Redacción / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. En algunas ocasiones el recibo de luz llega tan caro que muchas familias mexicanas han optado por colocar los llamados “diablitos” a los medidores de energía de su hogares para que el cobró de esta no afecte demasiado a sus bolsillos, pero lo que muchos no saben es que este en un delito federal y que es un riesgo para la vida de las personas. En México es muy común que muchas personas utilicen estos diablitos en sus hogares para ahorrar un poco de dinero, pero cualquier forma que se utilice para alterar la lectura del consumo de energía o robar la luz desde el cableado público, es ilegal, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comenzado a tomar medidas para evitar este tipo de actos, entre las cuales se encuentra la vía legal. A conocimiento de lo anterior, la CFE a exhortado la población a no colocar diablitos en sus hogares, pues además de que es ilegal y que se puede llegar hasta la prisión, también trae graves consecuencias, pues estos objetos son hechos comúnmente con madera, cartón o laminas, materiales que son inflamables, por lo que una chispa o un corto circuito puede generar un incendio. Además, la empresa también ha hecho saber que estos aparatos pueden causar variaciones de voltaje, los que pueden llegar a dañar todos los aparatos eléctricos del hogar. ¿Qué acciones toma la CFE si descubre un diablito? Ya que el robo o alteración del medidor de luz es un delito, la CFE toma acciones en contra de las personas que sean sorprendidas con un diablito en sus hogares. Lo primero que la dependencia hará será cortar el suministro de energía, para después cobrar el consumo y tomar acciones legales en contra del titular. De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal Federal, quien altere o manipule los equipos por los que recibe el suministro eléctrico, el usuario deberá recibir las siguientes sanciones: -Enfrentar cargos de 3 a 10 años de prisión, dependiendo de la cantidad de energía que se haya consumido sin pagar a CFE. -Pagar mil días de salario mínimo, es decir, una multa exorbitante de más 200 mil pesos.