Maricruz Ríos / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. La suma de la crisis económica en ciernes y futura recesión podrían arrojar un importante retroceso en cuanto al combate a la pobreza laboral. Estudios del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) señalan que la entidad podría perder hasta 6 puntos en este indicador para el cierre de este año, para crecer de un 36 por ciento a un 42 por ciento de la población. El impacto sería muy profundo, se necesita una decidida intervención de apoyos de la Federación para complementar los programas y subsidios ya generados desde el gobierno estatal, alerta Heliodoro Gil Corona, investigador nicolaita y coordinador de Proyectos Estratégicos del CEEM- El capital del Gobierno de Michoacán no basta, tampoco los apoyos de la iniciativa privada. Para resistir y resarcir el daño económico producto de la pandemia se requería un capital cercano a los 50 mil millones de pesos, es decir, una cifra muy cercana a la totalidad del presupuesto estatal de un año contando las participaciones federales. El problema no sería menor si no se atiende y si no empieza a atender ya. Tomando en cuenta las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), esto representaría regresar a los niveles de pobreza que se tenía entre 2012 y 2015, y perder los ya de por sí magros avances logrados durante el último sexenio en este tenor. El Coneval define la pobreza laboral como el sector de la población cuyo ingreso mensual es inferior al costo de la canasta alimentaria, lo que se refleja en problemas para mantener vidas dignas, pues la pobreza alimentaria y laboral suelen venir acompañadas de otras carencias. Heliodoro Gil reconoce los esfuerzos de la administración silvanista, sin embargo, el costo económico del plan alimentario será considerable y el impacto social, aunque positivo a corto plazo, vislumbra que podría ser insuficiente. Según el CEEM el ambicioso proyecto estatal que acompaña a la estrategia de aislamiento obligatorio por el nuevo coronavirus podría alcanzar los mil 375 millones de pesos en costo para las arcas de la entidad, pero difícilmente podrá contener del todo una “regresión” a niveles de pobreza preocupantes en la entidad si no se refuerza con medidas desde la Federación. El analista elogió la intención y las acciones de la administración encabezada por Silvano Aureoles Conejo, pero no dejó de subrayar que “es evidente que los recursos públicos para atender la crisis económica son escasos y los riesgos de deterioro social son altos”, respecto a los apoyos que plantea el gobierno no sólo a sectores vulnerables con canastas alimentarias, sino a las micros, pequeñas y medianas empresas, a las cuales les subsidiará el Impuesto Sobre la Nómina hasta el mes de julio. Pese a ello, la fase de levantar la economía y de incentivar el consumo interno va a necesitar mucho más que eso. 1.375 mdpInvertiría gobierno estatal en apoyos alimentarios 1.366 mdp Absorberá hacienda estatal en incentivos fiscales 1.1% PIBE se empleará para mitigar impacto económico de corto plazo 4.090 mdpEmpréstito que solicitó el Gobierno de Michoacán 1.349 mdp Le quedarían si redirige recurso a esquemas económicos 50 mil mdp Necesitaría estado para resarcir la economía tras pandemia Federación, ausente Aunque gobiernos estatales y locales se han pronunciado a favor de aplazar el pago de impuestos o condonar un porcentaje de los mismos ante la crisis económica producto del COVID-19, la Federación en México ha reiterado en muchas ocasiones que no aplicaría ninguna de estas medidas, porque de hacerlo, esto sólo significaría estar de acuerdo en una reducción en su recaudación anual. El apoyo es urgente, en términos no sólo de compararlo con lo que hacen en otras naciones, sino porque los incentivos estatales generarán mermas importantes en sus ingresos y presupuestos muy corto plazo. Las medidas de contención apoyadas en Michoacán mediante estímulos fiscales, además de cortas representarán una erogación de millones de pesos, y con apoyos crediticios para las empresas locales soportados en más deuda bancaria estatal, en un contexto de crisis económica de lenta recuperación. Para Heliodoro Gil Corona esta postura cerrada del Gobierno de la República choca con las necesidades de una sociedad que busca la mano del Estado para intervenir de manera que no se colapsen las economías familiares y empresariales y, con ello, la misma economía nacional. Para el especialista en finanzas públicas, “fueron los gobiernos estatales los más expeditos en tomar acciones a su alcance para atenuar los daños económicos de la pandemia, ante la “tibia y vacilante respuesta económica” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Entiendo que en el fondo hay una respuesta política por parte del gobierno federal: evitar a toda costa que los grupos de poder de siempre, tanto en la economía real como los que participan en los mercados especulativos, de nueva cuenta sean los favorecidos”. “En los espacios estatales, Michoacán se suma a otras entidades federativas del país que respondieron con medidas emergentes de contención para atenuar los efectos económicos que está dejando a su paso el coronavirus”, señala Heliodoro Gil. Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Estado de México, Sonora y la Ciudad de México, todos de diversas filiaciones partidistas han anunciado medidas profundas de apoyo; en el caso de Michoacán destacan la suspensión del Impuesto sobre la Nómina y sobre el Hospedaje, además de una fuerte suma para financiamiento a negocios que así lo requieran y la prórroga de todos los créditos ya solicitados mediante la banca de desarrollo Sí Financia. Destaca el economista nicolaita que las acciones tomadas por los estados son soportadas financieramente con recursos propios, “que además de escasos podrían resultar insuficientes en muchas entidades”. En el caso de Michoacán, la administración silvanista busca, ante todo, “evitar mayor desocupación; impedir pérdida de ingresos de las familias; evitar parálisis de la planta productiva y el cierre de micros y pequeñas empresas”. En este sentido, Gil Corona señaló que estas medidas son, sin duda, una decisión apropiada del gobierno de Michoacán. Por ello, ante lo limitado de los apoyos, se necesita blindar su correcta instrumentación, “formulando un diagnóstico exacto para conocer las devastaciones de la pandemia en el tejido productivo estatal”. Desglose de los apoyos a la IP En materia fiscal, dice el economista, “los incentivos descansan en una débil estructura de impuestos actuales cuyos mayores beneficios son las actividades vinculadas al turismo con temporalidad de corto plazo”. En lo concerniente al denominado Impuesto sobre la Nómina (ISN), el subsidio será de tres meses (marzo, abril y mayo) y únicamente en giros como restaurantes, hoteles, balnearios y agencias de viajes de tamaño micro y pequeño. El apoyo es apenas modesto. En 2020 el total de la recaudación efectiva por el ISN (tasa de 3.0 por ciento) rondará los mil 100 millones de pesos, de donde se desprende que el monto a considerar para el subsidio planteado asciende a 275 millones de pesos. El sector beneficiado representa aproximadamente el 5 por ciento del monto total de este impuesto, por lo que el subsidio temporal constituirá para las finanzas estatales una merma por el orden de 14 millones de pesos. Cabe advertir, que en el programa de estímulos no se consideraron el comercio al menudeo y mayoreo, cuya participación al Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) es de 24.6 por ciento. “Apoyar a este sector con subsidio temporal del ISN representaría un monto para la hacienda estatal de 68 millones de pesos”. En lo que se refiere al subsidio del Impuesto sobre Hospedaje (ISH), el apoyo es limitado para hoteles, moteles, posadas, mesones, hosterías, campamentos, villas, cabañas, búngalos, casa de huéspedes y haciendas. La recaudación efectiva por el ISH (tasa de 3.0 por ciento) se estima de 15 millones de pesos en lo que va del año, de forma que el subsidio a los prestadores de servicios de alojamiento por cuatro meses (marzo, abril, mayo y junio) significará un incentivo directo a costa del erario estatal por unos 5 millones de pesos. El otro aliciente por condonación corresponde a los ingresos generados por el pago de multas y recargos tocantes a los impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, enajenación de vehículos de motor usados y extracción de materiales de personas físicas y morales de tamaño económico micro y pequeño. Además, se incluyeron en la condonación de los conceptos señalados a los derechos vinculados al trámite vehicular, específicamente por expedición de placas, holograma y renovación de concesiones de servicio público, por un lapso de ocho meses contados a partir del mes de abril. No quedaron contempladas en las condonaciones las actualizaciones y los gastos administrativos de ejecución. “Las dispensas por estos conceptos constituirán un detrimento a las finanzas locales de apenas 8 millones de pesos”, apunta Heliodoro Gil Corona. También, los trabajadores formales e informales requerirán de apoyos directos y diferenciados para hacer frente a la pérdida de ingresos, además de intervenciones para subsidiar en parte el valor actual de la canasta básica para acercarla en mejores condiciones económicas a las familias pobres de Michoacán, entre otras medidas. “Un dato indispensable para dimensionar la precariedad del mercado laboral estatal: el 70 por ciento de la población ocupada estatal labora en la informalidad; es decir, un millón 410 mil michoacanos, en donde el trabajo es incierto, con exceso de horas-trabajo, reciben raquíticos salarios y no disponen de seguridad social”, asevera el especialista. Finalmente, está la creación de un fondo de mil millones de pesos para otorgar créditos de 6 mil, 50 mil y hasta 250 mil pesos, con periodos de gracia, sin intereses o simbólicos para beneficiar hasta a 10 mil Mipymes. “Entiendo, que dicho recurso proviene del monto de la deuda directa autorizada de 4 mil 090 millones de pesos en procesos de contratación bancaria, lo que también implicará modificar los proyectos bajo los que se aprobó el empréstito”, avizora Gil Corona. Plan alimentario, ambicioso, pero insuficiente El especialista aplaudió el embate que ha tenido el gobierno estatal para intentar aminorar el impacto de la recesión económica en Michoacán, pero sin el acompañamiento de esquemas federales que profundicen en los apoyos, “el escenario que se espera es el colapso del empleo formal e informal, y el repunte de la pobreza laboral en Michoacán a niveles de hasta un 42 por ciento”. De acuerdo con la voz del experto de la Universidad Michoacana, “lo fuerte de la recesión económica todavía está por venir en la entidad”. El desplome de las principales variables sucederá, afirma, “desde la caída profunda de las actividades económicas y el empleo formal, hasta el colapso de fuentes de ingreso externas como las remesas familiares, las exportaciones y la inversión extranjera directa”. Sobre el plan en Michoacán, Heliodoro Gil aseveró que “el costo económico del plan alimentario es muy alto”. El economista detalló que el quantum de beneficiarios se estima de un millón 146 mil michoacanos, “los cuales, a mi juicio, deberán recibir mil 200 pesos mensuales cada uno para lograr adquirir la canasta alimentaria y cuyo costo total asciende a mil 375 millones de pesos, que será sufragado por la hacienda pública estatal”. Según el especialista financiero, con las primeras medidas de mitigación y las tomadas con el plan alimentario el Gobierno de Michoacán estará destinando alrededor 2 mil 741 millones de pesos para intentar frenar la recesión económica producto de la pandemia de COVID-19, que ha obligado a frenar la mayoría de actividades productivas. Entonces, los apoyos para aminorar los efectos económicos perniciosos del coronavirus representan el 1.1 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE). El plan alimentario que acompaña a la medida de confinamiento obligatorio, delinea el espectro de beneficiarios a los que se garantizará comida durante la etapa de cuarentena: enfermos por COVID-19, grupos vulnerables (mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores en desamparo, personas con enfermedades crónicas y discapacitados) y personas que perdieron sus ingresos en medio de la epidemia. “Sigo insistiendo, que el respaldo financiero de las medidas económicas asumidas es el monto de deuda directa bancaria autorizada al gobierno estatal por 4 mil 090 millones de pesos”, comentó Heliodoro Gil Corona, quien señala que restando los apoyos comprometidos (incentivos fiscales y apoyo alimentario) sólo quedarían mil 349 millones de pesos para hacer frente a la difícil fase de recuperación económica”, que es la etapa que seguirá cuando las actividades económicas comience a reactivarse –o intentar hacerlo- poco a poco. No obstante, reconoce que a pesar de la fuerte carga que implica al presupuesto estatal cuando no se tiene apoyo de otras instancias, “el ángulo positivo de la inversión en el plan alimentario es evitar mayores estragos en el tejido social de la entidad, sobre todo porque atempera el probable ascenso de la pobreza y la pobreza extrema que puede llevarnos a registros inéditos en Michoacán”. 2009, el termómetro de la crisis por venir La noción de los daños económicos en este momento es impredecible, sin embargo, es ineludible construir un probable escenario con base en la experiencia reciente. En este sentido, Heliodoro Gil señala que la crisis de 2009 es una buena referencia para saber lo que nos espera en este año. En aquel año el PIBE se desplomó en 5.3 por ciento, el empleo formal disminuyó 15.5 por ciento, las exportaciones industriales bajaron 26.7 por ciento, la inversión extranjera directa descendió 16.4 por ciento y las remesas familiares cayeron en 13 por ciento. Se estima que la pérdida económica por esta crisis ascendió en alrededor de 30 mil millones de pesos. Con Estados Unidos también colapsado económicamente (lo mismo que el resto de capitales de relevancias), conceptos como inversión extranjera y remesas podrían descender aún más este año ante el tipo de contingencia que significa el COVID-19. A esto se suma la tendencia negativa que trae la economía estatal desde 2017 y la lucha electoral del próximo año con miras a renovar la gubernatura, las diputaciones federales y locales, así como las presidencias municipales. “En las tareas por venir es clave tener la mayor precisión posible acerca de los daños económicos y sociales, a efecto de responder con claridad el camino de la recuperación estatal”, argumenta Heliodoro Gil Corona. Por ello, destaca que hay tres razones que pueden atascar una rápida recuperación económica en la entidad: una, tiene que ver con los escollos estructurales que padece el estado, otra se refiere a la crisis financiera surgida desde 2011 y finalmente, la que toca a la pérdida de ahorro-inversión de la administración local. “Será complicado rumbo al camino de la recuperación económica. Si partimos de considerar una crisis similar a la de 2009, se requerirán en Michoacán recursos públicos y privados de aproximadamente 50 mil millones de pesos para su resarcimiento y regeneración socioeconómica, recursos que, por cierto, no se tienen”.
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