Maricruz Rios / La Voz de Michoacán Morelia, Michoacán. Durante agosto se crearon en Michoacán casi 6 mil plazas formales, que además de significar una recuperación tras cuatro meses de números rojos representa la cifra más alta desde octubre de 2019 y un incremento importante de lugares regularizados en sector agrícola. El informe presentado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), con cifras de afiliados al Instituto Mexicano al Seguro Social (IMSS), detalla que en Michoacán existen actualmente 465 mil 298 empleos dados debidamente de alta, al lograrse el pasado mes la creación de 5 mil 947 plazas. De este universo, 2 mil 646 pertenecen al rubro de contrato de trabajo permanente, mientras que 2 mil 827 corresponden a nuevas plazas eventuales dentro del campo, es decir, el 47.5 de los nuevos puestos se ubica en el sector agrícola. Sobre esto último es de resaltar que la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la Dirección del Trabajo a nivel estatal han estado impulsando un esquema de concientización en las empresas del ramo para regularizar la situación laboral de sus jornaleros. Con esto, se queda en 3 mil 500 puestos de trabajo el balance de plazas creadas durante el 2022, si bien se está muy lejos de la meta anual del Gobierno del Estado de ayudar para facilitar 20 mil nuevos empleos, de acuerdo en el Plan de Desarrollo Integral de Michoacán (Pladiem). Van por jornaleros agrícolas Al respecto, Rubén Medina González, encargado de despacho de la Sedeco, manifestó mediante un comunicado que “se reconoce el esfuerzo de las y los empresarios para conservar y generar nuevos empleos”. El funcionario ha adelantado que el objetivo es, antes de que termine el sexenio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, regularizar al menos a 120 mil jornaleros del ramo aguacatero y medio millón más entre todos los diversos cultivos en Michoacán. “Se está en diálogo permanente con los dos gremios importantes del sector aguacatero, que es en donde comenzó la prueba”, manifestó, refiriéndose tanto a la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) como a la agrupación de cortadores. “Están con la abierta posibilidad de regularizar a sus trabajadores, ya hay quienes han comenzado con toda la tramitología administrativa para estar en cumplimiento”, agregó. El secretario de Desarrollo Económico ha referido que para fin de 2022 la expectativa es tener entre 5 mil y 6 mil plazas temporales del campo dadas de alta ante el IMSS, con miras de ir trabajando con el resto durante el próximo año. ‘Urge revertir informalidad’ Sobre este orden de ideas, Heliodoro Gil Corona, coordinador de Proyectos Estratégicos del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán (CEEM) e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha advertido que urge detener la precarización laboral en la entidad y el camino para ello es integrar a la mayoría de trabajadores dentro del esquema formal, donde además de mejores sueldos en promedio se cuenta con las prestaciones de ley. “El trabajo informal es uno de los retos estructurales que se deben revertir para resolver la precariedad laboral en el país”, ha apuntado el analista, quien especificó que “en el caso de Michoacán los retos para superar la precariedad del mercado de trabajo son mayúsculos y pasan por lograr transformaciones en el aparato productivo en los sectores vinculados a las actividades del campo, el comercio y las manufactureras, en donde se acentúa el trabajo informal”. Alertó el analista del CEEM que actualmente la media en el estado es que 7 de cada 10 empleados se desempeña en la economía informal, un 66 por ciento para ser exacto; “el gobierno del estado debe tener la meta de baja la Tasa de Informalidad Laboral a un 40 por ciento o menos durante el sexenio”, ha atajado. En la postura del académico nicolaita, la informalidad laboral se ha convertido en principal boquete del mercado de trabajo estatal en las últimas dos décadas, ya que no forma parte de las fuentes de ingresos locales de la hacienda pública estatal y es causa de la carencia de prerrogativas de los trabajadores en materia de seguridad social, como lo son atención médica, crédito para vivienda, fondo para el retiro, aguinaldo, entre otras.
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