Tsuri Chávez / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Luego de la aprehensión de Wilfrido A.G., esposo de Juana, que sucedió el pasado 21 de marzo, la familia de la víctima no cuenta con la información sobre cómo se debe llevar el proceso legal, no cuentan con el número de carpeta, además de que no han tenido el acompañamiento de un traductor bilingüe purépecha-español que facilite a la familia de la finada la información necesaria para poder defenderse y poder acceder a un debido proceso de acceso a la justicia. Lo anterior se supo en una rueda de prensa en la que la familia de la finada exigió apoyo para poder obtener justicia por el asesinato de Juana Baltazar Felipe, donde estuvieron presentes los padres, la hija mayor junto con su actual esposo y una traductora para hacer patente la exigencia de la familia. Durante este breve evento, los ahí presentes se expresaron en su idioma materno, el purépecha, razón por la cual se hizo necesaria la participación de la traductora y es de esta forma se pudo saber la relatoría de los hechos, el sentir de la familia y la serie de faltas en las que han incurrido las autoridades municipales de Chilchota, así como de la Fiscalía de Zamora, donde se lleva este caso. Es importante mencionar que fue a través del acompañamiento de la asociación Humanas sin Violencia, que estas personas pudieron exponer su caso frente a medios de comunicación en Morelia. Lo que sucedió Previo a que sucediera el feminicidio en cuestión, Juana Baltazar Felipe había denunciado ante la autoridad municipal en 4 ocasiones el maltrato físico y violencia en general de la que era víctima por parte de su esposo, y de acuerdo a la relatoría de hechos que brindaron, existe un registro de esta situación en el DIF de Chilchota. Juana Baltazar murió a los 36 años de edad y su historia de abusos comenzó desde que contrajo matrimonio, a los 17 años de edad, con Wilfrido A.G., momento en el cual ella se mudó a casa de la familia de su esposo. De acuerdo con los testimonios de la hija mayor, Alma Miriam, quien estuvo presente en la rueda de prensa, desde que ella era pequeña recuerda haber visto las golpizas que su padre propinaba a su madre y cuando ella o sus dos hermanas menores intentaron alertar a alguien más, su padre comenzó a golpearlas a ellas también. Después de varios años de vivir esta situación de violencia, Juana manifestó su deseo de abandonar a su esposo, situación que dio en una de las ocasiones en las que denunció lo sucedido ante autoridades municipales, quienes conminaron a la finada a permanecer juntos bajo ciertos acuerdos. Ante esta situación se hizo hincapié por parte de los ahí presentes sobre el detalle de que la autoridad nunca tuvo respuesta positiva para el caso de Juana, y lejos de protegerla o brindarle apoyo legal para hacer valer su deseo de separarse, generaron “convenios para el matrimonio”. Finalmente, una semana antes de haber sido asesinada, Juana había tomado la decisión de dejar a su esposo y regresó a casa de sus padres; la mañana del 17 de marzo, Wilfrido fue a buscarla con un cuchillo. Juana estaba en una habitación son sus dos hijas y su cuñada, quienes también fueron sujetas a la agresión de este sujeto, que terminó por acuchillar y matar a Juana frente a sus familiares. A partir de este suceso, el 21 de marzo aprehendieron a Wilfrido, sin embargo, la familia ha tenido un sinfín de dificultades para un acceso completo y satisfactorio al sistema de justicia. Fallas del sistema Vale la pena mencionar que el único abogado al que pudieron pedir apoyo exigió un pago de 25 mil pesos solamente para informarles qué sucedía con el caso, situación que esta familia no pudo costear, dado que no cuentan con ese recurso. A esto se suma la falta de un traductor al purépecha para la familia, quienes son mayoritariamente monolingües de su lengua originaria. Tampoco se les brindó asesoría legal, ni apoyo de ninguna dependencia y no han sido contactados por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV). Actualmente la familia de Juana no tiene el número de carpeta o expediente, ni copia de ningún documento de la Primera Audiencia del proceso. Han sido citadas por el Ministerio Público de Zamora, pero no comprenden a cabalidad los términos ni las condiciones del proceso, aunque suponen que el caso está tipificado como feminicidio. La preocupación Dos cosas más fueron las que externaron los familiares de Juana Baltazar. Por un lado, temen que Wilfrido salga libre, ya que esto significaría que tendría la custodia de las dos menores ahora huérfanas de madre, una de 14 años y la otra de 7 años, quienes temen de sobremanera la posibilidad de sufrir el mismo destino que su madre. Eso se hace posible porque en el pasado, tras ser detenido fue liberado casi de inmediato tras pagar una fianza, “o por tener vínculos con personas de poder en la comunidad”, según refiere la misma familia, a lo que se suma la posibilidad de que la familia de Wilfrido venda la propiedad donde solían vivir las ahora huérfanas, situación que las dejaría en la indefensión y vulnerabilidad total. De ahí radica la importancia en su exigencia de que se haga justicia e el caso del asesinato de Juana Baltazar Felipe, para cual requieren asesoría legal de calidad, acompañamiento psicológico para las hijas y la familia en general, así como traductores al purépecha que faciliten el acceso a la justicia y a un debido proceso legal. La exigencia a las autoridades La solicitud puntual refiere: “Al gobernador, para que través de la Secretaría de la Mujer se les proporcione la atención integral como victimas secundarias de feminicidio. “A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, les proporcione un abogado hablante de purépecha y calificado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, apoyo para gastos de traslado para acudir a la Procuraduría General de Justicia de la Fiscalía Regional de Zamora, así como para los gastos funerarios y de atención psicológica. “A la Fiscalía Regional de Zamora, para que a la brevedad tenga reunión con la familia y se le explique el proceso y se le dé acceso a la carpeta de investigación, el número de la misma. “Al presidente Municipal de Chilchota se le exige que no sea el DIF quien atienda a las mujeres víctimas de violencia, sino que sea la instancia municipal de la mujer, que debe contar con personal calificado y capacitado para brindar la atención adecuada”.
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