Rogelio Arellano / La Voz de Michoacán Uruapan, Michoacán. Industriales de la masa y la tortilla esperan la intervención inmediata del gobierno del estado para impulsar medidas conjuntas que eviten el desabasto de maíz, así como su encarecimiento, entre otras medidas de amortiguamiento, ello para evitar aumentos progresivos de más de 21 pesos hasta superar los 30 pesos por kilógramo en 2022, medidas que se deben acompañar con acciones para erradicar el cobro de extorsiones en algunas regiones. “Desde luego que se trata de un interés supremo para nosotros, sin embargo, debe ser la administración estatal la que marque la pauta a través de diversas trincheras, como la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Finanzas y la de Desarrollo Rural, para lograr estabilizar los precios y solamente generar aquellos de acuerdo con el índice inflacionario, que este año será del 7 por ciento”, señaló José Ávila Dávila, presidente de Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado de Michoacán. La anarquía en los precios de la tortilla a nadie conviene, dijo el empresario, sobre todo por pegar directamente a la economía familiar, pero también a las finanzas de los industriales, ya que a mayor costo se reduce la producción ante una menor demanda, ello con daños colaterales como la necesidad de reducir la planta laboral de las aproximadamente 3 mil 500 tortillerías que operan en Michoacán, las cuales generan al menos 10 mil empleos directos, al margen de la participación, también laboral, de los inversionistas, añadió Ávila Dávila. Experiencias positivas ya se tienen en cuanto a trabajar de manera organizada con el gobierno. “En el sexenio pasado fue el propio gobernador Silvano Aureoles quien encabezó mesas de trabajo para estabilizar los precios durante 5 años al margen de los ajustes por inflación, pero por diversos motivos, principalmente financieros y las campañas electorales, las fórmulas diseñadas sobrevivieron sólo hasta finales de 2020 y se llegó a este 2021 con ausencia de las mismas, por ello la urgencia de que se retomen las pláticas con la nueva administración estatal”, dijo. Precisó que en el inició de la administración federal se establecieron precios de garantía del maíz de 6 mil 500 pesos por tonelada, los que se consideraron muy elevados pues la compra-venta promedio era de 4 mil 500, para finalmente llegar a este 2021 con precios de entre 6 mil 500 y 7 mil pesos. “Ahora lo que hace falta es la intervención del gobierno en calidad de mediador, es decir, que sea el aval para consolidar oferta y demanda”, indicó el entrevistado, tras precisar que en promedio anual el consumo de maíz en el estado es por arriba de las 120 mil toneladas. “El objetivo se reduce al realizar compras en volumen y por contratos de garantía para poder asegurar precios, lo que permite que los productores se comprometan a entregar tantas toneladas al igual que consumidores, y de esta forma, en el momento que una de las partes falle, la autoridad intervine para que se cumplan los contratos; o sea, adoptar la figura de regulador o generador para mejores condiciones del mercado”, sostuvo. Esta dinámica igualmente protege a los pequeños industriales que compran bajos volúmenes, no así los grandes industriales con capacidad de comprar grandes cantidades a precios de 8 pesos con 50 centavos el kilogramo, lo que, sin embargo, es abusivo. “Un industrial con capital fuerte es aquel que tiene entre dos, tres o cuatro tortillerías, pero son los menos en la entidad pues más del 80 por ciento son industriales con sólo un punto de venta”, abundó. Consumo de gas LP En cuanto a los precios del gas LP, principal fuente de energía para operar las tortillerías, la situación es menos agresiva, pues se trata de un sector que logra convenios con las distribuidoras a menores precios que al público en general. donde se enfrentan incrementos por arriba del 60 por ciento: sin embargo, para todos los consumidores no deja de ser un aspecto que pega a la economía. “Incluso en nuestra organización hemos desarrollado proyectos productivos, como el establecimiento de una distribuidora de gas para los tortilleros y abaratar costos”, comentó. “En realidad no somos los malos de la película, buscamos ser generadores de panoramas que eviten incrementos que a todos perjudican, sobre todo a los sectores más pobres, los cuales, ante incrementos que vayan más allá del aumento al salario mínimo o la inflación, se concentran en seguir consumiendo los mismos 20 pesos de tortillas habituales”. Seguridad pública Por si fuera poco el complicado entramado para estabilizar los precios en el 2022, existe otro grave problema, como la existencia de segmentos de la delincuencia organizada especializados en la extorsión o cobro de derecho de piso a algunos eslabones de las cadenas productivas en general. “Afortunadamente en Los Reyes, Tocumbo y Peribán, donde me desarrollo como industrial de la masa y la tortilla, no existe este fenómeno, a diferencia de otras regiones del estado”. Es necesario que se acote esta situación para evitar que sea generalizada contra los tortilleros. “Compartir las pocas ganancias con infractores de la ley a costa de amenazas de muerte o dañar los establecimientos, así como secuestros, solamente genera que se extinga la rentabilidad y se cierren negocios, por ello también la importancia de que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen en consecuencia en favor de este sector, el aguacatero y otros”.
La Voz de Michoacán
