Jorge A. Amaral Antes de entrar en materia, mi pecho no es bodega: Dicen que por fin se abrirá el puente del distribuidor vial de la salida a Salamanca. Ya es tarde, pero debimos hacer una quiniela para ver si sí lo logran. En caso de que lo abran, estimado lector, sea cuidadoso: le recomiendo no usarlo de inmediato. Mi sugerencia es esperar a que ocurra el primer accidente y, con base en ello, calcular los riesgos. No es mala leche, pero, admitámoslo, Morelia es una ciudad de conductores intrépidos, arriesgados, presurosos, descuidados, adictos al celular. Cafres, dicho sin eufemismos. Ahora sí, a lo que venía. El 31 de enero de este año se dio a conocer el asesinato del periodista Roberto Toledo, colaborador de Monitor Michoacán, medio digital de Zitácuaro. De inmediato la maquinaria se echó a andar para hacer la contención de daños: la Fiscalía General del Estado anuncio que ellos no tenían antecedentes de amenazas, lo que el mismo medio desmintió; el alcalde de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, convocó a rueda de prensa para señalar que Roberto Toledo no era periodista y que los medios estaban usando el hecho para golpearlo, y Jesús Ramírez Cuevas, el vocero y pregonero del presidente López Obrador, salió a señalar que Toledo no era periodista. Es más, la Fiscalía estatal en un principio manejó el hecho como un ajuste de cuentas, y hasta mandaron a algunos periodistas fotos de una supuesta cartulina firmada por un grupo delictivo y dirigida a abogados que trabajaran para al cártel rival. Sí, el asesinato se registró en la cochera de una casa donde estaba un despacho de abogados donde Toledo también trabajaba, y que además albergaba las oficinas de Monitor Michoacán. Ante la presión no les quedó más que recular y aceptar que Toledo era periodista y que su labor podría estar relacionada con su asesinato. A la fecha no sabemos nada más del caso. Cuando mataron a Roberto Toledo, el director del medio, Armando Linares, lo informó en un video transmitido en la cuenta de Facebook del portal. Ahí señalaba las amenazas, el hostigamiento, los intentos de hacerlos callar. Pero también afirmaba, con coraje y convicción, que no se quedarían callados, que seguirían con su labor pese a los riesgos. Y es que no han sido los únicos periodistas del Oriente del estado que sufren amenazas, ya hay el registro de por lo menos otra persona a la que se le vigila, se le mandan mensajes, se le intimida. A seis semanas de ese crimen, el 15 de marzo, Armando Linares estaba en su casa cuando fue asesinado, dice el gobierno que en el hecho participaron al menos dos sujetos que ya tienen identificados. Lo cierto es que las amenazas se cumplieron y Amando fue silenciado a balazos. Pero dos días después la mordaza terminó por apretarse. Por la tarde de ese día, Joel Vera, también de Monitor Michoacán, anunciaba vía Facebook el cierre del medio, esto por las amenazas y la muerte de dos periodistas: Roberto Toledo y Armando Linares, y otro colaborador que tuvo que salir de la región. Si los homicidios de Roberto Toledo y Armando Linares llenan de rabia por la manera tan cobarde en que fueron perpetrados, por los intereses ocultos detrás de esos crímenes y por constituir un atentado directo a la labor periodística y la libertad de expresión, el cierre obligado de Monitor Michoacán es un clavo más hondo en el ataúd. El cierre de Monitor Michoacán es una derrota. Cuando asesinaron a Roberto Toledo, Armando dijo que no se callarían, que seguirían informando, denunciando actos de corrupción, y semanas después lo mataron a él. Con eso lograron silenciar a un medio. Así es como los responsables logran su victoria, así es como el periodismo es derrotado, así es como se ultraja la libertad de expresión. Con eso, los criminales mandan un mensaje, primero, a la prensa de la región Oriente de Michoacán: ellos mandan, ellos ponen y disponen sobre la vida y la libertad de las personas, ellos deciden qué se divulga, qué se calla, ya sea por la fuerza de las amenazas y las balas o por el poder persuasivo del dinero, como señala Joel Vera. El que Monitor Michoacán haya cerrado sus actividades es una derrota, porque eso reafirma que siempre deberá estar al frente la autocensura, que siempre hay que cuidarse de no hacer enojar a las personas equivocadas. Pero además de la sensación de derrota, está el sentimiento de desesperanza, porque no importan los discursos oficiales, no importa que cada año el gobierno del estado organice hasta un desayuno para reconocer al gremio si el resto del año, cualquier día, un periodista puede ser asesinado por lo que publica, por lo que escribe, y su medio, lejos de poder respaldarlo, se ve entre la espada y la pared, y ese funcionario que el Día de la Libertad de Expresión lo invita a desayunar, no va a mover un dedo para que se haga justicia. Esos periodistas asesinados, como todas las víctimas de la violencia, tenían una vida, una familia, amigos, padres, hermanos, quizá hijos, quizá una pareja, y el mundo de esas personas ya se vio trastocado por la falta del ser querido, pero la sociedad también pierde, pues los poderes fácticos la despojan de aquellos que le traen información. Y la sociedad mexicana ha perdido a 8 periodistas sólo en este año: El 10 de enero, José Luis Gamboa Arenas fue atacado a puñaladas en un supuesto asalto en el fraccionamiento Floresta, en Veracruz. Su fuente era la policiaca y dirigía el portal Inforegio. Margarito Esquivel Martínez fue asesinado afuera de su casa en la colonia Sánchez Taboada, de Tijuana, Baja California, apenas una semana después del homicidio de Gamboa Arenas. Margarito Esquivel era fotoperiodista de Zeta y de Grupo Cadena, además de colaborar con otros medios locales e internacionales, principalmente en información policiaca. A siete días del ataque a Margarito Esquivel, de nueva cuenta el periodismo de Tijuana fue atacado con el asesinato de Lourdes Maldonado, muerta a tiros al momento en que llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, de la misma ciudad. Ella ya había pedido protección directamente a AMLO en una de sus conferencias matutinas en 2019, pues ya había sido amenazada. El 31 de enero fue asesinado Roberto Toledo, de quien el vocero de la Presidencia, Jesús Ramíurez Cuevas, dijo que no era periodista, sino ayudante del despacho donde fue atacado. Ya el 10 de febrero, Heber López fue asesinado de la misma manera: llegando a su casa en el Barrio El Espinal, en Salina Cruz, Oaxaca. Él dirigía el portal Noticias Web, en el que tocaba temas de corrupción y seguridad, además era conocido por su alto tono crítico, por lo que las amenazas no le faltaban. El 24 de febrero fue asesinado Jorge Camero Zazueta, director del portal El Informativo, de Sonora, al recibir por lo menos tres balazos cuando estaba en un gimnasio, y hasta donde los agresores llegaron en motocicletas para abrir fuego contra él. La primera víctima de este mes fue Juan Carlos Muñiz, asesinado dentro del fraccionamiento Los Olivos, en Fresnillo, Zacatecas. Además de ser reportero de la fuente policiaca, Muñiz era taxista. El octavo periodista asesinado de este año es Armando Linares, y ojalá sea el último, aunque dadas las condiciones y la cerrazón del gobierno para aceptar que se tiene un problema, da miedo decirlo, pero es poco probable. Y es que la falta de empatía y el egoísmo juegan un papel importante, ya que el presidente de México, en lugar de reaccionar y apretar tuercas para que la violencia contra la prensa pare, más bien se enoja y responde con idioteces al Parlamento Europeo por señalarle la realidad tan preocupante. Los gobiernos locales siempre dicen que van a coadyuvar, que estrechan lazos de colaboración, que están para proteger a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, pero en realidad no lo hacen. Porque de nada sirve el discurso si se ven actitudes como la del 8 de marzo, en que los policías tanto estatales como municipales agredieron a la prensa que cubría la manifestación de grupos feministas. De nada sirve que un diputado ponga una esquelita con moño negro y toda la cosa lamentando el homicidio de Armando Linares si desde su curul no hace sino discutir pendejadas, dejando de lado los temas importantes y urgentes. Por eso el cierre de Monitor Michoacán preocupa, porque me hizo recordar la forma, por ejemplo, en que Silvano Aureoles y Julieta López ahorcaron a un periódico hasta hacerlo insostenible. Claro, los entonces gobernador y vocera, respectivamente, usaron la presión económica vía convenios, y en el caso de Monitor Michoacán la presión fue violenta, física y homicida. Todo mientras el gobierno de México desacredita y pelea con periodistas que no le son afines. Y por eso un periodista mexicano sabe que si publica tal o cual cosa puede acabar con el pecho lleno de balas, y por eso el dueño de un medio, sobre todo un portal pequeño, regional, sin poder económico ni peso nacional, puede ser amedrentado hasta obligarlo a cerrar, y entonces los criminales ganan la guerra a la sociedad. Es cuánto.
La Voz de Michoacán
