Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Durante este mes de abril, el gobierno de México inició un proyecto para combatir el trabajo infantil, y para ello dispone de 13 millones de dólares con financiamiento del gobierno de Estados Unidos y la Organización Internacional del Trabajo. Bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de México se ha comprometido a abordar las violaciones de los derechos laborales, incluso las relacionadas con el trabajo infantil. Pese a los esfuerzos de activistas y autoridades, el trabajo infantil en México sigue siendo una realidad palpable tanto en el campo como en la ciudad. En nuestro país, 3.3 millones de menores desempeñan alguna actividad en el campo laboral, al grado de que ocupa el segundo lugar en trabajo infantil en América Latina. Se considera trabajo infantil toda actividad laboral que priva a niños y adolescentes de sus derechos, afectando con ello su potencial y su desarrollo físico y psicológico, así como su seguridad; de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Organización Internacional del Trabajo. Según datos del INEGI dados a conocer el año pasado, de los menores trabajando en México, 61 por ciento son hombres y el 39 por ciento son mujeres. De ese universo, el mayor porcentaje, 31.6 por ciento, se desempeñan en actividades agrícolas; el 24.5 por ciento lo hace en la construcción, la minería o la industria; el 14 por ciento trabajan en comercios; el 7.9 por ciento son vendedores ambulantes; el 7.4 hacen actividades de apoyo; el 5.6 brindan servicios personales; el 5.4 realiza trabajo doméstico y el 3.6 por ciento trabaja en rubros no especificados. Esto según datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi. Esta situación obedece a la precariedad en que viven las familias mexicanas, puesto que la Organización Internacional del Trabajo estima que por cada punto porcentual que se incrementa la pobreza, el trabajo infantil aumenta en un 0.7 por ciento. Es decir que ambos fenómenos casi van a la par. Así, en México la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, según la Cepal, al pasar de 41.5 a 50.6 por ciento. Eso significa que al menos 210 mil niños más comenzaron a trabajar conforme fue avanzando la pandemia de COVID-19, eso implica que la población menor de edad que labora sería ya cercana a 3.5 millones. Distintas instituciones señalan que los menores que trabajan se concentran mayormente en las áreas menos urbanizadas del país, aunque en los entornos urbanos también los hay. Sobre estos últimos, los principales factores son que están esclavizados, han sido separados de sus familias, están en la orfandad o migraron. Esta situación los coloca en grave riesgo de sufrir violencia y enfermedades al vivir en la indigencia o a expensas de tratantes. ¿Cartas en el asunto? La Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíbe el trabajo de menores de 15 años y permite el trabajo de adolescentes de 15 a 17 años que hayan terminado su educación básica obligatoria. Sin embargo, esta misma ley prohíbe el trabajo de los menores de 18 años en actividades que pongan en riesgo su desarrollo y salud tanto física como mental. Para que la ley se haga cumplir y salvaguardar los derechos de los menores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó en febrero de este año el Plan de Trabajo 2021-2024, de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México. Este plan fue previamente aprobado en diciembre del año pasado. Como antecedente, es de recordar que la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidos dio a conocer el informe de 2020 sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso, el cual mostró que en México ha habido algunos avances para atender esta problemática. La estrategia presentada en febrero de este año por la STPS propone la promoción de la cultura de la prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la protección a los adolescentes trabajadores en la edad permitida por la ley y garantizar sus derechos tanto humanos como laborales. También se busca fortalecer las instancias y mecanismos de vigilancia para combatir el trabajo infantil y evitar las peores formas de este flagelo; también se propone promover la protección social en beneficio de los menores y fortalecer los componentes de educación y recreación como derechos de la niñez y la adolescencia contra el trabajo infantil. Ya desde 2015 se estableció una reforma de ley que elevó la edad mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, además de disponer las condiciones en los adolescentes pueden ser empleados. Aunque la medida dio resultadiosa positivos, el Congreso de la Unión dio un paso atrás en las restricciones que protegían a los menores de desempeñar trabajos riesgosos. Según reportes de El Economista, las investigadoras Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), analizaron los efectos de la reforma de 2015 y encontraron que, con ella, la matrícula escolar del país había aumentado 2 por ciento y la tasa de trabajo infantil se había reducido 16 por ciento. En su estudio “Prohibiciones de trabajo infantil, empleo y asistencia escolar: Evidencia de cambios en la edad mínima para trabajar”, las especialistas señalan que las cifras anteriores significan que aproximadamente 25 mil adolescentes que se dedicaban a actividades de trabajo infantil dejaron de trabajar, y casi 50 mil, que seguramente habían dejado la escuela para incorporarse a la fuerza laboral, volvieron a las aulas. Citada por el mismo diario capitalino, la economista Fernanda Martínez Flores señala que la reforma de 2015 disminuyó el trabajo infantil, sobre todo en las niñas, debido a que los impactos son más visibles en los sectores de manufactura y servicios, que es donde ellas laboran principalmente. Dicha reforma además integraba restricciones para que adolescentes mayores de 15 años trabajaran en el campo, en labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, entre otras. Sin embargo, el 23 de febrero de 2022, al Senado de la República modificó esa reforma, que entró en vigor el pasado 6 de abril, por lo que los menores pueden volver a ser contratados en el campo, pero sólo si no se usan agroquímicos o no manejan maquinaria o vehículos pesados. Esto se aprobó con el argumento, sostenido por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de que al no haber muchas oportunidades de trabajo en las áreas rurales, los adolescentes entran con más facilidad a las filas del crimen organizado. También el T-MEC incluye previsiones contra este problema. El artículo 23.3 del capítulo laboral del acuerdo comercial obliga a los países firmantes no sólo a prohibir las peores formas de trabajo infantil y mantener los candados legales, y establece sanciones, como la prohibición de importaciones a productos que tengan mano de obra infantil. Pero es de destacar que los beneficios de la reforma de 2015 se concentran en las familias de ingresos bajos, pero en áreas urbanas, dado que en ese entorno hay más inspecciones a las empresas, explica la economista Fernanda Martínez. Pero en el entorno rural no se ve ese efecto, esto porque los jóvenes tienen un patrón distinto de trabajo, la mayoría está en actividades informales y ahí hay menos probabilidad de que haya inspecciones, ya que el 93 por ciento de los trabajadores están en la informalidad, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). De esta manera, el pasado 6 de abril entró en vigor la reforma por la que adolescentes de 15 a 17 años podrán trabajar en actividades agrícolas y otras más que habían sido prohibidas por considerarlas peligrosas para su edad. Paradójicamente, la reforma aprobada en febrero por el Congreso entra en vigor en medio de la visita de Julie Su, subsecretaria de Trabajo de Estados Unidos, en la que anunció más recursos para combatir el trabajo infantil en México. La STPS publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Luego de su aprobación en el Senado, la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde Luján, se comprometió a priorizar los derechos de los adolescentes. El artículo segundo transitorio del decreto indica que la STPS tendrá un plazo de seis meses para elaborar y publicar una Norma Oficial Mexicana al respecto. Para abatir el problema, 13 millones de dólares Durante este mes de abril, el gobierno de México inició un proyecto para combatir el trabajo infantil, y para ello dispone de 13 millones de dólares con financiamiento del gobierno de Estados Unidos y la Organización Internacional del Trabajo. “Construyendo un enfoque integral del gobierno de México para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso” durará de abril de 2022 a marzo de 2027. Según un informe a nivel mundial de la OIT de 2020, el progreso contra el trabajo infantil se ha estancado por la pandemia de la COVID-19, que ha empujado a muchos más niños al trabajo. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, esta situación también está presente en México, donde, a pesar del programa de clases a distancia, los informes sugieren que 2.5 millones de niños no continuaron su educación básica y que la cantidad de niños que realizan trabajo infantil aumentará en 5.5 por ciento. La interrupción escolar es una de las causas subyacentes del trabajo infantil; sin embargo, se necesitan más datos para evaluar completamente el impacto que la pandemia y otras acciones de política han tenido en la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso en México. Bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de México se ha comprometido a abordar las violaciones de los derechos laborales, incluso las relacionadas con el trabajo infantil. Además, como parte de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil (RILAC) y como país pionero en la Alianza 8.7, México se ha comprometido a acelerar los esfuerzos y probar nuevos enfoques para acabar con el trabajo forzoso y el trabajo infantil en todos sus aspectos. Sin embargo, el DOL expuso que México aún no cuenta con una estrategia nacional para articular planes federales y estatales sobre trabajo infantil de manera coordinada. Sin embargo, el gobierno de México tiene recursos limitados dedicados a implementar una estrategia nacional para abordar el trabajo infantil y forzoso y establecer alianzas estratégicas con otros países de la región. La Secretaría del Trabajo, responsable de encabezar estos esfuerzos, carece de los recursos y la experiencia suficientes para actualizar las políticas, los planes estratégicos y la programación a nivel federal, estatal y municipal a fin de abordar el trabajo infantil y el trabajo forzoso de manera efectiva y sostenible. Entre otros objetivos, el proyecto proporcionará experiencia técnica para desarrollar la capacidad del gobierno de México para liderar esfuerzos de colaboración con los países centroamericanos y así evitar que los niños migrantes en México se involucren en el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, cumpliendo los compromisos de México con el T-MEC, Alianza 8.7 y RILAC. El proyecto enfocará sus intervenciones a nivel estatal dentro de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, ya que se encuentran en el sur de México, que limita con América Central.
La Voz de Michoacán
