Javier Favela / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. El Sistema Estatal Anticorrupción es un elefante blanco, lento y perezoso, a casi 5 años de la creación legislativa del organismo, según demuestran sus mismos resultados. El Poder Judicial de Michoacán no reporta sentencias condenatorias en la mayoría de los tipos penales por corrupción. La Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía anticorrupción no consiguen llevar a exfuncionarios a la cárcel. A su vez, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se muestra más obsesionado en proteger el anonimato del insignificante número de corruptos que llega a castigar a través de juicios exasperantemente prolongados. Los tribunales locales en las materias penal o administrativa jamás enjuiciaron los casos emblemáticos de corrupción como presa Múgica, teatro Mariano Matamoros o licuadora financiera. Foto: Cortesía. La corrupción le cuesta mil 680 millones de pesos a los michoacanos al año, según cifra expuesta por Rosmi Bonilla, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, con base en la estadística oficial de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIG) 2019. Hasta ahora las instituciones del sistema anticorrupción han librado batallas burocráticas sin pena ni gloria, con magros resultados, con titulares proclives a cobrar jugosos sueldos, administrar la inactividad, convocar sesiones improductivas y redactar mamotretos cada año para inculpar de los fracasos generalizados a la deficiente capacitación de las Contralorías municipales. Estadísticas del Supremo Tribunal de Justicia reportan la inexistencia absoluta de juicios penales por enriquecimiento ilícito, por tráfico de influencia o ejercicio abusivo de funciones durante el período que va del 2017 al 2022, es decir, no llegó ninguna carpeta de investigación contra funcionarios con riquezas patrimoniales ilegítimas, metidos en negocios ilícitos o sacando tajadas económicas al otorgar licencias, contratos o permisos oficiales. La pandemia por COVID-19 puso fin a las sentencias condenatorias por delitos de corrupción en la entidad. Cero sanciones por corrupción impusieron los tribunales penales de Michoacán durante 2020, 2021 y lo que va del 2022. Solo hay tres sentencias en el período analizado: una por peculado (2017), una por cohecho (2019) y una por abuso de autoridad (2019). La judicatura ha extremado precauciones para mantener la identidad personal de esos delincuentes en el anonimato total. Se le prohíbe a la sociedad saber qué funcionario cobró mordidas por hacer u omitir algo inherente a su cargo público (cohecho). Qué servidor público distrajo dineros bajo su administración o en depósito (peculado). Quién es el funcionario que vejó, insultó o ejerció violencia desde el puesto, que indebidamente retardó o negó trámites a la ciudadanía (abuso de autoridad). Foto: documenta.org Incurre en el tipo penal de “ejercicio ilícito del servicio público”, con sanción máxima de 5 años de cárcel, quién roba o destruye información o documentación bajo su custodia. Quién rinde informes falsos. Quién se ostenta como funcionario después de haber sido suspendido o destituido. A su vez, se tipifica como “uso ilícito de atribuciones y facultades” con pena máxima de 8 años de prisión, regalar concesiones o dar contratos a amigos y parientes fuera de la ley. Se penaliza como “concusión”, hasta con 6 años de cárcel, cuando un funcionario impone cobros excesivos a título de impuesto, depósito, renta o salario, en montos superiores a la ley. En los últimos 6 años ingresaron al Poder Judicial estatal únicamente 69 carpetas por 5 distintos delitos de corrupción. Solo hay 3 condenas y éstas se dictaron antes de la pandemia. En 31 casos, los jueces fallaron a favor de los acusados. En 12 asuntos, la inactividad del Ministerio Público alivió a los imputados. En 4 casos, los inculpados repararon “el daño” y se les extinguió la acción penal. Hay 3 asuntos en etapa intermedia, es decir, en depuración de hechos, derechos y pruebas controvertidos para ir luego a juicio oral. En otros expedientes judicializados, hay órdenes de aprehensión pendientes o ampliación de investigaciones en curso. De 14 años de prisión es la pena máxima para los delitos penales de enriquecimiento ilícito, de cohecho y de peculado. Esa clase de sentencias severas no se le imponen a nadie en Michoacán. Elocuentes numeralias plasma el último Informe anualizado del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Las contralorías municipales se decantan por amonestaciones públicas o privadas, es decir, por regaños y reprimendas para sancionar las faltas o los delitos detectados. El Supremo Tribunal dejó en blanco los espacios correspondientes a las siguientes preguntas: “¿Cuántas sentencias condenatorias se impusieron a funcionarios por hechos de corrupción? ¿Montos recuperados por decomiso de bienes en delitos de corrupción?” En tanto, el Tribunal Administrativo reportó cero suspendidos, cero multados, cero destituidos, un inhabilitado. En dicho Informe del Comité Coordinador, al fiscal estatal anticorrupción, Alejandro Carrillo Ochoa, se le preguntó cuántas sentencias condenatorias obtuvo en 2020 y 2021 por hechos de corrupción atribuidos a funcionarios. “Cero”. Según declaraciones periodísticas, Carrillo tiene casi 400 exfuncionarios dentro de sus carpetas de investigación. Alrededor del 50 por ciento de los delitos denunciados se encuadran –dijo- en abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades, y ejercicio ilícito del servicio público.
La Voz de Michoacán
