrica con supuestos beneficios de corto plazo, pero que deja de lado el verdadero sentido de la escuela, que fue evaluado y tiene evidencia de sus beneficios a lo largo del tiempo: garantizar que los estudiantes aprendan y se desarrollen plenamente. No podemos permitir que la medida de la SEP se sostenga, por no atender lo fundamental, por desconocer rampantemente el orden constitucional y de la convencionalidad, por dotar de un cariz eminentemente clientelar y asistencialista a lo que debe ser tratado como un derecho progresivo. De no mediar la sensatez, se corre el riesgo de destruir el futuro de 3.6 millones de NNA en México. En Michoacán es muy importante leer la situación prevaleciente a escala nacional porque nos va a impactar. No estamos sustraídos del efecto de esta medida. En Michoacán la afectación ha alcanzado a 884 escuelas las cuales han desaparecido paulatinamente del programa, al igual que han visto mermados sus horarios y salarios más de 3 mil 800 trabajadores, en perjuicio de hasta 74 mil estudiantes que fueron beneficiados. Empero, no olvidemos que en nuestra entidad operan las denominadas escuelas integrales, que son un sucedáneo del programa de escuelas de tiempo completo realizado desde hace un par de décadas por la CNTE, del cual sabemos que no cuenta con validación formal, ni en lo académico ni como programa público, que nos ha costado a lo largo de los años cientos de millones de pesos y que en lo político ha sido la correa de transmisión para implantar mecanismos de poder, control, fidelización, expoliación política y feudalización de la comunidad educativa, la cual se ha aprovechado hasta el cansancio en los ámbitos comentados de la población que ha pasado por estos planteles: Sobran evidencias de retención de certificados, exigencia de cuotas monetarias y jornales, empleo de libros de texto obsoletos y anacrónicos, movilización forzada de maestros, padres de familia y estudiantes, minutas cumplidas pagándoles cifras multimillonarias, documentales apologéticos, entre otras cuestiones. Recientemente, la fracción azul de la CNTE ha logrado acuerdos con el gobierno del estado al respecto sin detallarse aún los términos ni los montos. En el marco de la desaparición de la jornada ampliada y la alimentación de los estudiantes estas acciones resultan doblemente preocupantes, porque podemos quedarnos sin los componentes esenciales de PETC y en cambio estar inyectando recursos a un programa que no cuenta con la robustez del que intenta imitar. Por ejemplos, a diferencia del PETC, los resultados de las escuelas integrales no han sido debidamente evaluados. Habría que comenzar por realizar una revisión profunda de su operación, para realizar la respectiva adecuación de los planes y programas de estudio, poniendo el interés superior de la infancia en formación al centro, no intereses adulto-céntricos, lo cual implicaría suprimir, entre otras prácticas, contenidos político-ideológicos que se vierten a raudales hacia los estudiantes, quienes aprenden poco de ciencia y mucho de ensalzamientos a determinados movimientos de bases. Esperemos no se tome la puerta falsa de apoyar este programa sin antes abrir el diálogo y la supervisión, de la mano de la autoridad competente en la materia de estas escuelas integrales al escrutinio académico, a la discusión epistemológica, metodológica, curricular y didáctica, con la finalidad de establecer objetivos de aprendizaje auténticamente integrales, que sean consistentes con los derechos de la infancia y juventud en Michoacán, así como con la totalidad concreta en la cual nos encontramos inmersos en el Michoacán contemporáneo. Mientras la situación embarga a la nación y se exacerba con los nubarrones mencionados en Michoacán, hay quienes se anticipan al desastre manifiesto construyendo posibles soluciones. Por ejemplo, en Jalisco ya se está buscando el mecanismo para presupuestar en 2023 apoyo para 900 planteles. En Michoacán podemos adelantarnos a nuestro eterno competidor territorial y al resto de la nación si se diseña una estrategia interinstitucional con la amplia participación de varios órdenes de gobierno y sectores sociales. La alimentación de los niños es demasiado importante para dejarla al acaso, en manos de familias empobrecidas y víctimas de violencia o al libre mercado. En el contexto michoacano, LEEN es un programa que, en años recientes ya ha sido objeto de escándalos por presuntos actos de corrupción por parte de militantes partidistas advenidos a funcionarios en materia de política social, los cuales, sin rubor han sido grabados y señalados por presuntos desvíos. Ahora, sin la obligatoriedad de direccionar el recurso para el pago de desayunos y comidas para los estudiantes, así como para solventar los honorarios de docentes y personal de apoyo, el margen de maniobra para la discrecionalidad se acrecienta. Por otra parte, es preciso elevar el presupuesto en lo estatal y contemplar alguna partida emergente para tales efectos. Ya se hablaba de que una parte de los recursos provenientes del reemplacamiento se destinarían a infraestructura para el sector educativo. El futuro nos alcanzó y es pertinente contemplar la posibilidad de redireccionar el presupuesto, toda vez que el monto para alimentación en LEEN irá ahora a infraestructura, la propuesta que hacemos desde Mexicanos Primero Michoacán es realizar un enroque presupuestal para tales efectos. Invertir en jornada ampliada escolar es una decisión segura, confiable, que cuenta con evidencias. No se requiere necesariamente que sea federal el recurso, por lo cual hacemos la invitación a los 113 cabildos y concejos ciudadanos para que contemplen la posibilidad de impulsar esta política pública en sus respectivos ámbitos de competencia. Atribuciones, fundamentación y motivación jurídicas son fáciles de vincular, solo es cuestión de voluntad política. También, se pueden hacer modificaciones al presupuesto estatal para este ejercicio, garantizar alimentación para los estudiantes y jornada ampliada. Difícilmente habrá prioridades más urgentes en una entidad donde la mitad de la población vive en situación de pobreza. ¿Quién contrataría albañilería en su casa a costa de dejar sin comer a sus hijos? Si en la casa no, ¿por qué en la escuela sí? ¡Rectifiquemos! Los funcionarios que incurrieron en este acto fallido deben reconocer su error y corregirlo, pero también los otros órdenes de gobierno y poderes de la unión deben cerrar filas en torno a tan alta misión. La sociedad civil debemos abordar comprometidamente esta causa, al igual que el sector académico, el magisterio, los medios de comunicación, los estudiantes y la ciudadanía. ¡Rectifiquemos nuestro mutismo! Los derechos educativos, a la alimentación y al aprendizaje de NNA en Michoacán lo valen y lo merecen. Sus comentarios son bienvenidos en eaviles@mexicanosprimero.org y en Twitter en @Erik_Aviles
La Voz de Michoacán
