Cara a Cara | Fiscalía despliega grupos de élite para investigar asesinatos; la gente necesita justicia

Jorge Manzo / La Voz de Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública despliegan desde hace unos días grupos de élite por las regiones de Morelia, Zamora y Uruapan a fin de cumplimentar las órdenes de aprehensión que se tienen pendientes por homicidios. Se trata de equipos de trabajo en donde participa un policía ministerial y otros cuatro de la estatal. La idea es tener una mayor efectividad al momento de actuar, oficializó el fiscal Adrián López Solís.

Cara a Cara para los lectores de La Voz de Michoacán, el abogado y maestro en Derecho y Administración Pública informó que junto con el general Alfredo Ortega identificaron como área de oportunidad la detención de las personas que tienen orden de aprehensión por homicidio. Esto originó la creación de una unidad, a la que se le denominó Fuerza de Tarea para Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión.

No cede tendencia en homicidios dolosos

La prioridad es trabajar en estas tres regiones en donde la incidencia de homicidios se ha convertido en el principal dolor de cabeza, pero en una siguiente fase se implementará en Apatzingán, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas. En Michoacán, sólo durante el primer mes de año, se han registrado 234 carpetas de investigación por asesinatos, de las cuales, en 198 se advirtió el uso de arma de fuego, y 11 con arma blanca.

López Solís confió en que esta estrategia inmediatamente deje resultados. Enumeró que en Zamora se tienen 113 órdenes de aprehensión por homicidio pendientes por cumplimentar del nuevo sistema de justicia. En Morelia se estiman otras 250. Se reservó el dato de cuántos grupos estarán desplegados en estas tres regiones, pero afirmó que van tras los casos que ya fueron investigados, aclarados y determinados quién los cometió,

Ahora lo que hay que hacer es presentarlos al juzgado, pero te encuentras con que además esos individuos siguieron cometiendo homicidios, o están relacionados con más homicidios que aún están pendientes de ser aclarados, entonces como estrategia esto nos va a fortalecer, desde la tarea que nosotros hacemos y con la suma de las fuerzas de la Secretaría”, informó el fiscal, tras reconocer el respaldo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Se harán evaluaciones constantes de los resultados que se obtengan, de hecho, ese fue uno de los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía, el mandatario estatal y con el secretario de Seguridad, para así hacer los ajustes necesarios en la estrategia operativa. Por lo menos son 50 elementos que la Fiscalía General ya tenía asignados para dichas tareas, pero ahora con la participación de los elementos estatales se incrementará el estado de fuerza.

El fiscal recordó que los policías estatales tienen la facultad de investigación sobre delitos en particular, pero también para la detención de personas con órdenes de aprehensión, es decir, la actuación será en el marco de la ley. Si bien la estrategia de coordinación interinstitucional no es un esquema novedoso, se hace necesario con ajustes, y dirigidos a situaciones concretas, en este caso para ir tras las personas que han cometido asesinatos.

Lo que nosotros les hemos pedido a quienes integran estas áreas, es que solo se dediquen a eso y que no los distraigan sus jefes en otras tareas, porque cumplimentar una orden de aprehensión no solo basta que sepas en contra de quién vas o por quién vas, tienes que saber si está en su domicilio, dónde se mueve, dónde trabaja, entonces requiere una labor de inteligencia previa”, informó el también exdiputado y exsecretario de Gobierno.

Al hablar sobre las expectativas que tienen de estos grupos de élite, dijo que primeramente la idea es cumplir con la obligación que tiene la institución de ejecutar la orden de aprehensión una vez que la obtiene, para de esta manera presentar a la persona ante el juez a fin de que se inicie el procedimiento. Reconoció que no irán tras personas que los estén esperando en casa, sino que habrá variables, ponderables y cuestiones no previstas que sólo en la experiencia se podrán entender.

Reconoce ‘cuentas pendientes’

El abogado reconoció que el homicidio doloso, por la cantidad de eventos, es uno de los dolores de cabeza en Michoacán. Admitió que la tendencia al alza y la raíz es la disputa de intereses criminales. También preocupa la desaparición de personas, en donde de acuerdo con los contextos, han podido identificar que tienen que ver con índole particular, situaciones de pareja o de familia, y otros más relacionados con el crimen.

Se dijo preocupado también por la incidencia de secuestros, aunque en los informes anuales se indica que en el 2020 se denunciaron 47 hechos, y un año después sólo 29. Si se hace la comparación con los 2 mil 200 casos de homicidio “podrías pensar que no hay tanto problema”, sin embargo, advirtió que ese delito si no lo aplastas, crece. Informó que se mantienen las estrategias con la Coordinación Nacional Antisecuestros a fin de ir machacando cada caso que se presenta.

Admitió que, si bien la extorsión no se denuncia muy frecuentemente, es un dato que siempre se tiene soterrado, pero a pesar de que se tiene ese subrregistro, se debe reconocer y atender, sobre todo a nivel de prevención. Dijo también que los temas de robo de vehículo que todavía –“aunque han ido disminuyendo de manera muy importante”- siguen presentándose. En 2021 se denunciaron poco más de 5 mil 500 hechos. En el primer mes de este año se abrieron 449 carpetas de investigación por este delito.

Durante la charla, López Solís reconoció que la sociedad reclama una deuda de las autoridades en las tareas de seguridad pública y procuración de justicia, pero aclaró que, aunque la labor que realiza su dependencia se engloba en el genérico de la seguridad, su función es conocer el hecho a partir de que se comete, se tiene la denuncia o la noticia criminal, y es a partir de ese momento cuando interviene el ministerio público con sus auxiliares: perito y policías de investigación.

Eso es lo que le toca a la Fiscalía, que no es cosa menor, sin embargo, en esta tarea hay que tener como muy claro cómo estamos recibiendo e iniciando las carpetas de investigación, qué tratamiento le estamos dando y como las estamos resolviendo. De esa manera nuestros indicadores son específicos”, expresó el fiscal, tras recordar que en el 2021 se iniciaron 46 mil carpetas de investigación, de las cuales 5 mil 738 que se pusieron en conocimiento de los jueces.

“A diferencia de 2018 que solamente en la era de la Procuraduría (General de Justicia), se enviaron 2 mil 50, en 2019, ya nosotros como Fiscalía, enviamos 2 mil 738 y en 2020 enviamos 5 mil 70. Esto quiere decir que en materia de judicialización nosotros estamos creciendo como institución”, resaltó López Solís, tras puntualizar que este proceso no es otra cosa que el ejercicio de la acción penal.

Es decir, cuando el Ministerio Público, en atribuciones legales le dice a un Juez Penal competente que debe citar a comparecer a una persona, o debe darnos una orden de aprehensión para llevar a esa persona y hacer del señalamiento de cuál es el hecho por el que se investiga y cuál es la conducta que se le atribuye; esto es en la imputación inicial, pues inicia la causa penal a partir de la cual se materializa el ejercicio de la acción que le corresponde al Ministerio Público.

‘Avanzan resoluciones’

Para hablar de un indicador como es la judicialización, debemos saber cuántas carpetas llevamos a los juzgados. En tres años, anualmente, hay un incremento el número de la judicialización. La otra vertiente es la resolución de fondo de los casos, tiene que ver con la despresurización, es decir, aquello que no tiene que llegar a los juzgados y que, mediante el uso de los mecanismos alternativos de resolución de controversias en materia penal, se puede resolver con el convenio, la conciliación entre las partes”.

En este último punto, desglosó que en 2018-2019, se tenían solamente 3 mil 500 acuerdos reparatorios registrados, al cierre del año y ahora, en el 2021, alcanzaron la cifra de 6 mil 800, es decir, se duplicó esa cifra. También, notificó que se ha abatido la práctica del archivo temporal, que es cuando inicias una carpeta, tiene el hecho apariencia de delito, pero no puedes determinar, de manera presunta quién lo cometió, quién participó en él. “Habiendo realizado los actos de investigación básicos, idóneos, necesarios, pertinentes, pues no te resulta el dato de prueba suficiente para establecer la identidad de la persona o individualizar su conducta”.

“Ante este caso, la ley te autoriza que archives de manera temporal ese expediente; lo que encontré a mi llegada es de que había un abuso de esa posibilidad porque estábamos en el 64% de archivo temporal y ahora estamos en el 24%”, evaluó López Solís, quien compartió que se la ha pedido a los policías investigadores que no se le dé tratamiento burocrático a los expedientes: “no hagamos como si recibimos una denuncia, la sellamos y la tiramos a la basura”.

Resaltó el fiscal general de Michoacán que lo importante es que lo que tenga que llegar a los juzgados, llegue a ellos, y lo que se pueda resolver mediante un acuerdo reparatorio entre las partes se resuelva de esa manera. “Es así que nuestros indicadores van encaminados a cumplir con los propósitos del sistema justicia, que es que se aclare el hecho, que se determine quién cometió ese delito y que no quede impune, que se repare el daño a la víctima y en su momento haya una sanción ejemplar para quien lo cometió”.