Arturo Molina / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. A 18 meses del feminicidio de Jessica González Villaseñor, el proceso legal sigue encontrando obstáculos: el juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, Ariel Montoya Romero, determinó aplazar el arranque del juicio oral previsto a iniciar este viernes en la ciudad de Morelia. Con el argumento de que se "excluyó una prueba", la defensa del imputado por feminicidio recurrió al recurso de amparo ante un tribunal federal de apelación, por lo que en lo local, el proceso legal seguirá pendiente hasta que el juzgado resuelva la sentencia. Desde el mes de febrero, luego de que se desestimaron argumentos de la defensa Diego Urik para la reposición del proceso legal, se había definido este 25 de marzo a la 1:30 de la tarde para el inicio de la etapa oral en el juicio contra el joven de 20 años de edad. No obstante, el panorama anterior cambió luego de que, a través de un oficio, el juez determinó que cuenta con información "suficiente" para proveer la solicitud de diferimiento de audiencia, lo cual implica el aplazamiento indefinido del inicio del debate que se contempla en el juicio oral contra Diego “N”. El oficio signado por el juez deja sin efecto la convocatoria de audiencia de juicio programada para este viernes en punto de la 1:30 horas y para la cual incluso ya se contemplaban manifestaciones. La pluma del juez Montoya Romero apuntó que en el acto reclamado por la defensa de Diego Urik presentada ante el tribunal de apelación se advierte que en el auto de apertura "se excluyó una prueba" ofrecida por la defensa. "Como consecuencia, la decisión que tome el tribunal federal repercute en esta etapa del juicio aún sin iniciar". En total, son al menos cuatro ocasiones en que el proceso judicial se ha detenido en los últimos 18 meses por efecto de los recursos de amparo y de apelación a los que han recurrido los defensores legales de Diego. Desde septiembre del 2020, en que fue asesinada la joven de 21 años de edad, la familia y víctimas indirectas han denunciado la opacidad del sistema judicial, de las leyes y de otros factores que han ocasionado que, a pesar de las pruebas, no se haya dictado sentencia. En voz de Cristo González Villaseñor, hermano de Jessica y activista michoacano, la determinación de los jueves por volver a dejar sin efecto el inicio de la etapa oral confirma la ineficacia de las leyes estatales y federales. "Pues la postura sigue siendo la misma, el sistema continua siendo preferencial para el implicado, no para las víctimas, un sistema y unos jueces que sólo han dejado que los derechos de Diego N se cuiden, olvidando y violentando los nuestros", manifestó Ante los obstáculos legales que se han encontrado a lo largo del proceso judicial, Verónica Villaseñor, madre de la víctima, incluso ha presentado iniciativas ciudadanas para modificar tanto el Código Penal de Michoacán como la legislación y la forma en la que se abordan las investigaciones por los delitos de feminicidio. La familia de Jessica lamentó que el proceso legal se siga retrasando en agravio del fenómeno de violencia que viven las mujeres todos los días en el estado de Michoacán. Aseguró que el mensaje que se envía por parte de las autoridades en torno a los feminicidios sigue siendo el de impunidad y vacíos legales que son aprovechados por parte de los victimarios. “Lo único que estamos pidiendo es todo conforme a la ley. Pedimos justica, ni siquiera me pueden pedir que le hable con respeto a la persona porque sólo he pedido justicia. Pedimos que ya no haya más retraso, que inicie el juicio oral para que se compruebe la culpabilidad de esta persona. Nosotros vamos a seguir exigiendo la justicia, no podemos esperar un año más o lo que ellos estén pidiendo”, manifestó. En el contexto del mes de marzo y en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la familia de Jessica lamentó que la condición de violencia de género a través de los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres siga creciendo en el estado. En lo que va de 2022, al menos 50 mujeres han sido asesinadas, de las cuales menos del 10 por ciento han sido investigadas como feminicidio. Lo anterior, se suma a la tendencia de incremento de violencia de género.
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