JAIME DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ Los políticos pueden llegar a ser simpáticos. Pelean y se agreden sonriendo. Insultan y se abrazan. A veces en defensa de ideas, principios o cosas importantes; otras no tanto. Algunos saben lo que hacen, otros no tanto. Los que pertenecen a las burbujas, casi siempre saben lo que va a pasar o lo que no, esos son pocos, los otros no saben mucho. En general son una fauna interesante para el laboratorio del analista social. Entre tanta estridencia no se entiende bien lo que pasó el domingo en la Cámara de Diputados. ¿Por qué la euforia si Morena tuvo más votos que la oposición en su conjunto? ¿Por qué se dice que perdieron? ¿Qué demonios hace el famoso Litio en esta discusión? Todo tiene que ver con la manera en que se reforma la Constitución en nuestro sistema político. La Constitución es la base donde se asienta el edificio de cualquier estado. En la teoría jurídica, se le atribuye ser el centro de los objetivos, el fundamento de los fines y la plataforma desde donde se organiza el gobierno. Ahí se expresan y redactan los valores y principios que dan identidad a una comunidad, de manera muy señalada los derechos de los ciudadanos. Las constituciones modernas tienen un apartado donde se hacen explícitos los derechos humanos, las garantías individuales y los límites del poder ante el ciudadano. La segunda parte es la orgánica, se refiere al funcionamiento del gobierno, las instituciones, los sectores prioritarios como la energía eléctrica, el petróleo o los minerales. En ambas deben aparecer los derechos sociales como conquistan históricas de cualquier pueblo. Decía el gran jurista Hans Kelsen, que el Estado concebido como una comunidad social, solo puede constituirse mediante un orden normativo. Ese orden, sistematización de normas, organización y sistema, se encuentra en la Constitución; un producto eminentemente cultural. Es la consecuencia de los acuerdos entre los individuos de ese momento y las claves de su convivencia en función de lo que creemos conveniente. Por lo tanto, también es susceptible de su transformación. Las constituciones contemplan las modalidades de su reforma. A partir de esa posibilidad, se les conoce como rígidas o flexibles. Las rígidas como la nuestra, tienen mecanismos complejos para su modificación, asumiendo que no deberían cambiar por ocurrencias ni coyunturas políticas o interpretaciones de mayorías pasajeras. Si la Constitución expresa la voluntad general, la soberanía, no deberá ser susceptible de ser modificada a cada rato. Por eso en nuestro sistema se cuenta con el Poder Constituyente Permanente, encargado de las reformas constitucionales, vigilante de los preceptos en la Carta Magna. El Constituyente Permanente se compone por el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y Senadores sesionando por separado, además de las legislaturas locales de todos los Estados de la República. Para modificarla, se requiere la mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los de los miembros presentes en la sesión del Congreso Federal, luego del Senado y la mayoría de los Congresos Locales. El Presidente López Obrador en el uso de su derecho, consecuente con lo que ha propuesto a lo largo de su trayectoria política y en su campaña, envió una iniciativa para modificar el funcionamiento del sector energético, en particular el eléctrico en el país. El debate se contaminó con la polarización, disputas y decisiones previas como el aeropuerto, las refinerías, el tren maya, etc. y en la realidad nunca hubo mucha claridad sobre las posturas de las partes. El gobierno en general apuesta por que el estado conserve la rectoría de la producción y distribución de la energía eléctrica a través de la CFE. La oposición acusa una vuelta al estatismo ineficiente, violaciones a contratos pactados con el sector privado y la imposibilidad que de esamanera se impulsen proyectos para energías limpias. De eso se trató el debate. A final de cuentas la Ley Suprema es un acuerdo entre las partes. Cuando no hay consenso mínimo no hay reforma. El gobierno requería 332 votos en la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución. De haberlo logrado pasaría a la Cámara de Senadores y si ahí se obtenía la mayoría calificada de dos terceras partes a favor de la iniciativa, entonces ésta se enviaría a los congresos locales, 17 de los cuales tendrían que aprobar la reforma. Solamente de esa manera se puede modificar la Constitución. El domingo todo quedó en la Cámara de Diputados, porque la iniciativa no contó con los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes, terminando así formalmente el proceso legislativo de reforma a la Constitución en esa materia. Vendrán otras, vamos a ver cómo las trabajan. Morena obtuvo efectivamente más votos en la sesión porque con sus aliados fueron mayoría de 275 pero no alcanza para reformar en sí la Constitución. ¿Es de festinar por parte de la oposición? Después de puros reveses legislativos, de que les apliquen la mayoría aplanadora, parecen tener un respiro pero Morena sigue siendo mayoría. La respuesta del gobierno ante este revés fue la reforma a la Ley Minera, para nacionalizar toda la cadena de exploración, extracción, producción y procesamiento del Litio, que es un mineral muy apreciado por sus características, peso, y uso en la industria metalúrgica, metal mecánica, de componentes electrónicos, baterías, electrodomésticos etc. La reforma a una Ley requiere mayoría simple y esa si la tiene Morena. Se especulan muchas cosas y para evitarlo se debería presentar la realidad: si se dieron indebida o inmoralmente concesiones para la explotación de litio en sexenios anteriores o si hay corrupción entre empresas y políticos para adueñarse del gran negocio que supone la extracción de ese mineral. Sería importante que se exhiban razonamientos, porque nada más los vemos pelear y de violencia ya estamos hasta el cuello.
La Voz de Michoacán
